La situación del sistema de dependencia es uno de los agujeros negros de la gestión pública en estos tiempos. Lo es por su incidencia en una capa relevante de la sociedad y también por el poder de comunicación que lo acompaña. En la era de los rankings, cualquier gestor autonómico quiere verse bien señalado en la competición a 17 en que se ha convertido la política española. Esto es particularmente cierto en materia de políticas sociales, dominadas por el grosor de la lista de espera para ser operado o, muy especialmente, por la demora en obtener una prestación pública por razón de edad o discapacidad. En Canarias se complica aún más por la intervención de los cabildos insulares, con sus propias competencias en materia de inversión social y siete realidades agrupadas en tres bloques de islas con distinta realidad demográfica. Digamos que como poco es una tarea difícil. Lo cierto es que es algo casi imposible de manejar.

Una gestión eficiente de las políticas sociales es un termómetro muy adecuado para medir la solvencia de un Gobierno. También para consolidar su mensaje reformista y el calado de su propuesta. Al Ejecutivo canario, formado por cuatro partidos, le pasa en este campo algo parecido a lo que acontece con el Gobierno de España, el primero constituido por una coalición de dos organizaciones políticas, de izquierda en este caso. Nos explicamos. El PSOE trata de sostener la gestión de los asuntos complejos y Podemos se siente más cómodo en los gestos y las proclamas. Seguramente está en el ADN de cada cual. Uno es un partido con décadas de experiencia y acción de gobierno en diferentes estamentos y el otro, un recién llegado surgido del activismo social y la presencia mediática. Lo cierto es que, al final, los ciudadanos esperan resultados capaces de avalar mensajes. La presencia de Podemos en el Gobierno de Canarias ha resultado menguante porque hay dudas sobre lo primero y muy poco sobre lo segundo.

El estado de opinión mayoritario, sea cierto o implantado por repetición, indica que la Consejería de Derechos Sociales del Ejecutivo, gobernada por Noemí Santana, hace un trabajo mejorable. Los indicadores sobre la gestión de la dependencia, en particular, ofrecen sombras combinadas con alguna luz. La lista de espera crece a pesar del incremento en la incorporación de personas con una prestación reconocida, de modo que con la dependencia en Canarias ocurre como con otros tantos asuntos y surge el dilema siguiente: ¿nos quedamos con la buena noticia o con la mala? La oposición lo tiene claro y describe un estado caótico de las cosas. El Gobierno defiende su hoja de servicios, pero lo hace por un método poco eficaz, el de recordar que las cosas ya estaban muy mal y que la herencia era catastrófica. Es un discurso con un recorrido bastante limitado, incluso en circunstancias tan especiales como las que hemos vivido, con una pandemia poniendo palos en las ruedas de la maquinaria pública, y más en aquellos campos que afectan en mayor medida a la población vulnerable, la que está en residencias de mayores o discapacitados y recibe con temor las sucesivas oleadas de Covid, que, esto hay que decirlo también, ha resultado mucho menos mortífera en el Archipiélago que en otros territorios del Estado español.

Dadas estas circunstancias, no resulta sorprendente que el nombramiento en una Dirección General, la de Dependencia y Discapacidad, haya adquirido las proporciones de un acontecimiento político de relieve cuando se afronta ya el tramo final de la legislatura. Se ha dado por sentado que Podemos, el partido de los eslóganes sobre un nuevo modo de hacer política, tiraba la toalla para entregar el mando a las experimentadas manos de una militante del PSOE con buenas credenciales de gestión en la materia. La gestión pública tiene mucho más de técnica que de alquimia, y esto lo sabe perfectamente Marta Arocha, relevo del vehemente Miguel Montero en un departamento que será en 2022 uno de los termómetros básicos para medir la hoja de servicios del Pacto de las Flores.

Las primeras manifestaciones de Arocha una vez aterrizada en el cargo apuntan al pragmatismo como estrategia. Los males del sistema canario de dependencia son crónicos y dejan escaso margen para la genialidad, porque un déficit de 9.000 plazas públicas no se resuelve en pocos meses. La nueva directora general, que además de una gestora reputada es una socialista con fino instinto político, ha llegado con un mensaje de cambio compatible con el reconocimiento a los logros obtenidos por el equipo anterior. Afirma que las cosas están mejor que cuando ella dejó ese mismo cargo, allá por noviembre de 2016, y atribuye a la gestión de Podemos el refuerzo de las plantillas y la mejora de los procedimientos. Su mensaje, en este sentido, es más claro y didáctico que el mostrado jamás por la propia formación morada en este terreno. A partir de ahí, señala que las prestaciones económicas cobrarán mayor peso en un escenario como el actual, en el que resulta imposible bajar las listas de espera solo con el recurso de las plazas públicas disponibles, que son y serán escasas. Falta por explicar por qué este camino no fue transitado con mayor intensidad en el pasado, cuando es sabido que en la gestión pública muchas veces lo mejor es enemigo de lo bueno.

La política social y sus resultados en el contexto de la legislatura va a ser una asignatura estrella en el curso político de 2022. Más incluso que una sanidad condicionada por la pandemia y una política educativa que por fin encontró calma de la mano de la experiencia, aun con limitado espíritu transformador. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué fue del mensaje reformista del actual Ejecutivo? Eso quizá quedará para una posterior legislatura..., si la hay.