Las instituciones de Fuerteventura tienen una deuda con el patrimonio histórico de la Isla, que siguen sin saldar. La Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, que entró en vigor el 13 de junio de 2019, da un plazo de tres años a los ayuntamientos, para la elaboración y aprobación de los catálogos municipales. En junio de 2022 todos los municipios de la Isla deberían tener aprobado su catálogo, adaptado a la nueva legislación canaria. Sin embargo, ninguno de los consistorios majoreros cumplirá con esa exigencia legal.

Tres años después, esos instrumentos para proteger las muestras de valor de la arquitectura, la arqueología o la etnografía siguen sin salir. Los ayuntamientos majoreros han sido incapaces de sacar adelante sus catálogos y, donde más se percibe, es en los elementos arquitectónicos, los visiblemente más desprotegidos. Salvo aquellos edificios que se encuentran catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC), la máxima categoría de protección que posibilita una comunidad autónoma, el resto se encuentran sin protección.

Hace unas semanas, la torre de El Tostón, una antigua edificación de carácter defensivo del siglo XVIII ubicada en El Cotillo, amaneció cubierta con unas pintadas. Los mensajes de condena por parte de las autoridades no tardaron en aparecer y un sentimiento unánime de defensa del patrimonio inundó las redes sociales. La construcción está declarada Bien de Interés Cultural. Edificaciones de esa misma época y de siglos anteriores, repartidas por toda la geografía, siguen sin ningún tipo de protección. Sobre algunas, incluso, planea el fantasma de la piqueta.

La mayoría de los consistorios ha venido haciendo oídos sordos, durante años, a las recomendaciones del Cabildo de Fuerteventura y del Gobierno de Canarias para sacar adelante los catálogos, a pesar de que ya la antigua Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, de 1999, exigía su elaboración. La Ley del Suelo de 2017 también recoge la obligación de los ayuntamientos de “aprobar y mantener actualizado el catálogo de protección”, y la Ley de Patrimonio Cultural fijó en una de sus disposiciones transitorias el plazo máximo, que vence en junio. La institución insular se comprometió a ayudar a los ayuntamientos y ha destinado partidas económicas para que los consistorios contraten la redacción de los inventarios, que deben incluir los inmuebles históricos.

Un recorrido por los seis municipios majoreros dibuja una estampa desigual respecto a la elaboración de sus catálogos arquitectónicos municipales. En el caso de La Oliva, se encuentra en proceso de adjudicación después de haber sacado a licitación su elaboración por un importe de 117.000 euros. El Ayuntamiento norteño contó con un catálogo arquitectónico que llegó a tener una aprobación inicial. Un informe de la antigua Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), de febrero de 2009, echó para atrás el documento argumentando que La Oliva aún no tenía aprobado su Plan General.

En el caso de Pájara, el catálogo se está haciendo como instrumento complementario al Plan General de Ordenación (PGO), contratado al urbanista Jorge Coderch, y ya hay un amplio borrador en los documentos preliminares del futuro planeamiento. En breve, se espera que esa parte del PGO salga a exposición pública.

Tal vez sea Antigua el ayuntamiento majorero que tenga su catálogo arquitectónico más avanzado. Su concejal de Obras, Juan Cabrera, explica que el documento “está terminado a la espera de la aprobación inicial”. Por su parte, la empresa adjudicataria del catálogo de Betancuria confía en poder entregar el borrador al Consistorio este mes de mayo. Tuineje encargó su elaboración, pero existe un informe desfavorable de la Oficina Técnica.

Edificaciones del casco antiguo de Puerto del Rosario.

Puerto del Rosario

Mención aparte merece el municipio de Puerto del Rosario. La aprobación de su catálogo no tiene fecha y ni los más optimistas creen que el documento pueda salir adelante a corto plazo. Su ausencia es una anomalía y, de hecho, debería haberse tramitado con el Plan General que entró en vigor en el pasado mandato.

En 2019, el anterior grupo de gobierno (CC y PSOE) encargó a la empresa Cabrera-Febles Arquitectura, Paisaje y Urbanismo, por 54.526 euros, la redacción del catálogo arquitectónico como instrumento para proteger las edificaciones de valor histórico y patrimonial del municipio. Tres años después, el documento no ha pasado de ser un simple borrador.

Mientras tanto, la piqueta ha ido haciendo desaparecer los vestigios del antiguo Puerto Cabras. En agosto de 2018, derribaban la pensión Zamora, una vivienda de la calle Eustaquio Gopar que sirvió como fonda a principios del siglo XX.

