La Audiencia Provincial ha rechazado el recurso de Blas Acosta, que se encamina al banquillo de los acusados en el caso Gesturpa. El líder del PSOE en Fuerteventura y actual viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias será juzgado por “conductas ilícitas” en la empresa pública Gesturpa, por lo que se enfrenta a una petición de más de cuatro años de cárcel.

Acosta intentó evitar el juicio e impugnó el auto del Juzgado número seis de Puerto del Rosario que, en septiembre de 2020, acordó dar por finalizada la fase de instrucción y continuar la causa penal por el trámite del procedimiento abreviado, al apreciar indicios de delito societario, administración desleal e insolvencia punible.

En enero de 2021, la defensa de Blas Acosta –en aquel momento presidente del Cabildo de Fuerteventura- presentó un recurso ante el propio Juzgado, que fue desestimado, y de apelación ante la Audiencia Provincial, cuya Sección Primera también lo ha rechazado ahora, en un auto al que ha tenido acceso DiariodeCanarias.es.

Acosta pretendió que la Audiencia Provincial dejase sin efecto el auto del Juzgado de Puerto del Rosario que concluyó la fase de diligencias previas y decretase el sobreseimiento provisional de la causa.

En caso de rechazar esta pretensión que hubiese tumbado el caso Gesturpa, Acosta pedía a la Audiencia que fuese “oído en declaración” sobre la insolvencia punible de la que se le acusa, al considerar que no había sido interrogado de este delito.

La Audiencia Provincial destaca que la resolución del Juzgado que instruyó el caso Gesturpa “contiene una amplia y prolija exposición de los hechos” que fueron investigados en la instrucción sobre las presuntas ilegalidades cometidas en la empresa pública del Ayuntamiento de Pájara, de la que Blas Acosta fue destinado en julio de 2003 como administrador, primero mancomunado y luego único.

“Desde al menos el año 2009 la entidad estaba incursa en causa de disolución por ser su patrimonio neto inferior a la mitad del capital social”, cita la Audiencia, que también resalta que “durante los ejercicios 2012 a 2015 las cuentas sociales no reflejaron la imagen fiel de la situación financiera y económica” de la empresa pública. En otra parte del mismo auto se apunta a que el periodo de cuentas con “datos falseados” abarca los años 2010 a 2015.

Del mismo modo, la Audiencia Provincial apunta a “diversas irregularidades contables apreciadas, en especial, en relación a un préstamo con el Ayuntamiento de Pájara de fecha 27 de marzo de 2012” por un importe superior a los 1,6 millones de euros, “correspondientes a deudas con proveedores y acreedores” de la empresa pública que el Consistorio “habría pagado en nombre de Gesturpa”.

Además, en su auto, la Audiencia Provincial se refiere “a la sobrevaloración de existencias” de la empresa Gesturpa y a que el citado préstamo del Ayuntamiento “generó un sobre endeudamiento de la entidad, sin que conste contablemente justificación de la necesidad de dicho préstamo ni de su destino”.

La Audiencia considera que los hechos “revisten caracteres de delitos” de administración desleal e insolvencia punible

Al contrario de lo planteado por el actual viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias en su recurso, la Audiencia Provincial deja claro que “los hechos derivados de esas diligencias” efectuadas por el Juzgado de instrucción “no son ajenos a los expuestos en la denuncia” original, con los que guardan “concordancia” y por los que “oído” Blas Acosta en sede judicial, donde fue interrogado por informes de auditoría de Gesturpa que concluyen que las cuentas anuales no eran una “imagen fiel” de la situación de la empresa pública.

En ese sentido, la Audiencia concluye que el auto del Juzgado de Puerto del Rosario que finalizó la investigación “cumple las exigencias” de determinar “los hechos punibles”, por los que el acusado prestó declaración como investigado. “Sin perjuicio de ulteriores y más precisas calificaciones”, agrega la Sección Primera, los hechos detallados por el Juzgado “revisten caracteres de delitos de administración desleal” y de “insolvencia punible”, con “indicios” que “han de considerarse suficientes”.

