Un total de 204 funcionarios del Cabildo de Fuerteventura han solicitado al Gobierno que le reponga la paga extraordinaria recortada. "Como consecuencia de la crisis económica, a partir del año 2010 los salarios de todos los empleados públicos se vieron recortados con el objetivo del Gobierno de reducir su déficit público, mientras persistieran las circunstancias económicas extraordinarias", recordaron este jueves.

Concretamente, a través de un real decreto de mayo de 2010 se recortó el cinco por ciento de los sueldos y también de forma progresiva parte de los conceptos retributivos de la paga extra, "lo que vino a significar un desajuste en la escala retributiva", indicaron este jueves.

Esa medida trajo como consecuencia que el salario básico, que incluye la remuneración base más los trienios de las categorías inferiores, "hasta hoy en día es mayor que el de las escalas superiores", asegurara el colectivo.

Al margen del recorte salarial, también se eliminaron los días libres por asuntos particulares, se amplió el horario, se perdió poder adquisitivo o se eliminó la tasa de reposición, entre otras medidas, recordaron.

"El sacrificio aún fue mayor ya que desde el ejercicio 2011 hasta el 2015 se congelaron los salarios y además en 2012 se eliminó la paga extraordinaria del mes de diciembre", indicaron los funcionarios.

A partir de 2015, "como consecuencia de los buenos resultados económicos", es cuando el Gobierno Central decide restituir parte de lo que había eliminado en época de crisis, como la devolución de parte de la paga extra eliminada en 2012 y la modificación de los días de permiso por asuntos particulares.

Dada la recuperación económica, a través de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2016 se establece un aumento en los salarios de un 1 por ciento de los empleados públicos y se termina de normalizar la devolución de la paga extraordinaria eliminada de diciembre de 2012.

En el 2017-2018, ante “la evidente y reconocida” mejora de la situación económica y presupuestaria y el reconocimiento de la aportación que ha supuesto el esfuerzo de los empleados al servicio de las Administraciones Públicas por haber alcanzado esta situación, el Estado suscribe con las organizaciones sindicales dos acuerdos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, en los que las partes reconocen que el esfuerzo de los empleados públicos ha sido un factor determinante en la mejoría de la economía.