La demolición contaba con licencia de la Concejalía de Urbanismo y un informe de Patrimonio Histórico del Cabildo, cuyo responsable en aquel momento era el actual alcalde, Juan Jiménez, que desaconsejaba su derribo por ser “un edificio singular, reflejo de la antigua trama urbana de Puerto del Rosario y testigo de la tipología arquitectónica que presentaba la ciudad”.

Las recomendaciones del Cabildo no sirvieron para parar las intenciones del propietario del terreno. Cuatro años después, ni siquiera se ha construido en la zona. En el solar aún se aprecian restos de la vivienda, una imagen que recuerda más a un escenario bélico en el que acaban de caer misiles que el propio de una ciudad que busca un hueco como destino turístico de cruceros.

En 2019, la piqueta volvió a sacudir los cimientos de Puerto Cabras. La víctima, esta vez, fue el antiguo cuartel de la Guardia Civil, una edificación del siglo XIX ubicada en la calle García Hernández sobre cuya parcela, de nuevo, no se ha movido ni una piedra.

“El catálogo no va a salir este mandato”, reconoce el concejal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Eduardo Tarquis. La empresa adjudicataria del contrato llegó a entregar al Consistorio un inventario con más de 4.000 fichas de elementos a proteger en el municipio.

Sin embargo, el borrador se tuvo que guardar en una gaveta tras la aprobación de la Ley de Patrimonio Cultural de 2019. La nueva normativa establece que cada ficha del inventario debe incluir planos de planta y alzado. La modificación del estudio elaborado para el municipio capitalino supondría un incremento del 50 por ciento del presupuesto del contrato, un sobrecoste que no contempla el pliego de contratación.

En estos momentos, explica el concejal, el expediente “está en Contratación, para buscar una solución y ver si se puede rescindir el contrato con la empresa y sacar una nueva licitación para adaptar el catálogo a la nueva ley, un trabajo que contemplaría el levantamiento planimétrico de todos los bienes que están en el borrador”.

Tarquis reconoce que se trata de un trabajo “ingente, pues no solo se trataría de hacerlo con los inmuebles arquitectónicos, sino también con yacimientos arqueológicos, elementos etnográficos, caminos antiguos...”. Además, se puede topar con el impedimento de los propietarios para el acceso a las viviendas.

Las cláusulas del contrato recogen que “la adaptación a la nueva Ley de Patrimonio corre por cuenta de la empresa adjudicataria”, señala Tarquis. La compañía “envió un informe diciendo que la adaptación a la nueva ley saldría por 30.000 euros, más del 50 por ciento de lo que se sacó a licitación”, explica el edil. “Secretaría nos ha dicho que eso no es asumible por el Ayuntamiento, pues la ley no contempla el sobrecoste más allá del 10 por ciento”, aclara. Y añade: “Por esto se ha quedado parado”.

En julio de 2020, el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción en la que se instaba al Gobierno de Canarias a modificar la Ley de Patrimonio para dejar sin efecto las exigencias de unos planos detallados. “No se ha vuelto a saber nada” de la petición, asegura el responsable de Patrimonio Histórico de la capital. Y comenta: “El Gobierno de Canarias no nos contestó. Era una solicitud aprobada por la mayoría del pleno para que el Gobierno modificara en el Parlamento esos dos artículos que están impidiendo la aprobación del catálogo, algo que no solo ocurre en nuestro municipio”.

Una de las casas más antiguas de Betancuria.

El riesgo de derribos

Eduardo Tarquis señala que, en los últimos tiempos, no están llegando nuevas solicitudes de demolición al Ayuntamiento que afecten a inmuebles susceptibles de formar parte del futuro catálogo de Patrimonio. De forma concreta, tampoco le consta, asegura, que se hayan registrado peticiones de demolición para las viviendas de la cornisa, uno de los espacios con mayor número de edificaciones antiguas de la capital y sobre las que planea desde hace años la intención de derribo para llevar a cabo un proyecto de grandes construcciones en el frente marítimo.

En caso de que algún propietario solicitara licencia, la Oficina Técnica está obligada a pedir un informe a Patrimonio Histórico del Consistorio. El concejal no oculta que “si llegara una petición de derribo al Ayuntamiento, al no haber un catálogo aprobado, no se podrían tomar medidas cautelares de ninguna manera”.

“El Ayuntamiento no se puede negar a dar licencia de derribo porque no hay ninguna normativa jurídica que lo impida”, insiste, mientras apunta que la única opción que tiene el Consistorio es “hacer un informe, donde se le explica al propietario el valor arquitectónico del inmueble”. La decisión, por tanto, queda en manos del titular de la vivienda y el grado de concienciación que tenga respecto a la historia y el patrimonio histórico, dice Tarquis. “Al no tener este instrumento de protección no hay nada protegido ahora mismo en Puerto del Rosario”, asegura.

