La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, y su pareja, el periodista Carlos Sosa, han defendido la legalidad en la relación laboral que mantuvieron con la empleada de hogar que trabajó en su vivienda entre 2012 y 2014 y, posteriormente, entre 2015 y 2020, así como que el trato que le dieron fue "exquisito".

En el juicio que se ha celebrado este lunes en el Juzgado de lo Social número 7 de Las Palmas de Gran Canaria contra Rosell y Sosa por, presuntamente, despedir en julio de 2020 de manera irregular a la empleada de hogar Simona Chambi, de origen boliviano, la letrada de la pareja ha solicitado que se desestime la demanda por haber caducado el plazo de presentación de 20 días.

Al margen de sostener que esta acción por parte de la demandante se produjo fuera de plazo, la abogada de Rosell y Sosa ha defendido la legalidad del despido del que fue objeto el 16 de julio de 2020 por desestimiento y con el abono de la liquidación que le correspondía y que ascendió a 834 euros.

El letrado de la empleada de hogar, Federico Vicente Marín, sin embargo, considera nulo e improcedente el despido del que fue objeto Simona Chambi, que se produjo cuando la trabajadora estaba de baja laboral por enfermedad porque le habían operado de cataratas, y que la demanda por despido se ajusta al plazo legal, por lo que ha pedido a la jueza que estime su petición.

Marín sostiene que Chambi trabajó 13 meses en casa de Rosell sin cotizar a la Seguridad Social y que en ese periodo recibió su sueldo en metálico durante nueve meses y los otros cuatro mediante transferencia bancaria y que la indemnización que le corresponde por el despido es de ocho años de antigüedad.

Rosell ha afirmado en su declaración que esta acción judicial en su contra obedece a un intento de Vox de "montar un espectáculo", tratando de difundir que hubo pagos en b que nunca existieron y que tampoco figuran en la demanda, y que estuvo contratada sin estar dada de alta a la Seguridad Social, lo cual, dijo, tampoco es cierto.

La magistrada en excedencia y miembro de Podemos ha explicado que la trabajadora dejó el empleo en noviembre de 2014 porque tuvo que regresar a su país para cuidar de su madre y que se le pagó ese mes completo y otros dos como indemnización y que, además, se le ayudó económicamente para la compra de los pasajes y se le envió dinero, dada la situación difícil que atravesaba en su país.

Por ello, figuran cuatro transferencias desde su cuenta bancaria a la de la trabajadora entre los meses enero a junio de 2015, las dos primeras aún con el concepto de sueldo, por la indemnización, y en las otras ya figura otro concepto, porque fueron pagos para ayudarla.

Rosell ha asegurado que gracias a la ayuda que le prestó logró regularizar su situación en España a partir de 2017 y ha insistido en que siempre trataron de apoyarla a ella y a sus hijos cuando tenían problemas. Además, ha afirmado que el contrato era de cuatro horas, a tiempo parcial, y se iba a su hora y de manera puntual, porque uno de los otros empleos que tenía empezaba tras el suyo.

Además, ha señalado que era la única empleadora que le tenía dada de alta en la Seguridad Social y ha explicado que durante las vacaciones, como vivía cerca de su casa, iba a regar las plantas y en una ocasión también se hizo cargo de una mascota, y que ello fue por la buena relación y la confianza que existía entre ambas.

Cuando regresó a España, se le contrató de nuevo pero como ella estaba en plena campaña electoral e iba a trasladarse a vivir a Madrid, fue su pareja quien actuó como empleador esta segunda vez, cuando volvió a darle de alta en la Seguridad Social, de cuyo abono se hizo cargo Sosa, aunque su salario se le pagaba a través de la cuenta bancaria de Rosell.

Durante el periodo de confinamiento, Sosa le comunicó que no fuera a trabajar, si bien le mantuvo su salario y las cuotas a la Seguridad Social, ha destacado la abogada.