“Si nos molesta que las personas estén en un apartamento o en un hotel, antes que hacinadas en un muelle, con un baño de verbena, es que algo estamos haciendo mal”, sentencia Loueila Mint El Mamy, abogada especialista en extranjería, en una entrevista a Efe.

Para la letrada saharaui resulta llamativa la falta de previsión demostrada por los gobiernos central y autonómico. A fin de cuentas, los consulados están cerrados y no se están expidiendo visados, “¿de verdad pensaban que no se iba a abrir la vía marítima? Sabíamos que iban a llegar”, remarca con dureza.

El Mamy reconoce que es “muy fácil” desplegar el discurso de la crítica y es consciente de que Canarias tiene un déficit de infraestructuras, pero “lo que no se puede hacer es montar una carpa en un muelle y pretender que las personas se queden allí con una manta”, alega.

Desde la llegada de la primera patera a Canarias en 1994, las islas se han convertido en un puente internacional con el continente africano, con apenas 60 millas marítimas de Océano Atlántico entre ambos territorios (menos de 100 kilómetros).

La llegada de más 16.000 inmigrantes al archipiélago ha desbordado a las administraciones regionales, que piden al Gobierno central (más concretamente a los ministerios del Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) que asuma sus responsabilidades.

Para Loueila Mint, aunque el Ejecutivo regional “lleva la razón” en sus demandas, y corresponde al Estado poner los medios necesarios para encauzar la situación, Canarias, como espacio de acogida consagrado, “también debe estar a la altura”.

“Canarias puede hacer dos cosas: o asumir que las islas son una zona de paso y dar una acogida digna a las personas que llegan  –y ya después, exigir responsabilidades– o escurrir el bulto desde el principio y depurar responsabilidades hacia otros organismos”, mantiene.

Lo que sí que no tiene cabida, subraya la abogada, es que en un estado democrático y de derecho se vulneren derechos fundamentales, y que las personas estén retenidas más de 72 horas sin asesoramiento jurídico ni un intérprete que les informe de su situación.

“Aunque no podamos resolver el mundo, sí podemos hacer muchísimas cosas para garantizar los derechos fundamentales de estas personas y una acogida digna”, sentencia.

En relación al bloqueo de inmigrantes en las islas, y al argumento ministerial de que Canarias no puede ser la puerta de entrada a Europa, la especialista explica que “puede llegar a entender” que España, como estado miembro de la Unión Europea (UE), mantenga que debe cumplir con la normativa europea.

El problema, añade, es que también hay derechos fundamentales, consagrados dentro de esa misma normativa europea a la que alude la Administración General del Estado, que no se están cumpliendo, denuncia.

“No sé porque al Gobierno central solo le preocupa cumplir con una parte de la normativa y no con toda en su conjunto. Sobre todo porque estamos hablando de personas”, abunda.

La letrada saharaui recuerda, además, que muchos inmigrantes tienen arraigo familiar, y que las derivaciones a Península ahorrarían al Estado recursos económicos, materiales y alojativos de los que no dispone. 

“Para tenerlos aquí, privados de libertad, en un espacio no habilitado y sin recursos para sostenerlos, ¿no es mejor que estén con su madre o con su hermano en Huelva, que sí pueden proporcionarles una acogida digna? Al final ganamos todos”, reitera.

Entonces, ¿si no conviene a nadie hacer de las islas una cárcel, por qué no se plantean esas derivaciones a Península? El Mamy lo achaca a tres factores: evitar la presión de la Unión Europea, evitar la presión de los grupos políticos de la oposición a nivel estatal, y tercero, “y básico”, que la idea de España “siempre ha sido devolverlos a su país de origen”.

Mafias y visados

Expedir un visado en el Consulado de España en Agadir (Marruecos) oscila en torno a los 125 y los 150 euros. A ello solo habría que sumar después los gastos correspondientes al billete de avión (unos 200), lo cual haría un total aproximado de 350 euros, explica la letrada.

Viajar en una patera, sin embargo, supone entregar entre 1.000 y 1.500 euros. Sin olvidar, por supuesto, “que te estás jugando la vida, algo infinitamente más valioso”, sentencia. 

Preguntada por el aumento de personas marroquíes en la ruta canaria, la especialista asegura que el consulado español tiene cedidas sus competencias en materia de expedición de visados a una empresa privada, gestionada por el país africano y en la que únicamente se habla francés.

“¿Que por qué las competencias de un consulado español en un país africano están cedidas a una empresa privada? Esa pregunta habría que hacérsela al Gobierno central”, asevera El Mamy con rotundidad.

Para la letrada, el Ejecutivo central no puede escudarse en el fin migratorio. “¿A qué tienes miedo, a que vaya los 90 días y después  me quede?, porque eso ya está pasando con las personas que vienen de Latinoamérica”, apunta.

Loueila recuerda, además, que llega más gente por vía aérea que por vía marítima (pues al contrario que en África no necesitan un visado para viajar), pero “tenemos el foco puesto sobre la vía marítima porque entendemos que es una entrada irregular e ilegal”, abunda.

En este sentido, la abogada hace hincapié en que tratar de frenar la inmigración a través de los consulados, con el pretexto del fin migratorio, obliga a las personas a buscar otras salidas y a caer, por tanto, en manos de mafias.

Llegados a este punto, la especialista recuerda que hace apenas unos pocos meses llevaba el caso de una mujer marroquí, casada y embarazada, cuyo marido, residente en Lanzarote, tenía tarjeta de residencia de larga duración, casa y contrato de trabajo.

“Y el consulado, aún así, le denegó el visado. Tuvimos que ir hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que nos dijeran que sí”, denuncia. 

Por eso, aunque nadie quiere alejarse de su familia y abandonar a su tierra, aunque nadie, “a menos que no haya otra opción”, se subiría a una embarcación a sabiendas de que puede morir en el empeño, miles de personas seguirán intentándolo.

“Porque a veces parece que es más sencillo que las personas vengan por vía marítima, a que se les conceda un visado y puedan venir por avión”, concluye.