No obstante, si se diese un caso de esas características, el otorgamiento de una licencia de derribo a un inmueble con valores, la nueva Ley de Patrimonio permite a los cabildos adoptar “medidas cautelares para impedir las actuaciones que signifiquen riesgo de destrucción o deterioro para el patrimonio cultural”. El propio Gobierno podría intervenir “de oficio” o exigir al Cabildo que las adoptase.

Eso sí, el plazo de suspensión sería de seis meses. Vencido ese tiempo, habría que incluir el bien “en alguno de los instrumentos de protección establecidos”, tanto un catálogo municipal, como el catálogo insular o la declaración como BIC. Es lo que ha sucedido con el antiguo Hotel Oriental en la calle Real de Arrecife, un edificio del siglo XIX, que no estaba en el catálogo municipal. El Cabildo paralizó cautelarmente su vaciado interior y ahora ha incoado su protección como BIC.

Sobre el futuro catálogo de Puerto del Rosario, Tarquis se muestra convencido de que todo lo que está en las fichas del borrador “no va a quedar protegido al cien por cien. Cuando se termine quedará el 25 o el 30 por ciento”. El edil señala que “el borrador del catálogo hay que presentarlo a información pública y, ahí, los propietarios pueden presentar alegaciones que, si están bien fundamentadas, pueden ser aceptadas”. “Si se rechaza una alegación puede acudir a la Justicia... Ojalá fuera fácil protegerlo todo”, insiste.

La asignatura pendiente de la capital con el Patrimonio es ya vieja. En el Plan General de 1989 se intentó, sin éxito, sacar adelante un Plan Especial de Protección (PEP) que contemplaba desde la parte baja del Barranco Pilón hasta el mercado municipal y un Plan de Reforma Interior (PERI) para la cornisa marítima. En 2005 se intentó sacar adelante un Plan Especial de Protección, que no logró pasar de la fase inicial. Dos años más tarde, el Consistorio redactó otro documento que tampoco llegó a aprobarse. La misma suerte tuvo el PERI de la cornisa.

Antigua fonda donde se alojó Olivia Stone.

Propuesta de BIC

Carmelo Torres lleva años intentando salvar el casco histórico de la capital. Dispuesto a parar proyectos urbanísticos que buscan edificar sobre las huellas del antiguo Puerto Cabras, presentó en 2018 una propuesta para declarar Bien de Interés Cultural a un conjunto de edificaciones. En un primer momento, propuso 75 viviendas, aunque luego amplió la solicitud hasta 131, incluyendo elementos como el antiguo cementerio, los hornos de cal, los puentes históricos del municipio o los restos de las Salinas del Viejo. La iniciativa del historiador está paralizada. El Cabildo no dio el visto bueno porque, según Torres, había algún “error de forma” y “se optó por no darle trámite”.

La propuesta se registró también, en dos ocasiones, en el Gobierno de Canarias y en la actualidad, explica, “se está estudiando por parte de la Dirección General de Patrimonio si se puede o no proteger lo que es el corazón histórico y patrimonial del antiguo Puerto Cabras”. “Ahora, se está optando por su conservación sea cual sea el instrumento. En estos momentos, parece más factible no declararlo BIC, sino incluirlo en el catálogo arquitectónico municipal y en el de bienes culturales del Cabildo. Eso sería lo más lógico porque el trámite es más sencillo”, aclara.

El experto en patrimonio alerta del peligro de desaparecer que corren varias viviendas del antiguo Puerto Cabras, especialmente “las de la cornisa, dado que existe un proyecto que en vez de abrir la ciudad al mar, tal y como dicen algunos concejales, lo que pretende es cerrarla”. Y lanza la pregunta: “¿Cómo se va a abrir Puerto del Rosario al mar con edificaciones de cinco alturas? La mentira se cae por su propio peso”.

A su juicio, detrás de todo el proyecto de la cornisa se esconden intereses económicos a los que está “intentando combatir por medio de la propia legislación”. Los defensores del antiguo Puerto Cabras han tenido que escuchar durante muchos años discursos, algunos por parte de concejales del Consistorio, en los que defienden que no existe un casco histórico más allá de un puñado de casas viejas que afean la ciudad.

Torres asegura que la clase política se ha encargado, “unos por intereses y otros por ignorancia”, de irlo haciendo desaparecer, pero, aun así, insiste en que “existe casco histórico”. “Hay que desconocer completamente la historia de Puerto Cabras para no identificar una serie de viviendas populares vinculadas a la vida de la población de Puerto a lo largo de más de 200 años”, sentencia. Torres también cree que “la mayor parte de los ayuntamientos han hecho caso omiso a la redacción y aprobación de los catálogos porque no hay ningún régimen sancionador”.