El concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra (PP), no ve “ningún significado político” en el Monumento a la Victoria, conocido popularmente como monumento a Franco, y por eso justifica el estudio para la puesta en marcha de la fuente que alberga.

En declaraciones a Cope Tenerife, Díaz Guerra ha asegurado que se trata de “una fuente magnífica, monumental”, y que nunca ha tenido para él “ningún significado político”, y cree que en eso coincide “el 99 por ciento de la gente”.

“Cierto que hay una ley -de Memoria Histórica- que dice que para algunas personas tiene otro significado”, ha admitido el edil popular, quien ha añadido que como responsable público no puede tener “un patrimonio municipal deteriorándose”.

De ahí el estudio que ha encargado para ver cuánto dinero costaría poner en marcha la fuente, situada entre la Rambla de Santa Cruz, antes Rambla del General Franco, y la avenida de Anaga.

Entiende Díaz Guerra que esa fuente, una vez puesta en marcha, resultaría “un atractivo turístico”.

Sí Podemos Canarias y Unidas Podemos advertían este viernes de que esta intervención “atenta contra la Ley de Memoria Histórica de Canarias”.

Ambas formaciones rechazan cualquier medida que implique la recuperación de un espacio que homenajea “las atrocidades cometidas por la dictadura franquista, que atenta contra la Ley de Memoria Histórica de Canarias y, por ende, contra todas las personas que fueron asesinadas o represaliadas durante la misma”.

El grupo insular de Sí Podemos Canarias defiende que “el concejal no es quién” para decidir poner en marcha esta fuente de forma unilateral “acogiéndose a un criterio meramente personal bajo el que considera este elemento como parte del patrimonio santacrucero”.

Al respecto, recuerdan que el monumento “ni tan siquiera está considerado, ni merece la consideración” de Bien de Interés Cultural (BIC), como ha quedado acreditado por el Cabildo de Tenerife y por la Universidad de La Laguna.

Sí Podemos Canarias afirma que a raíz de la solicitud para su protección, promovida por una asociación simpatizante del régimen totalitario franquista “que irónica e inconcebiblemente forma parte de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo”, se ha vuelto nuevamente a confirmar “que la escultura enaltece la figura del dictador” y no reúne valores artísticos o patrimoniales que merezcan su protección.

Todo ello hace evidente que hay que respetar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de Canarias “y proceder a la retirada definitiva de este elemento, ya que exalta valores y hechos históricos antidemocráticos que provocaron sufrimiento y atraso a esta tierra”, añade.

Además, Sí Podemos Canarias recuerda que en un pleno celebrado el pasado mes de noviembre todos los grupos políticos presentes en el Cabildo adoptaron un acuerdo institucional para la retirada de todas las distinciones y los honores que recibió Franco en la isla, algo que no supone “sino cumplir con la ley, por lo que resulta todavía más intolerable que el Ayuntamiento capitalino siga permitiendo la presencia de vestigios franquistas en espacios públicos”.

Guillermo Díaz Guerra ha esgrimido que “en este momento no hay ninguna resolución que nos obligue a demoler ese monumento, esa fuente”, y ha añadido que “si hay que resignificar esa fuente, posiblemente podamos conservar toda la parte ornamental de impulsión de agua y mantenimiento del estanque, que es a lo que se ciñe nuestro trabajo”.

“Si mañana nos llega una resolución judicial o administrativa que nos obliga a demoler la fuente, ya veremos lo que habría que hacer, pero mi obligación es saber cuánto nos cuesta arreglarla”, ha insistido.