La mercantil Geafond número 1 Lanzarote SA, propietaria del Hotel RIU Oliva Beach, ha desistido de la solicitud de autorización que estaba tramitando ante la Dirección General de la Costa y el Mar para realizar obras de reforma y remodelación en ese establecimiento. Costas ha archivado el procedimiento.

Sin embargo, esto no significa que el hotel renuncie a hacer obras. Según fuentes de la empresa, desisten de la vía ante el Ministerio “con la esperanza de que se abra la vía del Gobierno de Canarias”.

Hay que recordar que es inminente el traspaso de las competencias de costas entre el Ministerio y la Comunidad Autónoma. A pesar de varios retrasos, está previsto que la firma de traspaso de esas competencias se realice durante este mes de enero después de que se haya celebrado una comisión técnica con representantes de la Consejería de Transición Ecológica y del Ministerio, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía de Canarias.

Según estas fuentes, “con el Ministerio es inviable porque cuando no es una cosa es otra y no es posible llegar a un acuerdo”.

El proyecto de remodelación que presentarán ante el Gobierno de Canarias será el mismo. “Si hay que reformularlo, ya lo veremos, pero es que el Ministerio no nos ha dejado ni discutir el proyecto y esperamos, al menos, poder sentarnos a la mesa con alguien”, señalan desde la cadena hotelera.

“Tenemos la esperanza de que el interlocutor de la vía del Gobierno de Canarias tenga otro talante porque hasta ahora ha sido todo traba tras traba”, reiteran.

En el año 2003, se dio la concesión a la cadena hotelera para ocupar casi 60.000 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre en las Dunas de Corralejo. La concesión se extendió en 2016 por una prórroga extraordinaria durante 75 años más.

Para hacer estas obras, necesita una autorización previa de la Administración, ya que es una de las condiciones de la concesión, al tratarse de una “gran reparación”.

La cadena hotelera solo está autorizada a llevar a cabo obras de reparación, mejora, consolidación y modernización, sin aumento de volumen, altura ni superficie. La reforma del hotel consiste en subir su categoría de tres a cuatro estrellas, además de construir quince nuevos apartamentos.

En diciembre de 2017, se presentaron tres proyectos de obra: la reforma del Hotel RIU Oliva Beach, la de los apartamentos anexos y la ejecución de unas piscinas. Costas informó favorablemente el primero de los proyectos, pero no de los otros dos.

La Dirección General de Costas solicitó hasta en siete ocasiones que la cadena hotelera subsanara las deficiencias encontradas y marcó la necesidad de presentar un único proyecto completo.

La empresa envió el proyecto sin firma en dos ocasiones y en el documento de archivo. Costas afirma que no presentó la documentación, a pesar de los “múltiples e insistentes requerimientos”.

También presentó sin firma el proyecto para la autorización de la desaladora que se encuentra en los sótanos del Hotel Oliva Beach.

Ante el desistimiento ahora por parte de la empresa, el colectivo ecologista Turcón pidió que se denegara y que, por contra, se caducara el expediente, en lugar de que solo se archivara la solicitud, pero Costas no admitió esa alegación, que fue la única realizada.

Expedientes

Por otra parte, el Ministerio para la Transición Ecológica inició un expediente de revisión de oficio de la concesión del Oliva Beach, cuyo plazo venció.

El Consejo de Estado sugirió que, en vez de una revisión de oficio, que implicaría que el Ministerio asumiese un error cuando dio la concesión, optase por una caducidad del permiso por incumplimientos de RIU.

El procedimiento para anular la concesión se basa, principalmente, en que la empresa propietaria del hotel no es la única titular de los terrenos, sino que hay una veintena de propietarios que no están englobados en la concesión.

A esto hay que añadir la solicitud del Consejo de Estado al Ministerio para la Transición Ecológica, para que investigue y aclare si las instalaciones del Oliva Beach, el hotel y los apartamentos, “se construyeron en el dominio público marítimo terrestre de manera ilegal”.

Un dictamen de este organismo señala que todo el establecimiento podría estar construido en la playa, no en zona dunar, por lo que toda esa zona debería haber sido considerada dominio público marítimo terrestre.

Además, el mismo Ministerio inició el expediente para declarar la caducidad de la concesión del dominio público marítimo terrestre que ocupa el hotel Tres Islas, de la misma cadena RIU, junto al Oliva Beach.

Esa concesión se otorgó en 2007 por un plazo de 30 años sin posibilidad de prórroga. El motivo del expediente de caducidad de la concesión, que abarca una parcela de 30.438 metros cuadrados, radica en que la empresa propietaria del Tres Islas (Sonco Canarias, propiedad de RIU) habría construido de forma ilegal varias habitaciones en la azotea del establecimiento alojativo.

Sobre el hotel hay varios expedientes más, entre ellos un expediente sancionador, sin concluir desde el año 2008.