El Pleno de la Cámara regional ha rechazado este martes, 10 de diciembre, una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista para adoptar medidas contra la oferta de vivienda vacacional ilegal en las islas, como la implantación de “un sistema de alerta fiable ante la necesidad de un mayor control y fiscalización que frene la expansión de pisos turísticos no regulados”.

La iniciativa socialista, defendida por el diputado Manuel Hernández, insta al Gobierno de Canarias a establecer un órgano, organismo o entidad mercantil que actúe como “alertador fiable” ante “las plataformas de servicios digitales de forma sistemática, comunicando toda la oferta ilegal que se aprecie, para que conforme al Reglamento de Servicios Digitales esas plataformas procedan de forma pronta a su eliminación”.

Desde el Grupo Socialista recuerdan que el crecimiento del fenómeno de las viviendas vacacionales en Canarias desde el surgimiento de las plataformas online de reservas de esta tipología de alojamiento ha sido “significativo”, ya que, “frente a unas 58.042 plazas existentes en Canarias en octubre de 2015, se pasaron a 241.652 plazas turísticas en este tipo de alojamiento el 26 de mayo de 2024”.

Además, explican que esta tipología de alojamiento se encuentra regulada por la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias para cumplir con una serie de requisitos mínimos, pero que “la enorme flexibilidad de oferta de estos alojamientos en las plataformas digitales ha posibilitado la proliferación de una ingente cantidad de oferta de vivienda vacacional ilegal o que, como mínimo, no cumple los requisitos establecidos en la normativa señalada”.

Para el PSOE, los datos de la propia Consejería de Turismo reflejan las "discrepancias" entre los datos del Instituto Nacional Estadística (INE), extraídos de las plataformas, y el registro General Turístico de Canarias. "Estas discrepancias suman varios miles de viviendas vacacionales potencialmente ilegales, además que la Consejería de Turismo ha reconocido la incapacidad de controlar la vivienda vacacional con el número de inspectores con el que cuentan".

"Esto genera un triple problema. Por un lado, compiten de forma desleal contra los establecimientos turísticos de toda tipología que sí cumplen la normativa vigente, y por otro, en el supuesto de la oferta que no tiene unos requisitos mínimos de calidad o incluso infraviviendas, deteriora la marca e imagen turística de Canarias", explican.

Además, en el supuesto de vivienda apta para su habitación, detrae viviendas del parque de alquiler o venta de forma ilegal.

En este sentido, la propuesta socialista incluye la implantación de la figura de los “alertadores fiables”, recogida en el Artículo 22 del Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento y del Consejo de 19 de octubre de 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales).

Estos sistemas son entes públicos o privados, que deben poseer conocimientos específicos para detectar, identificar y notificar contenidos ilícitos, no depender de ningún prestador de plataformas en líneas, y realizar sus actividades con el fin de enviar notificaciones de manera diligente, precisa y objetiva.

El citado Reglamento define "contenido ilícito" como toda información que, por sí sola o en relación con una actividad, incluida la venta de productos o la prestación de servicios, incumpla el Derecho de la Unión o el Derecho de cualquier Estado miembro que cumpla el Derecho de la Unión, sea cual sea el objeto o carácter concreto de ese derecho.

Según el Grupo Socialista, “está claro que la oferta en plataformas de alojamiento que no cumple los requisitos es contenido ilícito, y recuerdan que el Gobierno de Canarias posee distintos órganos, organismos y entidades mercantiles con capacidad y flexibilidad para actuar de alertador fiable”.

La flexibilidad del sistema de alerta fiable para garantizar la eliminación de tal oferta permite que, mientras se refuerzan las funciones de inspección, se garantice la legalidad vigente.

Para ello, los medios de tal organismo u órgano únicamente tendrían que limitarse a contrastar la oferta disponible mediante mecanismos de scraping o similar, con el registro de establecimientos turísticos, y reportar las discrepancias a las plataformas para que estas procedan a su eliminación, recordando a estas que si no tienen título habilitante no pueden ofertar servicios de alojamiento conforme a la citada Ley de Ordenación del Turismo de Canarias.

Asimismo, recalcan que este mecanismo “no requiere de un procedimiento administrativo extenso y que deba realizarse por funcionarios, sino que podría ser ejercido incluso por entidades mercantiles como Promotur Turismo de Canarias”.