La cadena hotelera RIU ha convocado al comité de empresa del Oliva Beach para comunicarle el expediente de regulación de empleo (ERE) que va a presentar con carácter inmediato, con el argumento de la disminución de ingresos en los últimos trimestres, y que afectaría a una plantilla de 371 trabajadores.

Como telón de fondo se encuentra la falta de autorización al proyecto de remodelación del hotel, que la empresa presentó en diciembre de 2017. El pasado mes de abril, los sindicatos UGT, Comisiones Obrera e Intersindical Canaria reclamaron al Gobierno central que autorizase el proyecto.

Ahora, la empresa hotelera ha convocado a los trabajadores a una reunión el miércoles para comunicarles los detalles del ERE, según avanzaron este lunes los periódicos del grupo Prensa Ibérica.

La empresa 'Geafond número uno Lanzarote', administrada por Carmen Riu, argumenta que ha visto reducidos sus ingresos en los tres últimos trimestres y que esa circunstancia justifica la regulación de empleo. En 2015, la citada compañía facturó 22,8 millones, en 2016 ingresó 26,5 millones y en 2017 unos 27,9 millones, con beneficios de entre 1,2 y 3,6 millones.

Con respecto a las obras, desde septiembre del año pasado un informe del jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, Rafael López Orive, pone objeciones a una de las fases del proyecto presentado por RIU, que confiaba en iniciar las obras el pasado mes de noviembre.

La primera fase del proyecto consiste en la remodelación del hotel, con la reforma interior de las habitaciones y las terrazas. También se incorporan obras de accesibilidad interior y adaptar el edificio a la normativa de incendios, así como reformas en los salones, con cambios de uso. El presupuesto para esta fase es de 7,4 millones de euros.

La segunda fase es donde se producen las objeciones, según el informe del jefe de la Demarcación de Costas, desvelado por Diario de Fuerteventura. Se trata de la denominada “modernización y reformar” de los apartamentos. Está previsto intervenir sobre 360 apartamentos, con reformas interiores de los inmuebles y de las zonas comunes.

Así, el proyecto presentado por la cadena hotelera incluye la “construcción de 15 apartamentos” en “una nueva ubicación” y la “modificación de zonas de uso público y gratuito por zonas de uso privativo”. El presupuesto para esta segunda fase del proyecto asciende a 10 millones de euros. La última fase es la ejecución de una piscina para los apartamentos por 331.000 euros.

Las objeciones de Costas

El jefe de la Demarcación de Costas de Canarias destacó en su informe que el Ayuntamiento de La Oliva indicó “reparos” en su dictamen “sobre modificación de volúmenes de edificación”.

Al incluir también demolición de apartamentos, la construcción de otros nuevos en un emplazamiento distinto y la modificación de zonas de uso público por otras de uso privativo, la “opinión” de la Demarcación de Costas es que RIU tendría que “tramitar una modificación de las características de la concesión” del dominio público que ostenta.

“La solicitud de modificación de zonas de uso público y gratuito por zonas de uso privativo conllevará, en nuestra opinión, la previa justificación por la entidad peticionaria”, en este caso RIU, de que sigue cumpliendo una de las prescripciones de la autorización de Costas, relativa a garantizar “el acceso público y gratuito” a una superficie de 18.122 metros cuadrados que pertenecen al dominio público que forman parte de la concesión, indica el jefe de la Demarcación en su informe.

Además, recalca, para “la demolición de apartamentos y la construcción de nuevos” debe justificarse que no existe una “modificación de derechos preexistentes sobre los mismos”.