El debate lo abrió la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, al anunciar la declaración de la Isla como turísticamente saturada. Sin embargo, ha sido Podemos la formación que ha llevado una iniciativa al Parlamento para la modificación de la Ley de ordenación del Turismo de Canarias “para incorporar la definición de zona turística saturada, y la regulación del procedimiento para su declaración y los efectos jurídicos de dicha declaración”.

En una proposición no de ley que este lunes pasa por la Mesa del Parlamento, la formación morada señala que la actividad turística “tiene afecciones ambientales importantes y un impacto social considerable”. La iniciativa llega después de que el anuncio sobre la declaración de Lanzarote como isla saturada, que realmente no se ha materializado en ningún acuerdo institucional, haya copado espacio en la prensa española y británica.

Podemos apunta que desde que se promulgó en 1995, la legislación turística canaria contemplaba la necesidad de un “tratamiento específico” para aquellas situaciones en las que se producía un “desajuste” entre la oferta alojativa, la afluencia de visitantes y “la capacidad de acogida de los espacios turísticos y de respuesta de las infraestructuras y equipamientos” ante las “necesidades” generadas por los turistas.

En la iniciativa se recuerda que la Ley de ordenación del Turismo de Canarias encomendaba a los planes insulares “la incorporación de previsiones suficientes para las zonas o núcleos a rehabilitar, las zonas mixtas donde la presencia de edificaciones turísticas junto a otras residenciales o industriales pudiera producir efectos aditivos que pusieran en peligro la calidad turística” o “zonas insuficientemente dotadas” donde la falta de infraestructuras “no se correspondiera con el número de camas turísticas”.

Podemos resalta que aquellas previsiones se incorporaron luego a la legislación territorial del Archipiélago que se aprobó en 1999 y 2000. Así, se dispuso que los planes insulares podrían “establecer áreas” en las que no se debían “permitir nuevos crecimientos turísticos, por ser incompatibles con el principio de desarrollo sostenible o tener el carácter de zonas saturadas por exceder la oferta existente a la demanda previsible”.

En las Directrices del Territorio, de 2003, se desarrollaron esas disposiciones, de cara a “dimensionar el crecimiento alojativo” sobre “un medio frágil”, así como “atemperar” el crecimiento a la “capacidad de absorción” de la sociedad local y la disponibilidad de servicios. Las Directrices también contemplaban que el planeamiento insular “podrá establecer igualmente áreas del territorio insular en las que no se deban permitir nuevos crecimientos por tener el carácter de zonas saturadas”.

Evitar la declaración sin efectos

“Así pues”, concluye la iniciativa parlamentaria presentada por el diputado Francisco Déniz, “nos encontramos con que la legislación autonómica contempla la previsión de la declaración de zona turística saturada”, pero “sin disponer el procedimiento para su declaración, ni contemplar los efectos derivados de esa declaración”.

En ese sentido, la legislación remite la declaración de una hipotética zona turística saturada a los planes insular de ordenación, “cuyo proceso de elaboración, tramitación y aprobación es tan complejo y tan largo en el tiempo que no permite responder con la presteza y efectividad que requiere la necesaria respuesta de las administraciones públicas a las situaciones que pueden dar lugar a la declaración de zona turística saturada”.