Cuando se iba a materializar la compra de la Casa del Inglés por parte del Cabildo, soltó una suerte de queja: “Oye, que esto es de mi familia”. La familia en cuestión es la González Arroyo, que ha pastoreado la política en La Oliva, salvo alguna puntual interrupción, desde hace más de 40 años. No esgrimen la resolución de ningún órgano judicial que les haya dado la razón sobre la propiedad de esa vivienda del siglo XVIII, muestra casi única de la arquitectura de la burguesía rural, erigida por Julián Leal Sicilia. Sus ahora cansadas paredes fueron también morada del naturalista inglés Parkinson y, después de la Guerra Civil, estuvo ocupada por el ejército. Desde diciembre de 2005 es Bien de Interés Cultural. Una pieza valiosísima del patrimonio majorero, que ha sufrido de manera incomprensible una lenta agonía.

Un cartel clavado a pocos metros ha venido alertando de su situación: “Prohibido el acceso, peligro de derrumbe”. Otro cartel, colocado el pasado enero, ha generado una oleada de reacciones: desde la incredulidad a la indignación. Se atribuye la propiedad a los herederos de Ramón González, padre de Domingo González y abuelo de Pilar González. No consta que el segundo cuando fue alcalde ni la tercera, que lo es ahora, hayan movido un dedo para obligar a que se cumpla el deber legal de conservación del edificio, reforzado al estar protegido.

El cartel, la valla y el candado se colocaron después de que el Cabildo, para restaurar el inmueble, comprase por 314.000 euros a los Manrique de Lara, titulares en el Registro, y desestimase la reclamación de los González Arroyo, lo que añade mala fe al asunto. No se recuerda que El Marqués hiciese ostentación de que una vivienda tan apreciada fuese de su familia. Nunca se sabe. También negaba controlar empresas y en unos meses lleva dos condenas que suman seis años de cárcel y 2,3 millones de multa por fraude a la Hacienda Pública.