La Fiscalía pide una condena de 12 años prisión para un usuario de un centro de acogida de inmigrantes en Gran Canaria que, presuntamente, penetró vaginalmente a otra, una menor de cuatro años, cuando ésta se encontraba sola, sin la compañía de su madre, con quien permanecía en el mismo centro.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que los hechos que imputa al acusado, O.C., sucedieron entre finales de diciembre de 2021 y enero de 2022, si bien, según ha adelantado este lunes el periódico "La Provincia", el abogado defensor, Armando Auyanet, reclama su absolución por falta de pruebas contra su cliente, que será juzgado el próximo 12 de julio en la Audiencia de Las Palmas, ante la que presentará nuevas pruebas para demostrar su inocencia.

Conforme a lo que sostiene la Fiscalía, el acusado atrajo a la niña a su habitación aprovechando que se encontraba "totalmente sola", dado que había acudido a la estancia que compartía con su madre a requerimiento de esta última, que le pidió que se acercara desde el patio exterior del centro, donde ambas se encontraban cocinando, a su cuarto a recoger algunos efectos.

Los hechos relatados son constitutivos de un delito de abuso sexual con acceso carnal a menor de dieciséis años previsto y penado en el Código Penal vigente a la fecha de los hechos, señala el escrito.

El Ministerio Fiscal interesa que se prohíba al acusado acercarse a la menor y comunicarse con ella por un tiempo superior en cinco años al de la duración de la pena de prisión impuesta, en su caso, en la sentencia condenatoria.

Asimismo, pide que se le imponga la medida de libertad vigilada por un periodo de tiempo de seis años, la inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por un periodo también de seis años, además de la inhabilitación para empleo o cargo público por seis años, así como para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad.

El fiscal interesa que en caso de que la sentencia sea condenatoria se proceda a la sustitución de la pena impuesta por la expulsión del encausado, que es extranjero, del territorio nacional, si bien dada la gravedad de los hechos que le imputa, solicita que se cumplan al menos las dos terceras partes de la condena en España, pero si no se le expulsa, que la cumpla en su integridad.

En todo caso, precisa que se sustituirá el resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cuando aquél acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional.

La Fiscalía reclama también al procesado que indemnice a la menor en la cantidad de 140.000 euros.