Uno de los dos quería asumir los hechos y aceptar el acuerdo con la Fiscalía, que suponía una rebaja en la petición inicial de pena. El otro no quería aceptar el acuerdo y defender su inocencia. Pero aceptar el acuerdo suponía aceptar los hechos y, por tanto, la culpabilidad de ambos. Al final se impuso el acuerdo. Dos años y medio de cárcel para dos personas de nacionalidad senegalesa que ya han cumplido parte de la condena en prisión provisional. ¿Su delito? El que se define en el artículo 318 bis del Código Penal, que hace referencia a los delitos cometidos por y contra ciudadanos extranjeros.

Su abogada, Loueila Mint, intentó hace unas semanas durante tres horas explicarles la situación en los Juzgados de Arrecife. El procedimiento venía derivado de un Juzgado de Puerto del Rosario y la letrada consideraba que existían posibilidades de lograr la anulación de las pruebas. “Pero al final eligen lo que menos les duele y es triste que sea así”, dice. “Normalmente, la Fiscalía y el tribunal saben que son unos pobres diablos, pero así es el sistema”, añade.

La historia de estos dos senegaleses es la historia de muchos jóvenes que llegan hasta las costas canarias y acaban en la cárcel, primero acusados de forma provisional y después condenados, porque se les identifica como los patrones de la patera en la que viajaban. Y hay operadores jurídicos y asociaciones que consideran que no siempre es así.

El procedimiento no es muy garantista. Habitualmente, la única prueba de cargo es el testimonio del resto de los ocupantes. “Basta con que haya dos que señalen a otro o a otros para que se les considere los patrones y a veces con esa sola prueba ya son condenados”, señala esta abogada especializada en Extranjería, que asegura que “la Fiscalía y la Policía funcionan con estadísticas y buscan patrones en todas las pateras”.

Esa prueba suele ser preconstituida, y en la vista oral se reproduce la grabación porque cuando llega ese momento, los testigos, o han sido devueltos a su país o han puesto rumbo a su futuro en algún punto de Canarias, de la Península o de Europa.

A esa prueba se llega después de las diligencias que realiza la Unidad de Extranjería intentado averiguar quién es el patrón o patrones. En el caso anterior, en la grabación en Puerto del Rosario se escucha al intérprete que le dice al juez que no se entiende bien con los acusados, que hablan bámbara y muy poco francés, y el magistrado dice: “Cójales lo que pueda”. “Esa prueba debería ser nula de oficio pero nadie hace nada”, dice Loueila Mint.

Cuando llegan muchas pateras en un solo día, apenas hay tiempo para los atestados. A los que viajan en la patera se les enseña una foto y a veces no hay rueda de reconocimiento, o se pregunta tan solo a tres o cuatro personas, de una patera de más de 30. Según el Código Penal, que haya lucro o no, no es relevante aunque sería importante demostrarlo para ver si se puede aplicar la eximente de estado de necesidad. El margen de la Fiscalía es de cuatro a ocho años de prisión por ese delito, con agravante cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: pertenecer a una organización o cuando se pone en peligro la vida de las personas, que se suele aplicar si hay fallecidos.

Los testigos que señalan a los patrones normalmente son considerados como testigos protegidos. Dice esta abogada que, en ocasiones, se les hacen promesas, aunque sean poco efectivas. Y hay otro elemento a tener en cuenta: “Si no señalas a nadie corres el riesgo de que te señalen a ti”, asegura.

De hecho, en ocasiones hay personas acusadas de ser los patrones que dicen que los que les acusan son los patrones. Así lo señala Nora Ferrer, abogada que colabora en prisión con la asociación Derecho y Justicia. “En la cárcel de Tahíche hay un caso de una persona que asegura que es el patrón, pero que la otra persona que condenaron como patrón de esa patera, no tiene nada que ver”.

Pero no es lo habitual. Ferrer señala que muchos dicen que los que les acusaron eran los que traían el barco o que a los patrones, en muchos casos, les recoge una zódiac antes de llegar. No siempre hay condena. De hecho, cuando la defensa aporta otras pruebas, se puede llegar a la absolución.

