El pleno del Ayuntamiento de Adeje (Tenerife) ha acordado por unanimidad decretar un día de luto en el municipio por el crimen machista de Hayate, vecina del barrio de Armeñime, el pasado domingo, en una jornada en la que se han celebrado diversas concentraciones en Canarias para expresar repulsa y hartazgo.

En la sede de la presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria el jefe del ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, ha estimado que “una desigualdad estructural”, como la que afecta a las mujeres, “necesita de medidas estructurales para ser subvertida”.

Torres ha recordado que la violencia machista se ha cobrado en Canarias la vida de 102 mujeres y 8 niños y ha insistido en que el Gobierno regional ha decidido “no poner el contador a cero” cada vez que empieza un año para analizar la envergadura de este fenómeno social.

A su juicio, la muerte de Hayate “no es un hecho aislado”, ya que “el feminicidio no es el único ejemplo de violencia contra las mujeres, que puede ser física, económica, psicológica, sexual y simbólica”.

En otra de las concentraciones celebradas este martes, ante la sede del Cabildo de Tenerife, la consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, ha trasladado un mensaje de repulsa, dolor y hartazgo por ese nuevo crimen machista, que además de una nueva víctima mortal “deja a cuatro hijos sin su madre”.

Franquet se ha preguntado en voz alta “qué se puede decir” o “qué reflexión hacer” ante la concatenación de crímenes machistas en España en las últimas fechas porque “se agotan las palabras”, y ha planteado “qué pasaría” si en vez de mujeres fueran hombres los asesinados por sus parejas o exparejas.

“Y todavía hay quienes niegan la violencia de género y fomentan el discurso negacionista”, ese que “nutre y envalentona el discurso machista” y que al final “provoca la muerte de mujeres”, ha planteado.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha pedido “colaboración y concienciación” para llegar a una «criminalidad cero» en materia de violencia de género.

Antecedentes

Pestana ha confirmado que además de la denuncia por amenazas del pasado 28 de diciembre existían “antecedentes y medidas de alejamiento anteriores» para el presunto agresor, si bien ha añadido que «la ponderación corresponde a la autoridad judicial”, ya que en un Estado de derecho “los elementos los tiene que encauzar la autoridad judicial”.

Al respecto, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias han precisado que la víctima renunció a pedir una orden de protección ni otras acciones penales o civiles respecto a su expareja y expuso que la renuncia la hacía “libre y voluntariamente” sin que “mediara amenaza o coacción alguna”.

El alto tribunal canario ha facilitado este martes detalles de lo sucedido el 30 de diciembre cuando la mujer asesinada en la noche del pasado domingo compareció en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arona, tras haber denunciado a su expareja por amenazas el 28 de diciembre en el puesto de la Guardia Civil de Adeje.

Aunque se ha difundido que la víctima “no declaró” en sede judicial, lo cierto es que sí lo hizo, si bien en el curso de su declaración se acogió a su derecho a no prestar declaración contra su expareja, señalan las fuentes.

La mujer manifestó que el hoy investigado era su pareja sentimental, y explicó que esta relación había empezado en 2013, uniéndose ambos en matrimonio, y que fruto de esta relación tenían dos hijos.

Añadió que en 2019 se habían divorciado y que habían “retomado la relación como compañeros de piso” en marzo de 2020.

No declaró

La mujer se acogió a su derecho a no prestar declaración contra el ahora investigado como presunto autor de su muerte “atendida la relación sentimental” con el mismo y al realizársele un ofrecimiento de solicitud de orden de protección, manifestó que no le interesaba “la adopción de medida alguna”.

Igualmente, el juez le ofreció la posibilidad de emprender acciones penales y civiles y, según el TSJC, la mujer manifestó que renunciaba “a cuantas pudieran corresponderle”, al tiempo que expuso que la renuncia la hacía “libre y voluntariamente” sin que —declaró—, “mediara amenaza o coacción alguna”.

Tras esta declaración, el representante del Ministerio Fiscal en las diligencias solicitó el sobreseimiento provisional de las actuaciones al no apreciar pruebas que permitiesen desvirtuar la presunción de inocencia del denunciado, lo que acordó la autoridad judicial con el informe favorable de la defensa y del abogado del investigado.