El administrador único de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Francisco Moreno, ha advertido de las graves implicaciones financieras y presupuestarias, de unos seis millones de euros, que podrían derivarse de una inspección de la Agencia Tributaria Canaria respecto a la deducción del IGIC soportado en las cuotas del ente.

El administrador público del canal autonómico ha hecho referencia este viernes a esta cuestión tras comparecer a petición propia en la comisión parlamentaria de control de la RTVC para informar sobre la situación del ente público y de sus sociedades mercantiles.

Francisco Moreno ha relatado la situación del ente "y sus averías pendientes" ante la inminente normalización de sus órganos, con la próxima designación de la Junta de Control por parte del Parlamento, lo que va a permitir salir de la excepcionalidad de su nombramiento como administrador único en junio de 2018, lo que en principio era únicamente para seis meses.

Entre los retos que debe afrontar el canal, Moreno reiteró la extremadamente compleja situación de la estructura de personal, pues conviven en el ente trabajadores con distintas condiciones laborales provenientes de nueve empresas distintas.

Otro problema es la necesidad de abordar de forma urgente el hecho de que ya se ha firmado la última prórroga trimestral para el alquiler de infraestructuras, de forma que "si no hacemos nada" el 1 de julio no habrá instalaciones para producir contenidos ni emitir.

"Lo cierto es que no atisbamos el horizonte para llegar a tierra firme y segura y espero que el mandato marco que debe alumbrar el Parlamento diseñe la hoja de ruta para esta urgente tarea, que requiere un compromiso para el que será necesario abstraerse del ruido ambiental", añadió Moreno.

A este panorama se suma la inspección abierta por la Agencia Tributaria Canaria en cuanto al IGIC soportado y que puede resultar "muy grave" para la capacidad de aprovisionamiento del ente, prosiguió Francisco Moreno.

La inspección es consecuencia de la transposición de una directiva comunitaria por la que se considera que las televisiones no tienen derecho a una deducción del cien por cien del IVA en su actividad mercantil y por lo tanto, se está sometiendo a evaluación a todos los canales públicos europeos.

En el caso de la RTVC la Agencia Tributaria ha alargado el periodo de inspección, que comenzó en 2018, hasta diciembre de 2020, según ha comunicado al canal este mes.

La Forta está promoviendo las acciones necesarias para aclarar esta cuestión en el convencimiento de que las televisiones tienen derecho a la plena deducción en sus cuotas y además hay pendiente una resolución del Tribunal Superior de Justicia europeo a una demanda interpuesta en tal sentido por una televisión búlgara que puede marcar la pauta, añadió Moreno.

En todo caso, RTVC entiende que en Canarias puede caber la fórmula que va a aplicar Francia en este ámbito, la de establecer un IVA súper reducido para las televisiones públicas, y que en el archipiélago podría materializarse con un tipo del IGIC muy reducido.

Además y en el ámbito judicial el administrador único de RTVC debe comparecer el 17 de mayo ante la Audiencia Nacional como parte de las cadenas de televisión investigadas por el caso conocido como "la rueda", un supuesto fraude por el que socios de la SGAE y empleados de los canales obtenían ingresos por los derechos de autor de música retransmitida en programas nocturnos.

Al respecto, Moreno ha indicado que para evitar que en el futuro sucedan situaciones y prácticas "confusas" el canal se dotará a la mayor brevedad de un modelo de prevención de delitos y ha precisado que en su declaración judicial va a dejar claro que en ningún momento en el ente autonómico hubo intención de delinquir.

Francisco Moreno ha expresado asimismo su convicción de que lo que se ve en pantalla "tiene mejores brillos que lo que acabo de contar", pues RTVC tiene una programación de calidad y es un servicio público que ha demostrado su utilidad en momentos difíciles, por lo que darle estabilidad en el tiempo debe ser el principal de los compromisos.

Por los grupos parlamentarios la portavoz del Mixto, Vidina Espino, de Ciudadanos, reprochó que con un presupuesto de 55 millones de euros "ahora hable de un agujero de 6 millones", advirtió de que si el canal recibe una multa habrá que pagarla y señaló que no entiende cómo se renuevan programas sin audiencia, lo que compromete las cuentas y no demuestran que haya un buen gestor.

La diputada popular Luz Reverón dudó de que cuando Moreno fue designado administrador único de RTVC "no sabía cuál era la situación", opinó que el mandato marco no se va a aprobar porque hay disparidad de criterios en el Gobierno sobre cuál debe ser el modelo y acusó al Ejecutivo de someter al ente a un control político que no hubo "ni en la época de Willy García".

José Alberto Díaz-Estébanez, del grupo Nacionalista Canario, afirmó que no duda de la profesionalidad de Francisco Moreno pero sí de la voluntad de transparencia y pluralidad del Gobierno, al que acusó de juego de trileros para que nada cambie "y usted ha sido el colaborador necesario en estas chapuzas".

Por Nueva Canarias la parlamentaria Carmen Hernández aludió a las fortalezas de la RTVC, cuyos informativos son líderes frente a los estatales en el archipiélago y con cifras que avalan que la radio autonómica ha ganado 6.000 oyentes el último mes, por lo que opinó que los datos de audiencia acreditan que la confianza de los canarios en el medio "ha mejorado sustancialmente".

Yolanda Mendoza, del grupo Socialista, indicó que Moreno ha especificado en su intervención numerosos problemas que no pueden seguir esperando a la definición de un mandato marco que aún no se ha aprobado, como el convenio colectivo de la plantilla, y pidió contar con un escenario legal y firme para despejar la fórmula de licitación de las instalaciones del canal.

 La representante de Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza subrayó la necesidad de que todos los grupos lleguen a un acuerdo para dotar al ente de la mejor fórmula de funcionamiento posible, lo que comenzará cuando el 21 de abril acabe el plazo para la designación de los miembros de la Junta de Control, que será sometida a votación previsiblemente en el pleno de mitad de mayo, y quedará aún pendiente el mandato marco, el reglamento orgánico, el consejo asesor y el consejo de informativos.