Chus Vila lleva años defendiendo el derecho de todos los españoles a tener una vivienda digna. Primero desde el Movimiento de Okupación de Fuerteventura y más tarde desde las filas de la Plataforma Artículo 47, donde concurren personas y colectivos afectados por la vivienda. Un día después de las elecciones, Chus Vila analiza, en esta entrevista, la situación de la vivienda en Fuerteventura, una Isla con zonas tensionadas de alquiler, sin apenas vivienda social y con el fantasma del alquiler vacacional campando a sus anchas. El 30 de junio se levanta la moratoria que suspendió los desahucios y lanzamientos a personas y familias vulnerables durante el Covid. La activista alerta de que decenas de familias se podrán ver en la calle. “La gente a la que van a alzar no tiene dónde ir. Se echará a familias sin ninguna alternativa, Algunas pueden realojarse, pero otras no. Van a okupar otras viviendas”, advierte.

-Después de las elecciones, ¿qué balance hace de las políticas desarrolladas en Fuerteventura en materia de vivienda en estos últimos cuatro años?

-La lectura es la misma. Tanto hace cuatro años como en los últimos 20, el tema de la vivienda no ha interesado más que a nivel especulativo. La vivienda social, prácticamente, brilla por su ausencia. Tenemos un porcentaje de vivienda social paupérrimo, con un porcentaje tan irrelevante que casi no se contempla. En los últimos 20 años, no ha habido ningún movimiento ni ninguna acción por parte de la administración pública, ni Cabildo ni ayuntamientos, por solucionar esta situación.

-En el programa electoral de los partidos políticos ha habido puntos destinados a la vivienda. ¿Qué le han parecido?

-Puramente electoralistas. No tienen ningún fondo.

-Una de las propuestas que ha vuelto a repetirse en las elecciones ha sido la creación de un Consorcio de la Vivienda. ¿Podría ser una de las soluciones?

-Soluciones hay muchas. Un Consorcio de la Vivienda puede aportar una pequeña ayuda, pero no es una solución en sí misma. Todas las ayudas son válidas, pero si no hay un cambio claro y tajante de criterio esto se va a quedar en pequeñas ayudas que no van a servir para solucionar.

-¿Cuál es la situación de la vivienda en la Isla?

-La situación se ha ido agravando exponencialmente con los años. Las viviendas de grandes tenedores como los bancos siguen vacías. Muchas de ellas han sido okupadas masivamente. Hay urbanizaciones enteras okupadas por personas que necesitan vivienda. No se está dando ninguna solución a estas personas ni a los trabajadores con un sueldo mileurista que no pueden acceder a una vivienda de alquiler. Se está permitiendo que la vivienda de alquiler vacacional usurpe todo tipo de espacios. Zonas residenciales, que deberían estar al margen de la vivienda vacacional porque son donde vive la gente que trabaja, están siendo colapsadas por la vivienda vacacional.

-¿Qué soluciones plantea?

-Lo primero es regular la vivienda vacacional. No se puede permitir que las zonas residenciales estén usurpadas totalmente por la vivienda vacacional. Tiene que haber una regulación. No puede haber más viviendas vacacionales que un tanto por ciento de inmuebles destinados a alquiler de larga temporada. Otra cosa fundamental es, como siempre hemos defendido desde la Plataforma, la expropiación de los grandes esqueletos de viviendas que quedan en Fuerteventura, especialmente en Puerto del Rosario. Esos guetos tienen que ser expropiados por las administraciones públicas, rehabilitados y donados para alquiler social.

“La nueva Ley de Vivienda es una ley de fachada. Detrás se cae por sí misma”

-¿Por qué no interesa fomentar el alquiler social?

-Supongo que es porque no somos votantes interesantes. No somos un gran número que podamos significar una esperanza para ningún grupo político y, sobre todo, porque no es especulativa. Todo lo que no sea especulativo en Fuerteventura no interesa.

-¿Qué análisis hace de la recién aprobada Ley de la Vivienda?

