El Cabildo de Lanzarote considera que “no existe la más remota posibilidad” de legalizar la invasión del vial de acceso a la costa ocupado por el Hotel Papagayo Arena, en Playa Blanca. El Cabildo pidió primero la demolición del hotel y después el precinto “al carecer de cobertura jurídica alguna y no contar con ninguna expectativa de legalización”.

A mediados de diciembre se celebró una vista en el Juzgado de lo contencioso 5 de Las Palmas que debe decidir sobre cómo se ejecuta la sentencia que anulaba las licencias de este hotel. El principal motivo de ilegalidad es un vial de acceso al mar que separaba dos parcelas. El vial, en la práctica, no existe, y se unieron las parcelas.

La sentencia obliga a demoler todo lo construido sobre ese vial, mientras que la empresa propietaria del hotel presentó una solución “de accesos al mar” por el exterior de la parcela, que el Cabildo considera que es una aberración jurídica y que tampoco fue incluida en el Plan General de 2014 porque se llevaría a cabo sobre zona de servidumbre de protección de costas.

La licencia de obra del hotel fue anulada en el año 2007 y el intento de obtener un nuevo permiso posterior tras la aprobación del Plan General de Yaiza de 2014 también fue tumbado por el Tribunal Supremo.

El hotel incumple, entre otros parámetros, la altura y el número de plantas máximas y supera notablemente las condiciones de edificabilidad del plan parcial Las Coloradas, ocupando 20.000 metros cuadrados de más.

Continúa el enfrentamiento entre el Cabildo, la Fundación César Manrique y Transparencia Urbanística, personadas en la ejecución, por un lado, frente al Ayuntamiento de Yaiza y la empresa propietaria del hotel.

El Juzgado había solicitado a Yaiza que emitiera un informe que verifique la compatibilidad del proyecto de legalización presentado por la propiedad del hotel para ver si puede conseguir la licencia, así como sobre la edificación ya ejecutada sobre el vial, con la normativa urbanística y los instrumentos de planeamiento vigentes.

La arquitecta municipal informa que no existen dos parcelas, sino una, y pone sobre la mesa una licencia de ocupación del vuelo, que es la salida que ha estado planteando el hotel desde hace años. Esa licencia, otorgada por decreto, ya está anulada desde hace 14 años.

La arquitecta concluye que el proyecto de legalización de la edificación ejecutada sobre el vial peatonal es incompatible con el planeamiento, si bien pide a la propiedad que justifique la solución alternativa que plantea.

Además, considera que el proyecto de legalización y las obras previstas en el hotel cumplirían edificabilidad, plazas turísticas, altura y ocupación y que las obras podrían ser legalizables si se llevasen a cabo las demoliciones que contempla el proyecto.

La sentencia obliga a demoler todo lo construido sobre ese vial, mientras que la empresa presentó una solución “de accesos al mar” por el exterior

A la vista de ese informe, la representación legal del Cabildo de Lanzarote considera que “es evidente” que la arquitecta municipal no ha contestado uno de esos requerimientos y “ha optado por esquivar la cuestión estrictamente urbanística a la que muy claramente se refiere dicho apartado del requerimiento desviando el contenido de su informe a una cuestión totalmente distinta, además de carácter jurídico, sobre la que no se ha requerido informe”.

Se refiere el Cabildo a que la arquitecta informa sobre la supuesta adecuación del proyecto y de la edificación a la ocupación del vuelo. Según el Cabildo, el informe de la arquitecta municipal se limita a reproducir la normativa establecida en el Plan de Yaiza de 2014, pero no analiza su adecuación a ella, “sin duda porque es palmario que la incumple”.

Para el Cabildo, ha quedado plenamente acreditado que la normativa siempre ha contemplado el vial público que separa las parcelas 1 y 2 del Plan Parcial de Las Coloradas, y lo que pide es que se emita de nuevo el informe y que se amplíe el requerimiento a la comprobación de los espacios destinados a retranqueo. Transparencia Urbanística se une a esa petición.

Contestación

La propiedad del establecimiento, en contestación a ese escrito del Cabildo, es muy dura. Dice que “como el informe no se pronuncia en el sentido que desearía el Cabildo Insular, absoluta incompatibilidad del hotel y demolición del mismo, presenta un escrito en el que, traspasa, una vez más, las mínimas reglas de respeto institucional y ataca frontalmente la independencia de la que goza todo funcionario público”.

El Cabildo considera “presuntamente criminosa” la utilización de una licencia de vuelo anulada para “justificar” la “legalización” del hotel

Según los dueños, se trata de una “campaña de permanente descalificación del Cabildo frente las instituciones que, en el ejercicio de las funciones constitucional y legalmente asignadas, dictan una resolución que no se ajusta al propósito de demolición que persigue a toda costa esa Administración insular”.

La representación del hotel insiste en que las obras previstas cumplen la normativa urbanística aplicable y pueden ser legalizables a través del procedimiento que se está tramitando. “No se puede seguir permitiendo esta actitud del Cabildo Insular, que no ejerce sus competencias y no deja tampoco que el Ayuntamiento ejerza las suyas e impide que exista un pronunciamiento acerca de la legalización”, señala en su escrito.

El hotel pide al Juzgado que el Cabildo informe ya si el proyecto de legalización presentado cumple la normativa en materia turística y, en su caso, emita la correspondiente autorización sectorial previa. Y que le aperciba, si no cumple con esta medida y se exija responsabilidad penal.

Otra contestación

Ante ese escrito, el Cabildo vuelve a contestar. Señala que el decreto sobre el derecho de vuelo es un acto inaplicable porque se funda en una normativa que ya está derogada y estaba vinculado a una licencia de obras también anulada que autorizó un uso del suelo de forma radicalmente ilegal. “Estamos ante un acto que no solo es nulo, sino también presuntamente constitutivo de delito”, señala el Cabildo.

“La eventual aplicación ahora del referido acto por parte del Ayuntamiento de Yaiza obviando los vicios en que ostensiblemente incurre para tratar de justificar o fundar en el mismo la ‘legalización’ del hotel, no solo constituiría una actuación radicalmente nula, sino también –y lo decimos con toda claridad- presuntamente criminosa, porque se estaría aplicando un acto radicalmente nulo a sabiendas de su ostensible ilegalidad”, afirma la institución insular.

Aclara que pide que haga otro informe, no que el dictamen lo haga otro técnico, y que no se tenga en cuenta ese decreto, que no forma parte del planeamiento urbanístico. “El hecho de que en el Catastro y en el Registro de la Propiedad solo exista una parcela, resulta verdaderamente irrelevante en esta ejecución, porque ello obedece precisamente a que no se ha ejecutado la sentencia” que anuló la licencia del hotel que a su vez anulaba, entre otras cosas, la agrupación de parcelas.