En una sentencia de febrero de 2021, la Audiencia Provincial de Las Palmas absuelve al acusado, al que le pedían 14 años de cárcel porque en la patera falleció una persona y porque transportaban varios fardos de hachís. Había tres testigos protegidos que señalaron a esa persona. La sentencia dice que la única prueba de cargo es la declaración de los tres testigos y que hay que valorar “con especial prudencia y cautela a fin de descartar una motivación consistente en la obtención de los beneficios derivados de la delación”.

No consta que se hiciera una ronda de entrevistas a más ocupantes para contrastar dichas manifestaciones, dice el fallo y añade que los testimonios “se han limitado a señalar detalles muy en sintonía con el modo habitual de organización de estas expediciones”, así como que hay contradicciones entre sus testimonios y la declaración que los mismos prestaron en sede policial.

La defensa aportó como testigos a cuatro menores que estaban en el albergue de La Santa, que aseguraron que al patrón se lo llevó una zódiac. Y uno de ellos dijo que esos testigos se pusieron de acuerdo para acusarle “a pesar de que no tenía problemas con ellos, señalando que probablemente sean amigos del patrón”.

Los tribunales, por otra parte, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, las condiciones del culpable y la finalidad perseguida por éste, pueden imponer la pena inferior en un grado a la señalada. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aplica el subtipo atenuado porque considera que el acusado era uno más de los inmigrantes y que su propósito era el de quedarse en el país, y que aunque llevaba la dirección y pilotaje de la barca “compartió con el resto las vicisitudes y penalidades del viaje”.

Fuentes de la Asociación Pro Derechos Humanos de Lanzarote (APDH) dicen que es difícil conseguir la información exacta, pero que no todos los casos son iguales ya que, en el caso de los subsaharianos, “no suele estar el patrón” y quien lleva el timón es alguien que paga menos o no paga, pero que no pertenece a la organización. “Lo dicen ellos mismos”. También corroboran que muchos cuentan que a los patrones les recoge una zódiac. “Los que son de la organización se las saben todas y están aleccionados para señalar a otro”. En una patera, en una ocasión, todos señalaban a una persona que tenía una discapacidad intelectual y que estaba claro que no podía ser el patrón.

Estar en prisión es peor que estar en su país, porque no pueden ayudar a sus familias

Sonia Moreno, periodista especializada en el Magreb, que recibió el Premio nacional de periodismo Juan Andrés por un reportaje sobre la mafia de la inmigración en Tánger, dice en primer lugar que las mafias que antes estaban en Tánger ahora están en el Sáhara y que todas las redes criminales tienen una estructura muy bien organizada.

“Cada uno tiene su papel, están los pasadores, los que les meten en habitaciones, otros pagan a la Policía, otros les llevan en camión a la playa, pero los que llegan en patera no suelen ser parte de la mafia”, explica. “En las barcas no van los mafiosos, sino que muchas veces es gente que paga menos por el viaje”.

Una sentencia reciente de la sección primera de la Audiencia de Las Palmas viene a reconocer este hecho, al menos en este caso. Condena a un mauritano a once años de cárcel por fletar un cayuco en el que perecieron cuatro personas, pero no venía en la embarcación, sino que le localizaron y consiguieron la extradición gracias al móvil del menor al que habían puesto al frente del cayuco, como patrón. “El volcado de la información que guardaba en su teléfono resultó clave para descubrir que al chico lo dirigían desde Mauritania”, señala la sentencia.

Loueila Mint dice que “todos quieren cerrar el caso cuanto antes”, policías, abogados o tribunales. Una vez que los acusados entran en prisión provisional, ya hay poco que hacer. Cuando llega la vista oral, después de un año en la cárcel, si les ofrecen un acuerdo, en unos meses ya están en tercer grado y lo acaban aceptando porque lo que quieren es salir cuanto antes. Señala Nora Ferrer que muchos dicen que estar en prisión es mucho peor que estar en su país, porque desde prisión no pueden ayudar a su familia.