El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado este jueves el informe que ha entregado al Gobierno de Canarias para justificar su declaración como zona tensionada en materia de vivienda, convirtiéndose de este modo en el primer municipio del archipiélago en hacerlo.

Según ha señalado la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias (PSOE), la corporación que preside ha decidido dar este paso porque entendían que era "la única manera de salir del bucle y decirle al Gobierno de Canarias que ya no hay más excusas" para iniciar el expediente que declare como zona tensionada al conjunto del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

En el informe que se ha entregado a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad se detallan las características del mercado de la vivienda en Las Palmas de Gran Canaria y se concluye que se cumplen tres de los cuatro condicionantes que establece la Ley estatal de Vivienda para declarar zonas tensionadas (de los cuatro, es necesario que al menos uno se cumpla).

En concreto, ha detallado la alcaldesa, se acredita que la evolución de la carga media del coste de la hipoteca más los gastos de los suministros básicos respecto a la renta media de los hogares de la ciudad ha crecido del 30,52 por ciento de 2021 al 33,55 por ciento de 2023, superando el 30 por ciento que es el umbral que establece la ley.

También se cumple que la evolución de la carga media del coste del alquiler más los gastos y suministros básicos respecto a la renta media de los hogares palmenses ha pasado del 32,26 por ciento en el año 2015 al 38,03 por ciento de 2023.

Por último, la evolución del precio del alquiler de la vivienda ha experimentado un crecimiento acumulado entre 2019 y 2024 de más de tres puntos porcentuales por encima del porcentaje de crecimiento acumulado del IPC.

Ello, según la alcaldesa, trae una conclusión clara: "Se dan las condiciones que establece la ley estatal para que el Gobierno de Canarias proceda a evaluar este informe para, tras ello, proceder a declarar a Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada en todo su ámbito territorial".

Ha querido ahondar en que se propone la declaración para todo el municipio y no solo para los barrios que más padecen la falta de vivienda, porque "la concentración disruptiva" de viviendas vacacionales en determinados núcleos provoca que el resto de población que accede a una vivienda residencial se vaya extendiendo a lo largo de la urbe, especialmente la periferia.

Entre los datos que recoge el informe elaborado por el área de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se detalla que el municipio tiene una serie de características que hacen que se cumplan los condicionantes de la ley estatal.

Por ejemplo, existe una clara limitación territorial y orográfica, ya que menos de un tercio del suelo urbano se encuentra en zonas residenciales, pero también se ha producido un "aumento significativo", en palabras del concejal del área, Mauricio Roque, de las viviendas habituales en los últimos años, y que se espera que en la próxima década haya 20.531 hogares más.

A ello se suma el aumento sostenido tanto del precio de compra, que se sitúa en el entorno de los 1.000 euros por metro cuadrado, o del precio medio del alquiler (entre 10.000 y 11.000 euros anuales).

Pero también el crecimiento de las viviendas vacacionales se ha tenido en cuenta en la redacción de este informe, ya que en solo cuatro años, entre 2020 y octubre de 2024, los pisos turísticos en la capital se han más que duplicado -pasando de 2.050 a 4.716-, lo que ha tenido más incidencia en barrios como Puerto-Santa Catalina, La Isleta, Guanarteme, Vegueta y Triana, donde la ratio de turístico respecto a residencial ronda ya el 50 por ciento.

En base a estos datos, ha precisado Roque, se da una situación disruptiva en el mercado de la vivienda en la capital grancanaria que se acentúa sobre todo en la ciudadanía más vulnerable, y provoca una exclusión residencial y una inadecuación del mercado a las necesidades sociales.

Carolina Darias ha destacado en varias ocasiones durante la rueda de prensa que el Ayuntamiento ha dado un paso adelante "que no le correspondía", ya que las competencias en materia de vivienda las tiene el Gobierno de Canarias. Y ha añadido que, ante "su inacción", han sido el Consistorio el que ha movido ficha.

Porque, ha remarcado, la ciudadanía de la capital "merece la colaboración entre administraciones" para resolver sus problemas, y la vivienda es uno de los principales.

Con la declaración de zona tensionada, de aceptarla el Ejecutivo autonómico, la ciudad espera contribuir a aminorar el precio del alquiler de la vivienda como ya ha pasado en Barcelona, ha dicho la alcaldesa, y aliviar de esta forma la carga media del precio del alquiler en las familias palmenses.