Lanzarote y Menorca fueron declaradas Reserva de la Biosfera por la Unesco en octubre de 1993, un vínculo que las ha hermanado. Mientras que la isla canaria no ha tenido ningún avance en ordenación del territorio en el presente mandato y ha retrocedido en participación ciudadana, la isla balear está en trámite de aprobar la primera Ley Menorca Reserva de la Biosfera, de marcado carácter “transversal” y a la que deberán someterse todas las políticas futuras, con el objetivo de salvaguardar la sostenibilidad y preservar el territorio. Todo un espejo en el que mirarse.

Los preceptos que amparan el desarrollo de esta ley son principalmente dotar al Consell Insular –equivalente al Cabildo- de las competencias necesarias para ordenar y gestionar las materias que permitan defender los intereses y la realidad de la isla de Menorca. También ha de otorgar a la institución de gobierno insular la correspondiente potestad reglamentaria, acompañada de la justa capacidad financiera para llevar a cabo actuaciones en materia medioambiental. Una normativa con proyección de futuro que deberá tener en cuenta la revisión del Plan Territorial Insular (PTI) de 2003 –que lleva la firma del urbanista José María Ezquiaga, que nunca pudo sacar adelante la revisión del Plan Insular de Lanzarote- y la futura nueva ley de consejos insulares.

El borrador de la Ley Menorca Reserva de Biosfera se encuentra actualmente en trámite parlamentario tras su aprobación por parte del pleno del Consell Insular hace poco más de un mes. Es el resultado de un proceso de debate en el que se han puesto sobre la mesa diferentes puntos de vista, tanto de los grupos políticos como de los agentes socioeconómicos, colectivos y ciudadanía en general. “Una ley que será el marco normativo que permitirá que todas las políticas llevadas a cabo en Menorca sean coherentes con el modelo a seguir como Reserva de Biosfera que somos”, explica Irene Estaún, gerente de la agencia Menorca Reserva de Biosfera, organismo dependiente del Consell.

Menorca, al igual que Lanzarote, carecía hasta el momento de una iniciativa legislativa que permitiera amparar estas acciones, de ahí la importancia de que sea un marco legislativo que “empape a todas las esferas”, añade Estaún. También explica que, de continuar con el statu quo actual, y a pesar del dinamismo que caracteriza a la Reserva de Biosfera de Menorca, hay barreras difíciles de atravesar.

“Hay escollos. Algunas competencias claves no se definían con la óptica adecuada teniendo en cuenta que la sostenibilidad debería ser la madre de todo. Creemos que poder decidir y gestionar con ciertos parámetros que actualmente no se están siguiendo nos ayudaría a mejorar el estado de conservación de la Isla y su desarrollo socioeconómico”, explica a Diario de Lanzarote.

Josep Juaneda, conseller de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera del Consell Insular, destaca la necesidad del soporte legal a las políticas medioambientales a desarrollar y la visión de futuro para conseguir una sociedad con todos los valores de la Reserva de la Biosfera sin perder de vista que se trata, al igual que Lanzarote, de un “modelo diferenciado”.

Recuerda que, ya en 1993, en la propia declaración de las reservas de Menorca y Lanzarote, se definía esta acción en el lema del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB). “Es decir, que la visión de futuro del modelo de sociedad tiene que ir necesariamente acompañado de la compatibilidad de la presencia humana con la preservación del territorio, porque de lo contrario tenemos una fecha de caducidad”. Este precepto es el que ha fijado la hoja de ruta de esta ley, según defiende el representante menorquín.

Para aplicar esta visión, desde Menorca han considerado necesario ampliar la capacidad de gestión y de decisión del Consell. “Ahora se están decidiendo cosas sobre la Reserva de la Biosfera en las que Menorca no tiene potestad ni capacidad de intervenir, como ocurre con las políticas que desarrolla el Govern Balear”, explica Juaneda. “Es fundamental el escenario de competencias que se dibuja para desarrollar una gestión coherente de las políticas ligadas a la visión diferenciada de la Isla como Reserva de la Biosfera”, resume el conseller.

A diferencia de Lanzarote, Menorca ha avanzado desde 1993 en el desarrollo de una planificación acorde a la visión de preservar el territorio, gracias al plan de ordenación de 2003, que está en revisión, y que ya se establecía “en total concordancia con la ley” que ahora se está tramitando.

Así, este instrumento ya adelantaba la intención de racionalizar y optimizar socialmente la gestión del territorio, abordando una de las principales amenazas: la presión urbanística sobre el territorio, restringiendo el crecimiento residencial y turístico, según se extrae de la exposición de motivos de la iniciativa legislativa.

En cambio, Lanzarote sigue con el Plan Insular de Ordenación (PIO) de 1991, que fue un hito pero que ya ha superado los 30 años de vigencia. Cuando se aprobó, Lanzarote no llegaba a los 65.000 habitantes. En la actualidad, supera los 156.000 residentes.

Limitación de carga

En materia de ordenación del litoral, la ley establece que se consultarán al Consell las concesiones o autorizaciones para la ocupación de dominio marítimo terrestre. Asimismo, este órgano, “sin menoscabo de las competencias de la Administración General del Estado”, debe elaborar y aprobar un plan territorial sectorial para la ordenación del litoral en el que se determinará, entre otras medidas, la capacidad de carga de las playas y calas y de sus aguas costeras, así como de otros espacios del litoral en los que se prevea una importante afluencia de personas o de embarcaciones.

