Los órganos judiciales de la comunidad autónoma de Canarias registraron durante el año pasado un total de 371.783 asuntos, un 9,7% más que en el año anterior, dejaron en trámite de resolución 157.992 (un 1,6% más que en 2020) y resolvieron 369.832 litigios, un 14,4% más que en el ejercicio previo, según desvela el informe sobre la situación de los órganos judiciales de todo el Estado que la sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial ha difundido hoy.

En 2021 la actividad de los órganos judiciales volvió a la normalidad, que se había visto alterada durante 2020 por la crisis sanitaria del Covid-19. Así lo evidencian los datos contenidos en el informe del CGPJ.

Según el estudio del gobierno de los jueces, Canarias volvió a ser el año pasado -como ya lo había sido en los dos anteriores– el territorio del Estado donde mas se litigó: 171,10 pleitos por cada 1.000 habitantes, 38,7 más que la media del Estado (132,33) y 27,01 más que la segunda en el escalafón, Andalucía, que computó 144,09 litigios por cada 1.000 habitantes.

El territorio donde menos se pleiteó el año pasado fue el mismo que en el anterior: La Rioja, que contó con 94,86 litigios por cada 1.000 habitantes.

En lo que se refiere al ingreso de asuntos, Canarias registró el año pasado un aumento generalizado que afectó a las cuatro jurisdicciones: en la Civil, los órganos judiciales pasaron de 124.720 nuevos pleitos en 2020 a 151.996 (un 17,9% más); en el ámbito penal, se pasó de 176.464 diligencias previas a 182.483 (+3,2%); en la jurisdicción contencioso administrativa, se pasó de 7.996 demandas en 2020 a 10.571 en 2021 (+24,3%), y en la jurisdicción social se aumentó de un ingreso de 26.195 asuntos en 2020 a 26.733 el año pasado (+2,01%).

En lo que se refiere a asuntos en trámite, destaca la bajada de pendencia en la jurisdicción social, que pasó de acabar 2020 con 21.152 asuntos en vías de resolución a finalizar 2021 con 18.629 casos pendientes, esto es, un 13,5% menos. Y ello a pesar de que la litigiosidad se incrementó de forma notable, pues la antigua magistratura de trabajo pasó de resolver 22.247 casos en 2020 a 29.199 en 2021, un 23% más.

Siguiendo con los asuntos en trámite, los juzgados de instrucción canarios, que habían acabado 2020 con 39.423 asuntos por resolver, cerraron 2021 con 39.441, un 0,02% más; los órganos de lo Civil pasaron de 88.101 asuntos pendientes en 2020 a 92.343 a final del año pasado (+14,5%), y la jurisdicción contencioso administrativa aumentó su pendencia interanual en un 11,6% (de 6.693 recursos pendientes de resolver a final de 2020 a 7.579 el 31 de diciembre de 2021).

En el capítulo de asuntos resueltos a lo largo del año, las cifras de los juzgados de las Islas arrojaron saldos positivos: la jurisdicción penal pasó de resolver 170.503 casos en 2020 a 183.819 en 2021 (+7,2%); el orden civil pasó de 116.145 demandas resultas en 2020 a 146.796 en 2021 (+20%); la jurisdicción social aumentó su eficacia en un 23% al pasar de 22.247 casos resueltos en 2020 a 29.199 (+23%) el año pasado, y la Contencioso Administrativa, que en 2020 había dato respuesta a 7.433 recursos, respondió el año pasado 10.018, un 25% más.

Cinco meses para ponerse al día

El estudio del Gobierno de los jueces desvela que la tasa de pendencia (cociente entre los asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en ese mismo periodo) de los juzgados canarios en 2021 fue de 0,43, siete décimas por debajo de la media nacional, 0,50. Cuanto más baja es, más positivo es el dato, y el Archipiélago fue el año pasado la sexta comunidad con la tasa más baja junto a Castilla Y León. La comunidad con la mejor tasa durante el año pasado fue Navarra (0,30), seguida de Aragón (0,32), Asturias (0,33), Extremadura (0,40) y Cantabria (0,42). Después vendrían Canarias y Castilla León.

Por la parte alta de la tabla, la comunidad con la peor tasa de litigiosidad fue el año pasado Castilla-La Mancha (0,68), seguida de Murcia (0,61), Baleares (0,55) y Cataluña (0,54).

El informe del servicio estadístico del Consejo General del Poder Judicial detalla que si la tasa anual se multiplica por 12, el resultado es una estimación del número de meses que se necesitaría, con el mismo ritmo resolutivo y sin ningún ingreso, para acabar con la pendencia en el territorio objeto de estudio: siguiendo esta regla, Canarias necesitaría actualmente 5,16 meses para ponerse al día; el Estado, sies meses; Castillla-La Mancha, 8,16 meses, y Navarra, por ir a dos ejemplos extremos, 3,6 meses.

En cuanto a la tasa de resolución (cociente entre los asuntos resueltos y los ingresados en un determinado periodo), el estudio del CGPJ expone que la de Canarias durante 2021 fue 0,99, dos décimas por debajo de la media nacional (1,01), situándose la gran mayoría de las comunidades en torno a esas cifras (La tasa más alta fue la de Andalucía, 1,03 y la más baja la compartida entre Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid).

En cuanto a la tasa de congestión (cociente donde el numerador está formado por la suma de los asuntos pendientes al inicio del periodo y los registrados en ese periodo, y donde el denominador son los asuntos resultos en dicho periodo; mejor cuanto menor sea), la de Canarias fue durante el año pasado de 1,43, seis décimas por debajo de la media nacional (1,49). La Comunidad con la peor tasa (esto es, la más alta) fue Castilla-La Mancha (1,68), y las mejores, Navarra y Aragón, con 1,29.