-Me preocupa muchísimo el artículo 15. Es un artículo que abre, directamente, a la especulación del suelo con el amparo de la vivienda social. El artículo sobre el acceso al derecho a la vivienda y ordenación territorial y urbanística permite que, hipotéticamente, una serie de empresarios se unan para crear una asociación que se va a dedicar a construir vivienda social. Esta no tiene que ser construida, sólo hay que rehabilitar lo que ya existe. La construcción lo único que hace es agravar el daño al territorio y no va a solucionar el problema, pues no va a ser cierto que todo lo que se construya vaya a ser social. Se construirá un tanto por ciento social y otro porcentaje más elevado de promoción privada. Por tanto, seguiremos especulando sobre el suelo, destrozando el territorio y no estaremos solucionando el problema de la vivienda social. Esta nueva Ley me parece que es una ley de fachada. Detrás se cae por sí misma, lo que puede ser positivo creo que no va a ser nunca aplicado y todo lo que tiene de negativo va a ser utilizado por los grandes constructores y monopolios de la construcción de vivienda.

-¿Qué le parece la regulación que se plantea de los alquileres?

-Están regulando que no se pueda subir por encima de un tanto por ciento, pero los precios están tan inflados que se está regulando una cosa que ya está desbordada. No se puede regular sobre una cosa que está desbordada. Los precios están disparatados, son imposibles.

-De la Ley también se ha dicho que fomenta la okupación…

-Lo dicen los grandes medios de comunicación, que son los que llevan haciendo campaña contra la okupacion tantos años. La okupación hay que entenderla como que siempre se han okupado viviendas de grandes tenedores como los bancos; viviendas vacías y las que, en muchos casos, había que rehabilitar porque estaban destrozadas, habían sido vandalizadas, incluso, por los propios vecinos de la zona. Esto es lo que ha sido la okupación en un 99 por ciento. Los medios de comunicación hablan en base a mentiras siempre que aparece la okupación. La Ley de Vivienda no va a favor de la okupación. En todo caso lo que sí puede es llegar a proteger mínimamente, y no creo que se llegue a aplicar, a los que ya han okupado viviendas de bancos y de grandes tenedores que no hayan sido denunciados todavía.

-Las empresas de desokupación tienen cada vez más empatía entre políticos y medios de comunicación. ¿Le preocupa?

-Los medios de comunicación han estado siempre de su lado. Son bandas, y digo bandas con la intencionalidad que tiene la palabra, que muchas veces operan al margen de la ley. Con la ley por delante, no hace falta una banda de desokupas. Tenemos el Ministerio de Justicia y los Juzgados de Primera Instancia.

-Hace unas semanas, se intentó desokupar una vivienda en Corralejo por parte de una empresa desokupa. Los bulos no tardaron en aparecer en redes…

-Indignante. Una banda de matones no puede llegar a echar a la gente de la casa. Si no lo han conseguido es porque la ley no les ampara. Están operando al margen de la ley. La violencia no se puede utilizar nunca en un desalojo ni en un alzamiento.

-Hace unos días los vecinos de Rosa Vila se presentaron en el pleno del Cabildo para pedir amparo ante un posible desalojo a una veintena de familias. ¿A qué se enfrentan en los próximos meses?

-Se enfrentan a un lanzamiento judicial. Son unas casas que cuando esta gente llegó a vivir, estaban en unas condiciones horribles. Habían sido vandalizadas. Cada año han ido estando más destrozadas, robadas y vandalizadas. Esta gente, muchas de ellas familias, llega a vivir ahí porque no tiene más alternativas habitacionales. Y ahora se encuentran que, sin tener donde ir, las quieren echar del taponazo.

-Las elecciones municipales han dejado una clara victoria de la derecha en la mayoría de las comunidades autónomas. ¿Cómo puede afectar la llegada de la derecha a los movimientos de okupación?

-No hay mucha diferencia entre la izquierda que nos ha gobernado y la derecha que nos pretende gobernar. No creo que haya una gran diferencia.

-¿Cuál es el perfil de las personas que están okupando en la Isla?

-De todo tipo, variado. Son personas con una misma característica, no tienen ninguna opción habitacional. Hay muchas familias, madres con dos hijos, personas solas, dependientes y personas de más de 50 y 60 años que se han quedado solas. También hay muchas personas sin papeles, otras muchas con documentación y nacionalidad a las que la vida las ha llevado a una situación de desamparo frente al tema de la vivienda.

