El sindicato STEC-IC ha solicitado este martes "blindar" a los docentes interinos en Canarias, y no sacar esas plazas a concurso, de modo que solo se convoquen oposiciones ordinarias.

Todo ello, para evitar que más de la mitad de los profesores interinos que trabajan en estos momentos en el sistema público educativo de Canarias vea peligrar su futuro con el concurso de méritos en marcha.

Emilio Armas, integrante del secretariado nacional de STEC-IC, ha explicado a EFE que los resultados provisionales de este concurso son "devastadores", porque "se supone que iba a dar estabilidad al profesorado en fraude de ley por abuso de temporalidad".

Pero en la práctica, el 52% de los docentes que podrían obtener plaza a través de este procedimiento no ejercen en Canarias.

Armas ha apuntado a la previsión de que el próximo 13 de junio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publique una sentencia "en los mismos términos" que la que declaró la fijeza del personal laboral, en este caso específica sobre el profesorado.

Prevé que los fundamentos en los que se basó la primera sentencia serán los mismos que rijan para el profesorado interino.

Si esto sucede, STEC-IC defiende que el proceso de estabilización, vía concurso de méritos y de oposiciones, "debería paralizarse de inmediato y convertir de forma inmediata" en funcionarios de carrera a todos los docentes interinos con al menos tres años de experiencia, hayan obtenido o no plaza en el procedimiento en marcha.

Al consejero de Educación, Poli Suárez, le propondrán que hasta que el Gobierno de España no decida cómo articular ese procedimiento de fijeza que "se blinde" a los docentes interinos y que "se les guarde un cupo de plazas que no se toque", y solo se convoquen las de nueva creación.

Y es que, ha ahondado Emilio Armas, solo en jubilaciones, más algún fallecimiento, quedan libres en torno a 900 plazas anuales, una cifra que cree irá en aumento en los próximos años en vista del envejecimiento de la plantilla.

En paralelo, STEC-IC está tramitando por la vía legal reclamaciones de fijeza individuales en un proceso que "tardará meses", incluso "muchos años" si la reclamación llega hasta instancias europeas.

El sindicato tiene previsto iniciar una ronda de contactos con los grupos del Parlamento de Canarias y, "si fuera necesario, en función de la respuesta de la Consejería", ya trabaja en "posibles medidas de presión. Esperemos que no haga falta llegar a ese nivel", cierra Armas.