PSOE y PP han votado juntos este miércoles en el Senado para instar al Gobierno central a que, “previas las pertinentes consultas, analice la posibilidad de realizar una experiencia piloto de declaración de obligaciones de servicio público” (OSP) en algún vuelo con la Península, para lograr precios máximos de referencia y una garantía de servicio regular.

La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de la Cámara Alta ha debatido y aprobado sin votos en contra (aunque dos abstenciones han evitado la unanimidad) una moción del PSOE que pide al Gobierno abordar esta posibilidad “tanto desde el punto de vista de compatibilidad con el marco normativo comunitario como del efecto de dichas obligaciones sobre el mercado y sobre los usuarios”.

La moción plantea optar por “la conexión aérea de Canarias con el resto del territorio nacional que mejor permita analizar sus efectos en los precios de los billetes y en la conectividad de residentes y visitantes de las islas, y permita así extraer conclusiones válidas para posibles acciones posteriores”.

Las “obligaciones” a las que se refiere el texto, añade, “tendrían por objeto continuar garantizando la conectividad en términos adecuados de continuidad, regularidad, precios y capacidad mínima”.

El PP había presentado dos enmiendas de adición, no admitidas por el PSOE, para que el Gobierno actuara “con la máxima celeridad” y para que se reclamaran a la UE “las ventajas legales derivadas de la ultraperificidad y la doble insularidad de acuerdo con lo establecido en el nuevo texto del Estatuto de Autonomía de Canarias”.

Esta votación unitaria en el Senado llega un mes después de que los gobiernos español y canario acordasen que, de forma experimental, una ruta aérea entre la Península y Canarias sea una Obligación de Servicio Público (OSP) para controlar el alza desmesurada de los precios, como informó el consejero de Transportes, Sebastián Franquis.

El consejero indicó el pasado 25 de enero que la ruta que se decretará como Obligación de Servicio Público se pondrá en marcha antes del próximo verano y que la decisión de cuál será se adoptará en un próximo encuentro de la mesa de trabajo establecida entre la Consejería y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El senador socialista Francisco Fajardo ha lamentado no poder aceptar las enmiendas del PP porque “no es conveniente la celeridad”: “las prisas son malas consejeras y más cuando estamos hablando de una posible colisión con el derecho europeo”, ha argumentado.