La Audiencia Provincial de Tenerife ha llegado a un acuerdo de conformidad por medio del cual un expolicía nacional acepta la pena de 6 años de cárcel y el pago de una indemnización de 20.000 euros a la familia de un menor de 13 años del que abuso de forma continua.

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife solicitaba que se le impusieran 13 años de privación de libertad y la misma cantidad de dinero pero el día de la vista se llegó a un acuerdo de manera que el agente aceptaba su culpabilidad, por lo que el Ministerio Público accedió rebajar la pena a más de la mitad.

El episodio más grave tuvo lugar a finales de 2021 cuando el procesado llevó al menor a una calle para practicar los abusos, siendo consciente de las consecuencias que traía consigo esta actitud y el daño psíquico que podía causar.

De hecho, en la actualidad la víctima sufre ansiedad y depresión que requiere tratamiento por parte de expertos en estas cuestiones con el fin de que no afecte a sus relaciones interpersonales y a su estabilidad psíquica, tanto ahora como en el futuro.

El agente era Policía en Cádiz y llegó a la isla tras ser suspendido provisionalmente de sus funciones por permanecer como investigado en otro procedimiento por agresión sexual a un menor de 16 años y corrupción de menores.

En Tenerife, según la sentencia, “desplegó una estrategia para lograr contactos sexuales con jóvenes y para ello ejerce como monitor de un campamento de fútbol y desde 2021 se convirtió en entrenador de a un equipo de La Laguna”.

Era habitual que a casi todos los niños con los que congeniaba los llevara de paseo en su coche, invitara a comer y les diera dinero para que compraran golosinas o bebidas.

Pero con el tiempo se fue centrando en uno en especial con el que comenzó a tener una relación más exclusiva y casi obsesiva y empezara a recogerlo en su domicilio, lo llamara “pichurri”, llevara al cine, a cenar y solía darle abrazos, besos, lo sentaba en su regazo, lo subía a sus hombros o lo sujetaba por los glúteos.

En el fallo se indica que el expolicía siempre buscó, “la mayor intimidad posible” y con este fin lo llevaba a lugares apartados, como en una ocasión en la que lo trasladó a una calle y aparcó en un punto donde no había ni tráfico ni presencia de personas y entonces comenzó a mantener contactos físicos con el joven.

La sentencia de conformidad da por probado que el procesado empleaba fórmulas para manipular al niño creando una sensación de dependencia y lealtad, provocándole celos si se acercaba a otros menores y prometiéndole progresos dentro del equipo de fútbol o con regalos.

También era habitual que le diera dinero, compartiera cuestiones íntimas de su vida como que había estado con otro menor al que no había querido declarar en su contra por un delito o diciéndole que si los separaran se deprimiría, “a fin de obtener los favores sexuales y además quedar impune”.

Poco a poco la relación física comenzó a ser más intensa y se plasmaba en besos en los labios, tocamientos y a tratarlo como si fuera su compañero sentimental, llamándolo “mi pareja perfecta, mi bebé favorito” llegando a confesarle que estaba enamorado de él o recriminándole si no le gustaba que lo besara.

Además de las penas de prisión, también se le impone la de inhabilitación absoluta para el sufragio, cualquier empleo o cargo público durante el tiempo de la condena y diez años de libertad vigilada.

También pide que se le imponga la prohibición de acercarse a la víctima o familiares a menos de 500 metros o a lugares donde haya jóvenes, no poder llevar a cabo ninguna actividad con ellos durante 22 años y participar en programas de educación sexual.

Al aceptar la sentencia de conformidad el condenado se compromete a no recurrirla.