Un total de 17.396 personas percibirán este mes en Canarias el ingreso mínimo vital (IMV), entre ellas 8.046 menores (el 46,25 por ciento) que viven en los 6.916 hogares a los que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha reconocido esta prestación.

Por provincias, en Las Palmas son 3.847 hogares los que recibirán el IMV este mes, que llegará así a 9.467 personas (4.246 menores), mientras que en Santa Cruz de Tenerife los hogares beneficiarios son 3.069, en los que viven 7.929 personas (3.800 menores), según ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias.

En los seis primeros meses de existencia de la prestación, dedicada a hogares en situación de vulnerabilidad, el INSS ha recibido en Canarias 87.267 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital.

Del total que han llegado por diversos canales, 3.593 expedientes estaban duplicados, lo que supone que eran válidos 83.674, y de ellos se han tramitado cerca del 75 por ciento.

“El escudo social puesto en marcha por el Gobierno de España para hacer frente al coronavirus amplía su alcance en Canarias, protegiendo ya a cerca de 7.000 hogares y a más de 8.000 menores. Este hecho es, sin duda, una muy buena noticia, dadas las difíciles circunstancias a las que muchas canarias y canarios se han visto abocados por la covid-19”, afirma el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

Añade que durante esta crisis sanitaria se ha reconocido la capacidad de resiliencia de la sociedad canaria, un valor que todos "han de saber que tienen muy presente el Gobierno de España y la Administración General del Estado, comprometida con no dejar a nadie atrás".

Por ello, Pestana agradece el esfuerzo que realiza el personal de la Seguridad Social por reconocer lo antes posible el Ingreso Mínimo Vital a aquellos hogares que cumplen los requisitos para percibirlo.

Agrega que en las próximas semanas se realizarán nuevas mejoras que permitirán adaptar la norma "a la pluralidad de situaciones de convivencia" que se producen en la vida diaria, fundamentalmente entre las personas en situación de vulnerabilidad económica que, a menudo, se ven obligadas a compartir vivienda.

En este aspecto, está prevista una próxima modificación normativa para que la acreditación de la unidad de convivencia se pueda realizar mediante un certificado de los Servicios Sociales, para lo que se trabaja con las organizaciones del Tercer Sector.

Entre las mejoras que se introducirán próximamente también está la de facilitar el acceso a la prestación por parte de personas sin hogar, de forma que quedará excluido el límite de titulares por unidad de convivencia en casos de convivencia en hogares colectivos, como albergues o centros de acogida.