La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha firmado un convenio de cooperación con la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para la elaboración de la Estrategia Canaria de Transición Justa y Justicia Climática del Archipiélago.

El consejero responsable del Área, José Antonio Valbuena, aclaró que el objetivo fundamental de esta Estrategia será "no dejar a nadie atrás en esta transición verde que estamos promoviendo desde las islas y acabar con las situaciones de pobreza energética, así como favorecer un marco de oportunidades de formación y mejora del acceso a los nuevos nichos de actividad económica y de empleo que se pueden generar en el futuro en sectores estratégicos".

Valbuena también destacó que con la firma de este acuerdo se logra poner en marcha el último instrumento previsto en el ecosistema normativo que ha diseñado su Consejería para esta legislatura. Además, añadió que estará vigente hasta 2040 y será revisable cada diez años, al igual que ocurre con la Estrategia de Acción Climática.

Por su parte, el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, Miguel Ángel Pérez, recalcó el papel destacado que han tenido las universidades públicas canarias en el desarrollo de las normativas puestas en marcha por su Consejería y la apuesta decidida de este Gobierno por potenciar la figura de estas instituciones en el campo de la investigación y el conocimiento sobre los efectos y soluciones ante la crisis climática.

Asimismo, explicó que el importe total del encargo ascenderá a 202.282,14 euros, a repartir entre los dos organismos y que tendrá un plazo previsto de diez meses.

Dentro del convenio se incluye la elaboración en paralelo de informes sobre la situación del sector del transporte y la movilidad sostenible, el mercado de trabajo y las tendencias en el contexto de la descarbonización, el modelo de formación y la identificación de necesidades y tendencias, la situación de sectores como el turismo o la agricultura en este contexto climático, la economía circular en la UE o la disponibilidad de agua y su planificación futura, entre otros aspectos.

De esta manera, se pretende identificar riesgos y vulnerabilidades por territorios y sectores, proponer acciones para minimizar dichos riesgos, definir sistemas de gobernanza e identificar inversiones y acciones con incidencia climática que puedan generar mayores beneficios y servicios para la población.

Con este instrumento, el ecosistema legislativo que ha diseñado la Consejería para la lucha contra el cambio climático en Canarias estará compuesto por las leyes de Cambio Climático y Transición Energética, Biodiversidad y Recursos Naturales y Economía Circular; las estrategias de Transición Justa y Justicia Climática y de Acción Climática; y los planes de Transición Energética, Residuos y Acción Climática.