Juicio en octubre

Con la resolución de la Audiencia Provincial que rechaza el recurso de Blas Acosta, el caso Gesturpa se encamina hacia la celebración del juicio, que el Juzgado de lo Penal ya había fijado para el 25 y el 26 de octubre de 2022, después de que el Juzgado de instrucción decretase la apertura de juicio oral.

El Juzgado de la Penal ya había fijado el juicio contra Blas Acosta para el 25 y 26 de octubre de este año

En el juicio, el actual viceconsejero de Economía del Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres se enfrentará, en principio, a una petición de condena de cuatro años y tres meses de cárcel, por delitos de administración desleal e insolvencia punible.

En el escrito de acusación de la Fiscalía se resalta que Blas Acosta, en su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Pájara, llevó a cabo una serie de “conductas ilícitas” a pesar de que sabía que la empresa municipal “incurría en causa legal de disolución” y “se encontraba en una situación de inminente insolvencia”.

En concreto, destaca la Fiscalía, “formuló y propuso la aprobación de las cuentas anuales” de la empresa, propiedad al cien por cien del Ayuntamiento de Pájara, “aun sabiendo que las mismas contenían constantes y graves irregularidades contables”.

Esas irregularidades abarcaban, según el escrito de acusación, la “valoración de existencias, reservas, impuestos diferidos” y la “contabilización de deudas y gastos”. El Ministerio Fiscal subraya que esas deficiencias impedían “sistemáticamente” que las cuentas “reflejasen la imagen fiel” de la empresa pública.

El fiscal Tomás Fernández de Páiz, especializado en delitos económicos, detalla que en 2012, la empresa administrada por Blas Acosta concertó un préstamos con el Ayuntamiento de Pájara por más de 1,6 millones de euros, “con conocimiento de que nunca la entidad podría devolverlo dada su evidente falta de viabilidad económica”.

Ese préstamo, agrega el fiscal, se concedió para el pago de deudas “que no figuraban en la contabilidad” de Gesturpa, una empresa municipal que se concibió originalmente para la construcción de viviendas de promoción pública en el municipio de Pájara.

“Grave perjuicio irreparable”

Otro de los presuntos hechos delictivos que la Fiscalía atribuye a Acosta consiste en el abono en el año 2012 de 897.270 euros a una empresa, Mahlec Mantenimientos, “por cuenta de un tercero” al que “luego nunca le reclamó el pago”. También resalta que la factura se había generado seis años y que no estaba “contabilizada” por parte de la empresa pública del Ayuntamiento de Pájara.

La Fiscalía destaca que el Ayuntamiento le dio un préstamo a Gesturpa de 1,6 millones para el pago de deudas “que no figuraban en la contabilidad”

Según recalca la Fiscalía, Acosta “nunca propuso a la Junta General [de Gesturpa] el pertinente acuerdo de disolución de la sociedad a pesar de que los fondos propios de la entidad, consecuencia de su gestión y especialmente de los actos relatados anteriormente, disminuyeron progresiva e inexorablemente”.

Así, la empresa pública pasó de contar con 241.181 euros de fondos propios en el año 2011, una cantidad que ya era inferior al 15 por ciento del capital social, a arrastrar casi dos millones de euros en negativo cuando Acosta cesó en el cargo, en julio de 2015.

Esta situación, subraya el fiscal de delitos económicos, provocó “un evidente y grave perjuicio irreparable” tanto al socio, que era el Ayuntamiento de Pájara, como a los acreedores de la empresa pública.

La Fiscalía identifica dos presuntos delitos, atribuidos a Blas Acosta: uno de administración desleal, por el que pide una pena de un año y nueve meses de prisión, y otro de insolvencia punible, por el que solicita una condena de dos años y seis meses de cárcel. También solicita inhabilitación para cargo público durante el mismo tiempo.

Multa e indemnización

Por el delito de insolvencia punible, la Fiscalía pide que Acosta sea condenado a una multa de 48.000 euros en concepto de responsabilidad personal subsidiaria. No obstante, el montante económico global solicitado sería mayor en caso de condena, toda vez que la Fiscalía pide que el que fuera concejal de Urbanismo de Pájara indemnice al Ayuntamiento “en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los perjuicios económicos causados” por la gestión de Gesturpa.