El departamento de Ordenación del Territorio considera una “irregularidad procedimental” que para un espectáculo público se utilice un precepto legal de base medioambiental, territorial o urbanística.

Montelongo reconoce que el tesorero advirtió que no se estaba respetando el orden de prelación de pagos de facturas, pero que tenía “plena confianza en el interventor”.