Para que se produzca un desahucio, tiene que haber una orden judicial que autorice tal desahucio. Normalmente, esa orden del juez o la jueza de turno, se produce por la influencia del poder económico de quien solicita el desahucio, sin que previamente se produzca un estudio por el juzgado de turno de las personas y familias a quienes afecta el desahucio, aunque no lo reconozcan, ni la repercusión social que ello tiene, además supone una violación flagrante por el juzgado correspondiente del artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna. Por eso, hay que decir que esa justicia de los desahucios, es la justicia de los ricos contra los pobres, y por eso es necesario que se conozcan, con nombre y apellidos, de los jueces y juezas que autorizan tales atropellos, para su oprobio y escarnio público.

Esta semana en Antigua, Fuerteventura, la justicia de los ricos ha autorizado 12 desahucios, en una barriada en la que los inquilinos venían pagando sus alquileres mensualmente, con contratos legales de sus viviendas, en un principio propiedad del constructor, que luego pasaron a propiedad de la Banca March, la Banca que financió el golpe militar de Franco en el 36 contra el Gobierno legal de la República.

La Banca March ha conseguido la autorización judicial para realizar los desahucios, pese a que algunos vecinos tenían una sentencia que decía que debían respetar los contratos hasta su finalización, que el banco se negaba a cobrar sus mensualidades. Pero como la banca siempre gana, hasta hace modificar sentencias del T.S como la del pago del impuesto de las hipotecas, de reciente modificación, hoy, apoyada de secretarias judiciales y dos patrullas de la Guardia Civil, han echado a la calle a una familia con tres hijos que no pudo realojarse, las restantes estaban realojadas.

Hay que denunciar que ni el Ayuntamiento de Antigua, ni el Cabildo de Fuerteventura, ni la Delegación de la Vivienda del Gobierno de Canarias han hecho nada contra los desahucios, es la sumisión total a la perversión de la justicia de los ricos.

Mientras se producía este desahucio, se conocía la noticia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminaba que Otegui no tuvo un juicio justo, y ha condenado a España por no atender la recusación por parcialidad contra la Jueza de la Audiencia Nacional Angela Murillo.

También hoy, hemos conocido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá que pronunciarse sobre la condena a Valtonyc, condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel por delitos de amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, por cantar. De nuevo cantar es delito.

Ayer conocíamos la sentencia de 4 años a un ciudadano por robar un bocadillo para comer.

Como podemos apreciar, la justicia de los ricos es cada vez más brutal, y más injusta, y aquí parece que no se mueve un dedo contra ella. El PP, en sus años de gobierno, creó un aparato judicial antidemocrático y clasista, inspirado y dirigido por los restos de los jueces provenientes del franquismo, para defender a los ricos y castigar a los pobres. Para que los corruptos banqueros, empresarios y dirigentes políticos no vayan a la cárcel, y se persiga a los pobres.

Hay que decir basta a esta justicia, y hay que salir a la calle para acabar con esta lacra fascista y clasista en los juzgados.