“Tenemos un porcentaje de vivienda social paupérrimo en la Isla”

-Tras declararse la pandemia, el Gobierno decretó la paralización de los desahucios a las familias vulnerables y, desde entonces, ha ido extendiendo la medida, pero ¿se han seguido produciendo desalojos?

-Sí. La llamada Ley Covid de los desahucios no amparaba a todas las personas. Sólo aquellas okupaciones que se habían producido después de plantearse el confinamiento. No de los que previamente estaban siendo okupas. Se siguieron produciendo desahucios. Mucha menos cantidad, pero continuaron y siguen cuando se supone que hay una moratoria hasta junio.

-¿Qué realidad nos podemos encontrar después del 30 de junio, una vez se levante la moratoria?

-Nos vamos a encontrar con la ley de la selva. La gente a la que van a alzar no tiene dónde ir. ¿Qué van a hacer? Vamos a seguir teniendo el problema. Se echa de la vivienda a familias sin ninguna alternativa. Algunas pueden realojarse, pero otras no. Van a okupar otras viviendas.

-En mayo conocimos la historia de Cristina, que pese a presentar documentación que acreditaba un perfil de vulnerabilidad, el Juzgado siguió adelante con el alzamiento hasta que el banco le dio finalmente una prórroga de dos meses mientras busca una vivienda. ¿Existen situaciones parecidas en la Isla?

-Seguramente existen situaciones iguales y, si me apuras, peores y con una diferencia fundamental, pues Cristina es una persona bien informada y ha podido gestionar, desde su abogado de oficio, un montón de recursos. Otras personas han confiado en sus abogados de oficio y se han encontrado con personas con muy poco interés en ayudar a sus clientes.

-¿Cuántas viviendas vacías puede haber en la Isla?

-Cada vez menos porque cada vez hay más viviendas okupadas. Cada vez hay más viviendas en unas condiciones casi inocupables en las que el deterioro es tan grande que la desesperación tiene que ser brutal para okupar y, aun así, se siguen okupando. Quedan viviendas vacías, pero sobre todo viviendas que, con un poquito que la Administración ponga de su parte, podrían ser rehabilitadas y dadas en alquiler social a las personas que, ahora mismo, están okupando.

-Durante la campaña electoral, ¿algún político de la Isla se ha sentado con la Plataforma para conocer la realidad de la población que está okupando?

-No. Absolutamente nadie. Es verdad que, cuando ocurrió lo de Cristina, una concejala del Ayuntamiento de Puerto del Rosario de Podemos (Lilian Concepción) se acercó a interesarse, pero nadie más.

-¿Qué petición les hace a las personas que, a partir de junio se sentarán en los sillones de gobierno de Cabildo, ayuntamientos y Gobierno autónomo?

-Les diría que tengan en cuenta que a la gente hay que dejarla vivir en algún sitio y que vayan viendo cuáles son las soluciones. La solución no es echar a los okupas porque siguen siendo personas y familias que necesitan vivir en algún sitio. La solución no pasa por echar a los okupas de donde están, sino saber cuál es la problemática de la vivienda que hay en la comunidad y dar una solución. Una persona con un sueldo base o mileurista no puede acceder a la vivienda.

-¿Qué le parece la creación de Socimi, una sociedad que se sustenta en la colaboración público-privada para promover un alquiler asequible?

-Lo promocionan una serie de empresarios de la construcción y políticos que han vendido miserablemente el suelo y ahora se levantan en grandes hacedores de vivienda social. Siempre pienso que: reunión de pastores, oveja muerta.

-¿Y qué opina de Viviendas Sociales de Canarias (Visocan)?

-Es una empresa gestora de vivienda social, pero si te acercas a Visocan son gente que, siendo de la Administración Pública, no tienen idea de nada, aunque son los encargados de gestionar la vivienda social. La gestión que está haciendo la comunidad autónoma a través de Visocan es paupérrima y ofensiva y llega un momento en el que pides que, por favor, se cambie el nombre.