La asociación APRI, que defiende los intereses de los 'lobbies' o grupos de interés, ha recordado que lleva más de una década reclamando una regulación frente a la interacción que tienen con las Cortes y ha apuntado que ante casos como el de "Tito Berni" la presidenta del Congreso puede aplicar el código de conducta, aprobado en 2020.

En una nota de prensa, APRI señala que el objetivo de los grupos de interés "no es prevenir la corrupción política" y muestra su preocupación por la relación que consideran que se ha establecido entre los presuntos delitos cometidos en el caso Mediador o y la falta de regulación de los 'lobbies' en las Cortes Generales.

Inciden en que el Congreso tiene un Código de Conducta que puede ser aplicado por la presidenta de la Cámara o a petición de un parlamentario en sustitución de comisiones de investigación que suponen "un coste".

En este sentido el Código de Conducta de las Cortes Generales aprobado en 2020 señala en su artículo 2 que "los miembros de las Cortes Generales ejercerán sus derechos y cumplirán los deberes inherentes a su cargo atendiendo exclusivamente a la consecución del interés general y se abstendrán de buscar u obtener beneficio económico alguno, directo o indirecto, ni recompensa de ningún tipo por ello".

Además establece que "la Presidencia de cada una de las Cámaras, de oficio o a petición de otro parlamentario, puede solicitar la apertura de un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción del presente Código por parte de un diputado o senador, especialmente en el caso de conflicto de intereses".

Este mismo Código indica que los miembros de las Cámaras "deberán hacer pública su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés".

APRI incide en su comunicado que la regulación de los "lobbies" se viene reclamando desde hace más de una década y tiene el objetivo de introducir transparencia, aumentar la rendición de cuentas, y mejorar la calidad de las normas a través de la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos.

"No es el objetivo de esta regulación prevenir la corrupción política, asunto reservado, como es lógico, al Código Penal", avisan tras considerar que "ante la ausencia de una regulación específica sobre los grupos de interés, debería aplicarse el Código de Conducta de las Cortes Generales, que languidece debido a la ausencia de interés por parte de las Cámaras en su aplicación".

"Del mismo modo que sería inadecuado acusar a todos los políticos de realizar determinadas actividades ilegales, inmorales o ilícitas, los profesionales del 'lobbie' exigen el mismo respeto hacia su actividad", indican.