La ley fija que se podrá limitar el número de vehículos que pueden entrar

Otra de las motivaciones que ha acompañado este proyecto de ley es dotar al Consell de herramientas para definir parámetros de gestión cuando sea necesario. Al respecto, Irene Estaún habla de la regulación para delimitar en momentos de saturación la entrada de vehículos en la Isla, un apartado no exento de polémica. En Menorca existe un importante flujo de vehículos procedente de la Península e incluso de otros países que llegan a través de los puertos y de difícil control, que representan un considerable impacto en las infraestructuras y espacios naturales sobre los que la Isla debería tener la potestad de delimitar de ser necesario, aclara Estaún.

Por el contrario, en Lanzarote el grueso del turismo lo componen los visitantes extranjeros y nacionales, siendo el avión el principal medio de transporte. Con el fin de evitar o reducir, principalmente en el período estival, los riesgos derivados de la afluencia turística excesiva y de la saturación de los espacios públicos que esta conlleva, la ley fija que se podrá determinar con carácter anual o bienal el número máximo de vehículos a motor que pueden entrar en Menorca por vía marítima, así como la cantidad de vehículos de alquiler para su comercialización.

Agua y energía

La ley aborda dos problemas que también tiene Lanzarote: el agua y la energía. La normativa obliga a las entidades que suministran agua, sean públicas o privadas, a “reducir al mínimo posible las pérdidas” en las redes de abastecimiento y no superar el porcentaje máximo que fije la planificación hidrológica. En Lanzarote, se pierden 61 litros de cada 100 desalados.

Menorca quiere otorgar rango legal al objetivo de que, en 2030, el 85 por ciento de la energía se cubra con fuentes renovables y que se reduzca a la mitad el consumo de combustibles fósiles en el transporte terrestre con respecto a los datos de 2013, y el 30 por ciento en el sector servicios y en el ámbito residencial y turístico.

Proyecto de Ley de Menorca.

Autoridad Consultiva

Por otra parte, a partir de las aportaciones realizadas en el proceso de participación, se ha incluido en la ley la creación de la Autoridad Consultiva, con el objetivo de garantizar la “buena administración” de Menorca. Se trata de un órgano permanente de consulta y asesoramiento en el Consell, estará integrado por siete personas con reconocimiento científico y técnico específico y sus dictámenes serán preceptivos y no vinculantes.

La Autoridad Consultiva velará por el cumplimiento de la ley

“Su función es velar para que los instrumentos de desarrollo incorporen los principios inspiradores que defiende la ley. Un órgano consultivo externo que asegura que no se pierde el enfoque de la ley, que puede estar formado por miembros de los comités social o científico, aunque este último, como comité de asesoramiento permanente, tiene potestad para proponer los componentes de este órgano”, expone el texto normativo.

En este punto, la directora de Reserva de Biosfera defiende el papel fundamental que han desarrollado tanto el comité científico como el social hasta el momento: “Son un músculo del que carece la administración a la hora de tomar decisiones o evaluarlas”. También destaca el dinamismo que ha acompañado a estos órganos en los últimos años. En cambio, en Lanzarote el Consejo de la Reserva estuvo más de dos años sin reunirse y todavía no ha recuperado el papel que tuvo en el pasado.

La proposición de ley de Menorca ha llegado al tercer intento. “Al poco tiempo de tener la declaración por parte de la Unesco, Menorca ya vio la necesidad de avanzar por un marco legislativo que diera cobertura legal al desarrollo sostenible en la Isla. Otros dos intentos no llegaron a fructificar”, señala Irene Estaún.

La norma está abierta a futuras modificaciones para adaptarse en el tiempo. “No queríamos tener un corsé. A pesar de que hemos elaborado un texto que no debería perder vigencia en los años venideros, consideramos que debería ser flexible”, comenta la directora de la agencia de Reserva de la Biosfera. Al respecto, pone el ejemplo del Plan Territorial Insular de Ordenación, con una vigencia no superior a los 10 años: “Hemos hecho una ley con la pretensión de que no quede desactualizada ni desfasada en el tiempo”.

Consenso

La aprobación de la proposición de Ley es el fruto del trabajo de más de dos años. “Queríamos que fuese un proceso muy madurado”, comenta Estaún. La participación ciudadana ha sido una de las fuentes de consenso. Primero, con una consulta pública con más de 30 aportaciones que se han tenido en cuenta para la elaboración de la propuesta, y, luego, con un periodo de exposición pública, hace ahora un año.

Al respecto, el conseller Josep Juaneda expone que precisamente ha sido esa “masa social” la que reclamaba una “necesidad de cambio”. Los consejos social y científico de la Reserva de la Biosfera y la junta de alcaldes han sido parte activa en este proceso, que más tarde fue sometido a debate con los grupos políticos para finalmente presentar un borrador definitivo aprobado el pasado mes de abril.

“Queríamos que fuese lo más consensuado posible”, señala Estaún, quien recuerda que existe un compromiso del Govern Balear para que en esta legislatura salga adelante la ley. Una ley que debe alcanzar a todos los departamentos. Es decir, que todas las posteriores acciones a desarrollar en la Isla deben “entender la sostenibilidad como un eje de acción”.

Una ley por la sostenibilidad

La Ley establece actuar ante la emergencia climática, apostar por la eficiencia energética y la descarbonización y por un turismo y una movilidad sostenibles, mejorar la gestión de los recursos hídricos y de los sistemas de saneamiento, cumplir los objetivos de la Agenda Urbana Española, preservar la vocación agraria y ganadera del suelo rústico de Menorca, ordenar la costa y el litoral, gestionar el medio marino con criterios de sostenibilidad, salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, potenciar la educación y la investigación para la sostenibilidad, mejorar la calidad del aire o fomentar el modelo alimentario propio, la gastronomía y el consumo de productos locales, entre otros ámbitos.