El inspector jefe de la Policía Nacional que dirigió inicialmente la investigación del caso Mediador ha denunciado en los juzgados el robo de dos teléfonos móviles de Marco Antonio Navarro Tacoronte, el intermediario que da nombre al caso, y que fueron el origen de la causa.

La oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirma a EFE que el Juzgado de Instrucción 5 de Santa Cruz de Tenerife ha recibido esta denuncia y otra del mismo inspector por supuestas injurias y calumnias.

El diario digital The Objective publica que esta segunda denuncia la dirige contra algunos de los agentes que están ahora al frente de la investigación del caso Mediador, por haberle acusado de someterlos a acoso laboral.

También informa de que los móviles de Navarro Tacoronte los guardaba el denunciante en una caja fuerte en su despacho, en dependencias policiales.

Las fuentes del alto tribunal canario detallan que el Juzgado de Instrucción 5 de la capital tinerfeña ha abierto diligencias en el caso de las supuestas injurias y calumnias, y en el del robo de los móviles, al considerar que es un supuesto delito inconexo, se ha inhibido y lo ha mandado a reparto, sin que de momento la denuncia haya sido admitida a trámite.

El caso Mediador se destapó de rebote, tras la presunta denuncia falsa interpuesta por el exdirector general de Deportes del Cabildo de Tenerife Ángel Luis Peña Pérez, quien acudió a finales de 2022 a una comisaría alegando que en su tarjeta aparecían cargos por valor de 2.575 euros efectuados sin su permiso por Marco Antonio Navarro Tacoronte.

La denuncia fue interpuesta después de que su esposa viera unos gastos que le llamaron la atención y que el exdirector general dijo que se habían hecho sin que él lo supiera, por lo que su pareja acto seguido le instó a acudir a comisaría.

Meses más tarde, Navarro Tacoronte fue detenido durante dos días en un calabozo por esos hechos, hasta que alegó que en sus teléfonos móviles tenía mensajes y documentos que probaban que los cargos se habían hecho con conocimiento del denunciante, además de una ingente cantidad de fotos, audios y detalles que acabaron aflorando una trama de presuntos sobornos a políticos.

Con ese material, la juez instructora empezó a investigar supuestos pagos de sobornos a políticos por parte de empresarios que perseguían tratos de favor, un caso que ya suma más de 20 imputados, entre ellos el exdiputado nacional Bernardo Fuentes Curbelo (PSOE) y miles de folios instruidos.