Ninguno de los acusados por el caso ‘Baku’, entre ellos tres exalcaldes de La Oliva, han querido responder esta mañana a las preguntas del Ministerio Fiscal y del abogado que representa la acusación Alternativa Democrática por Fuerteventura en la primera de las sesiones del juicio que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebra estos días en los nuevos juzgados de Puerto del Rosario, en el barrio de Majada Marcial.

Un total de veinte acusados, entre ellos el exalcalde de La Oliva Domingo González Arroyo y 13 exediles que votaron a favor del proyecto, han declarado ante el presidente de la sala, Emilio Moya. Todos ellos están acusados de un delito de prevaricación y otro de fraude y exacciones ilegales después de que en noviembre de 2002 aprobaran en sesión plenaria el proyecto para llevar a cabo un parque acuático y un centro de ocio en la parcela Corralejo Playa.

La supuesta irregularidad viene motivada porque en esa parcela las Normas Subsidiarias de La Oliva, redactadas en 1990, contemplaban ese suelo como zona de equipamiento y sistema de espacios libres y, por tanto. no se permitían edificaciones en este último tipo de suelo.

Sin embargo, el pleno aprobó el pliego de cláusulas administrativas para llevar a cabo el concurso de adjudicación para la construcción y explotación del parque. Finalmente, solo se presentó la empresa Joca a la que se le terminó adjudicando en 2003 el proyecto.

El Ministerio Fiscal considera que ha habido un delito de prevaricación y otro de fraude y exacciones ilegales por lo que pide para González Arroyo y los 13 exediles nueve años de inhabilitación para cargo público y tres de cárcel. Por su parte, para el arquitecto técnico Jerónimo Soto la pena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público relacionado con la función de arquitecto o arquitecto técnico durante nueve años.

Uno de los primeros en declarar este martes por la mañana fue González Arroyo que, al igual que el resto de los acusados, solo respondió a las preguntas de su abogado. El conocido como ‘Marqués de Las Dunas’ recordó que, después de 24 años gobernando en el Ayuntamiento de La Oliva, este fue el único tema aprobado por unanimidad. Asimismo, insistió en que actuó acorde a los informes favorables realizados por el catedrático en Derecho Tomás Fernández y el arquitecto técnico Jerónimo Soto.

En su declaración, González Arroyo, que en esos momentos era alcalde bajo el paraguas de las siglas del PP, aseguró que ningún técnico, ni los miembros de la oposición, ni el secretario municipal le advirtieron de posibles irregularidades en los informes.

A lo largo de la mañana fueron desfilando ante los miembros de la sala los exediles, la interventora accidental del Ayuntamiento, Rita Darias, que participó en la Mesa de Contratación, y el arquitecto técnico, Jerónimo Soto. Todos se negaron a responder a las preguntas de la acusación, representada por el fiscal José Antonio Blanco y el abogado de Alternativa Democrática por Fuerteventura.

El arquitecto técnico Jerónimo Soto explicó al juez que su relación con el Ayuntamiento se limitaba a “pasar la factura por encargos puntuales” y dejó claro que, en ningún momento, fue funcionario de la Corporación. Asimismo, manifestó que el pliego se podía ejecutar “sin ningún tipo de problemas dentro de la parcela”.

Se escudan en informes

Todos los acusados coincidieron en que su decisión de votar a favor del pliego del proyecto estaba respaldada por los informes favorables jurídicos y del arquitecto técnico. Algunos de los exconcejales también dejaron claro, a preguntas de su abogado, no tener conocimientos en derecho.

Felipe Miranda era concejal en la oposición bajo las siglas del PSOE en el momento en el que aprobó el pliego. Este martes aseguró ante la Audiencia que su apoyo al proyecto estaba marcado porque “era bueno para el municipio y suponía dar un uso a una parcela convertida en un auténtico vertedero”.

La acusación popular extiende la acusación a los concejales que participaron en la Junta de Gobierno de 2003, entre ellos la exalcaldesa y actual directora de Igualdad del Gobierno canario, Claudina Morales (CC), la también exalcaldesa Rosa Fernández (PSOE) y los antiguos ediles Guillermo Morera, Felipe Miranda y Miguel Ángel Vera por aprobar la ejecución del proyecto. Sin embargo, la Fiscalía no les acusa porque no considera probado este hecho.

Claudina Morales, alcaldesa de La Oliva tras las elecciones de mayo de 2003 por CC, señaló que su votación a favor respondía a los informes favorables del arquitecto y los jurídicos. Por su parte, Rosa Fernández se defendió insistiendo en que “si hubiera habido alguna duda o suscitado cierto reparo por parte de los técnicos nos lo hubiéramos pensado”.

Concesión por 50 años

El contrato se firmó por 17 millones de euros y una concesión de 47 años, y por la que el contratista debía pagar un canon anual al Ayuntamiento de 36.000 euros. Además, la Fiscalía apunta que el Consistorio eximió del pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y de tasas por licencias municipales, lo que hizo que el Ayuntamiento dejara de ingresar 373.802 euros por tasa y 178.425 euros por ICIO.

La Fiscalía considera que los acusados, entre noviembre de 2002 y marzo de 2003, habrían acordado “la ejecución de una serie de actos administrativos totalmente incompatibles con el ordenamiento jurídico”.