Los tres condenados por el caso Jesuman, los hermanos José Ignacio y Víctor Manuel Hernández Pérez, junto a su hijo y sobrino, respectivamente, Iván Hernández Perera, han ingresado ya en prisión. Los tres han entrado a lo largo de la pasada semana. José Ignacio lo hizo el lunes en el Centro de Inserción Social Mercedes Pinto de Tenerife y los otros dos ingresaron en la prisión de Santa Cruz de La Palma.

En noviembre de 2022, la Audiencia Provincial ordenó su ingreso inmediato en prisión pero lograron eludir la medida al presentar un recurso de súplica. Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares se opusieron. La resolución final de la Audiencia ha tardado casi un año. 

Los acusados habían solicitado la suspensión de la ejecución de la pena a la espera de que el Consejo de ministros se pronuncie sobre el indulto que habían solicitado. Alegaban que en este caso no existen “razones de interés general o de terceras personas que exijan el cumplimiento inmediato de la pena” ni se trata de un supuesto de fraude de ley o abuso de derecho.

José Ignacio Hernández alegaba en su recurso que había abonado la responsabilidad civil y que es el  administrador único de uno de los grupos de sociedades mercantiles más importantes de Canarias, “por lo que su ingreso en prisión supondría la puesta en peligro de la economía insular”, además de que no tiene antecedentes.

La Audiencia considera que el recurso debía ser desestimado y que el auto de noviembre de 2022 se limitaba a ejecutar una sentencia firme. Hay que recordar que los tres tienen que cumplir penas superiores a los tres años de cárcel. También deberán pagar cinco millones de euros en concepto de responsabilidad civil a 13 empresas afectadas.

Dice la Audiencia que “no se entiende que la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo, ni tampoco considera la Sala que concurran otras circunstancias que aconsejen la concesión de la suspensión interesada, teniendo en cuenta, dado el tiempo transcurrido desde la solicitud de indulto, que el mismo puede entenderse ya desestimado, al haber transcurrido un año desde la solicitud y no constar a esta Sala que el mismo”.

Los acusados fueron condenados por la Audiencia Provincial por estafa por su gestión al frente de los supermercados Cerca, en Gran Canaria, a penas de entre tres años y medio y cuatro años. Posteriormente, el Tribunal Supremo, rebajó esas condenas en seis meses.

El cuarto acusado, Juan Jesús Hernández, hermano y tío de los anteriores, resultó absuelto de los delitos de falsedad y estafa. Los tres acusados han solicitado el indulto al Consejo de Ministros, que aún no se ha pronunciado al respecto.

La empresa tinerfeña, una de las más grandes del Archipiélago en el sector de la alimentación, utilizó la mercantil Alimencanarias para expandirse a Gran Canaria en el año 2000 a través de los supermercados Cerca, y aprovechándose de “la confianza y la seguridad” que generaba la matriz, contactaron con diversos proveedores.

Denuncias de proveedores

El proceso se inició en el año 2012 después de las denuncias de varios de esos proveedores, que se quedaron sin cobrar grandes cantidades de dinero en el año 2008 después de que la marca de supermercados cerrara de forma repentina. La suma solicitada rondaba los 13 millones euros. Esas denuncias dieron pie a una investigación de la Guardia Civil, otra de Hacienda y a un sumario judicial.

La empresa desvió los beneficios de Cerca, mientras que las deudas con los proveedores quedaron adscritas a otras sociedades que pertenecen a un entramado empresarial que depende de la sociedad Alimencanarias, de la que Jesuman se desvinculó.

En su petición de indulto, el administrador alegó razones “de justicia, equidad y utilidad pública” porque es administrador de una de las sociedades mercantiles “más lucrativas” de Canarias. Afirmaba que la media de trabajadores del grupo es de 1.257 y que el cumplimiento de la penas “supondría la puesta en peligro de la economía insular, siendo el sector de la alimentación el gran perjudicado”. Alegaba que es él quien toma “todas y cada una de las decisiones que se adoptan en el seno del grupo empresarial”, tanto las de dirección y gestión como las comerciales y de carácter estratégico a medio y largo plazo.

14 años de espera

También destacaba que ya ha ingresado todas las cantidades en concepto de responsabilidad civil más los intereses, que ascienden a más de cuatro millones de euros y que hizo esos ingresos “apenas un mes después que se dictara la sentencia” firme, “por lo que se procede a restituir a los perjudicados tan pronto se conoce el pronunciamiento definitivo”. Las empresas perjudicadas, que denunciaron los impagos, llevan esperando ese dinero desde hace 14 años.

Señalaba otro argumento, como que la sociedad actualmente no tiene deudas con la Hacienda Pública y la Seguridad Social, “por lo que las citadas decisiones siempre han sido realizadas encaminadas al fin último de cumplimiento estricto de las obligaciones fiscales y sociales”. Sin embargo, uno de los hechos investigados durante el procedimiento fue un fraude a Hacienda de 279.000 euros.