El colectivo Asamblea 7 Islas ha cifrado en mil los pacientes sociosanitarios que ocupan una cama hospitalaria en Canarias teniendo el alta sanitaria, repartidos casi a partes iguales entre los centros públicos y los privados con plazas concertadas.

Así lo ha expuesto este viernes en comisión parlamentaria Octavio Sánchez, portavoz de Asamblea 7 Islas, quien ha advertido a los diputados de que esta "realidad silenciosa" es mucho más grave de lo que hasta ahora se viene reconociendo.

Ha relatado que en clínicas como San Roque, Santa Catalina, Paloma o San José, en Gran Canaria, "hay plantas llenas de pacientes sociosanitarios" ocupando camas concertadas por el sistema público y que están para pacientes que no tienen una patología aguda pero que no pueden ir a sus casas.

Sánchez, que es celador del Materno Infantil, ha hablado de "casos crudos" con los que tienen que lidiar a diario al ver a pacientes mayores "revolcándose del dolor solos en los pasillos" u otros que "pasan semanas, meses, incluso años" sin salir de una habitación.

Pablo León, también portavoz de Asamblea 7 Islas, quien trabaja en el Hospital del Sur, en Tenerife, ha aludido al caso de un paciente sociosanitario que lleva ingresado desde 2019.

Ambos han coincidido en que se trata de un problema que afecta a la dignidad y calidad de vida de estas personas, fundamentalmente mayores y grandes dependientes, y también al erario público, pues su atención en los hospitales, que no se ajusta a sus necesidades, supone un coste anual aproximado de 135 millones de euros.

El coste diario por cada uno de estos pacientes se eleva a 700 euros, y si estuvieran en un recurso sociosanitario sería de unos 120.

Los portavoces de Asamblea 7 Islas han indicado que este es un problema que se viene arrastrando de años y que no pretenden "señalar a nadie", sino denunciar la situación y proponer un plan de choque que pasa por la creación de plazas sociosanitarias y un programa de transición hospitalaria.

También han reclamado la dotación de recursos intermedios, el impulso de la atención domiciliaria integral y una mayor coordinación entre administraciones.

Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias, CC, PP, ASG y AHI, han recalcado que varios de estos aspectos se contemplan en los convenios de dependencia con los cabildos, y que la evolución del número de pacientes sociosanitarios en los hospitales se ha ido estabilizando gracias a la acción del ejecutivo.

Marcos Hernández (PSOE) ha discrepado y ha opinado que "el problema sigue existiendo" y las cifras actuales son un síntoma del "mal funcionamiento del engranaje del sistema público".

El diputado socialista ha indicado que además de las medidas previstas en los convenios con los cabildos y de la necesidad de poner en marcha un tercer plan de infraestructuras sociosanitarias se precisa "un plan de choque urgente".

En la comisión también ha comparecido Rosa Pulido, representante de la Plataforma Residencias Dignas, quien ha demandado un nuevo modelo de residencias, de menor tamaño y más próximas a las zonas donde residen sus usuarios y con personal con formación cualificada y acreditada al tipo de personas que atienden, pues se da una amplia casuística que incluye a altas discapacidades.

Asimismo, ha pedido más inspecciones y sin previo aviso, un aumento del número de inspectores y eliminar definitivamente de las residencias las sujeciones, tanto mecánicas como químicas.