La Fiscalía solicita para Mario Cabrera, secretario insular de Coalición Canaria (CC) y diputado autonómico por Fuerteventura, una pena de 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, lo que implicaría tanto “la imposibilidad de concurrir a ningún tipo de elección” como ser nombrado para cualquier “puesto representativo, o ejecutivo, o gestor” por una autoridad pública.

La petición de condena se ha producido en el marco del caso del CAAF, por contratar de forma presuntamente irregular unos dos millones de euros en servicios de transporte entre los años 2008 y 2015, cuando era presidente del Cabildo majorero.

El Ministerio Fiscal solicita la misma petición de condena, por el mismo delito, para Manuel Miranda, actual concejal en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y durante años vicepresidente del Cabildo y del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura.

En el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, se indica que, en plena crisis económica, la Cooperativa de Transportistas solicitó al entonces presidente del Cabildo “el reparto del trabajo” o de los “servicios” que precisaba el CAAF.

Mario Cabrera y Manuel Miranda, máximos responsables del organismo público, controlado por la Corporación insular, pero del que forman parte también los ayuntamientos, mantuvieron “diversas reuniones” con la cooperativa y acordaron que fueran sus miembros “los que prestaran el servicio de máquinas retroexcavadoras y transporte de cubas de agua” que demandaba el CAAF, en vez de sacar a licitación el servicio para que cualquier empresa pudiera trabajar para el Consorcio.

Así, la Fiscalía detalla que se llegó a fijar un precio a pagar a los miembros de la citada cooperativa, que se repartieron “el territorio insular en zonas”, para que “determinados” profesionales, “y no otros”, aportasen las máquinas retroexcavadoras necesarias o el transporte de cubas de agua.

Se estableció, “con carácter indefinido”, el siguiente procedimiento: en un primer momento, los técnicos del Consorcio, en caso de avería, tenían que llamar a la Cooperativa de Transportistas para que esta, a su vez, contactase con el empresario que se ocuparía del trabajo.

Sin embargo, “este sistema se reveló como inoperante” y, pasado un tiempo, los operarios del Consorcio “llamaban directamente a los transportistas según la zona” de Fuerteventura “que cada uno tenía asignada por la propia cooperativa para trabajar con el CAAF”.

También se acordó, según destaca el Ministerio Fiscal, que fuese cada transportista el que presentase, de forma mensual, su factura al CAAF por los servicios que prestase.

La Fiscalía apunta a que, de esta manera, en vez de sacar a libre concurrencia la contratación de un servicio externo que necesitaba el Consorcio de forma permanente, lo que se hizo, y de lo que responsabiliza a Mario Cabrera y a Manuel Miranda, fue fraccionar la contratación.

De tal manera, añade la acusación, que se hacían pasar las facturas como el pago por contratos menores de servicios, cuyo límite era de 18.000 euros, pero que se superaba en numerosas ocasiones. En el escrito de acusación se detalla una veintena de ocasiones en las que un transportista había facturado más de esa cantidad en un año.

Reparto

En el transporte de cubas de agua, entre los años 2008 y 2015, cuando Mario Cabrera deja la presidencia del Cabildo y se convierte en diputado regional, el CAAF pagó 551.197 euros. El año que menos desembolsó fue 2013, con poco más de 7.000 euros, mientras que solo en 2008 se abonaron casi 291.000 euros.

La Fiscalía incide en seis casos de transportistas que cobraron entre 34.333 y más de 43.000 euros solo en ese ejercicio. En 2010, de 48.400 euros que se pagaron, la mitad fue a parar a una empresa y lo mismo sucedió al año siguiente. En 2012, de 7.719 euros abonados, un total de 6.549 se le pagaron a un solo transportista.

El fiscal atribuye al líder de CC en Fuerteventura haber prevaricado y perjudicado “los intereses generales” en el CAAF

En cuanto al servicio externo de máquinas retroexcavadoras, en los años investigados el CAAF pagó más de 1,4 millones de euros con el citado sistema de contratación indefinida y verbal. El ejercicio que menos se desembolsó fue 2013, con casi 140.000 euros, mientras que en 2008 se llegaron a pagar más de 253.000 euros.

La acusación se fija, de forma especial, en la facturación de tres transportistas, uno de los cuales llegó a percibir casi 70.000 euros por este sistema, que la Fiscalía tacha de delictivo.

En ese sentido, el Ministerio Fiscal resalta que la prestación de los servicios estaba claramente definida y acordada con la Cooperativa de Transportistas de Fuerteventura, y que su duración era “indefinida”, no para atajar una urgencia puntual que surgiese en el funcionamiento del Consorcio de Abastecimiento de Aguas. Es “evidente” además, tal y como subraya el fiscal, que la cuantía abonada era “superior” a los 18.000 euros del contrato menor, que sí se puede adjudicar de forma directa.

Por ello, destaca que “los acusados Mario Cabrera González y Manuel Miranda Medina no iniciaron procedimiento administrativo alguno de contratación ni expediente administrativo” que “garantizase los principios de publicidad y pública concurrencia, libre acceso de cualquier persona física o jurídica e igualdad”.

Por el contrario, celebraron “un acuerdo verbal de duración indefinida, atribuyéndose las facultades que correspondían a la Junta del CAAF”, que era la competente para contratar servicios que han de “durar más de un año”.

Además, al suponer los servicios contratados de esta forma una “cuantía muy superior a los 18.000 euros”, Cabrera y Miranda incurrieron, según la acusación, en un proceder “absolutamente prohibido por la legislación, a sabiendas de que infringían la normativa que regula los contratos de las administraciones públicas”.

El fiscal les responsabiliza también de haber perjudicado “los intereses generales, pues ni se fijaron las condiciones de las máquinas retroexcavadoras”, como la capacidad de la pala o los seguros que debían tener, “ni el tiempo de respuesta ante una avería o situación de necesidad de agua y demás características del servicio”. Tampoco constaba “el precio que debía pagarse a los titulares de las máquinas retroexcavadores o cubas”, manteniéndose esta situación durante siete años.

Toda la documentación existente de estas contrataciones, que suman dos millones de euros entre 2008 y 2015, se reduce “a las facturas presentadas por los transportistas y a las órdenes o decretos de pago firmados por los acusados, repartiendo de esta forma” Mario Cabrera y Manuel Miranda, “de forma verbal, sin procedimiento administrativo alguno” y “sin publicidad”, “el trabajo que una Administración pública, el CAAF, precisaba para sus fines ordinarios”, en referencia a las máquinas con conductor y el transporte de agua.

Un reparto, destaca la Fiscalía, del que solo se beneficiaron “una serie de vecinos, los miembros de la Cooperativa de Transportistas de Fuerteventura, con exclusión de cualquier otro vecino y, en general, de cualquier otra persona, nacional o extranjera”. El Juzgado número seis de Puerto del Rosario ya ha decretado la apertura de juicio oral.