Antiguos empleados de Seguridad Integral Canaria han afirmado ante la Audiencia de Las Palmas que les obligaban a hacer horas extras y que cobrarlas como si fueran dietas era lo habitual en esa empresa, a cuyo propietario, Miguel Ángel Ramírez, se acusa de defraudar más de 36,6 millones de euros a Hacienda y a la Seguridad Social entre 2009 y 2017.

Camuflar, supuestamente, por sistema el pago de horas extras como dietas, que no cotizan, constituye uno de los principales mecanismos de fraude al erario público que la Fiscalía de Delitos Económicos de Las Palmas atribuye al también presidente de la UD Las Palmas, así como a la persona que le sustituyó en 2011 como administrador único de la compañía de seguridad privada, Héctor de Armas, quienes desde este martes se sientan en el banquillo de los acusados.

El primer testigo que ha declarado trabajó casi 14 años para la empresa y, según ha manifestado, el trato que recibió fue “nefasto” por el dinero que nunca llegó a cobrar y por los días libres que tampoco pudo disfrutar. Ha recordado que su sueldo base era de entre 800 y 900 euros al mes, si bien recibía otros 100 euros más en concepto de dietas, aunque nunca ingresó dinero por desplazamientos o manutención.

Como ya denunció hace 10 años ante el juzgado que instruyó el caso, este antiguo empleado de SIC ha afirmado que trabajaba una media de 12 horas diarias, aunque su jornada era de 40 horas a la semana conforme a su contrato, y ha añadido que se sentía como un “esclavo las 24 horas del día” en la empresa, que cada jornada le asignaba un centro distinto de trabajo, primero en la capital grancanaria y, cuando empezó a quejarse, fuera de la ciudad.

Pagaban los desplazamientos de su bolsillo

“No cobraba dietas por manutención ni por desplazamiento, todo lo pagábamos de nuestro bolsillo”, ha afirmado el testigo, que ha asegurado que estaban “obligados” a hacer horas extras y que la empresa dirigida por Ramírez funcionaba como en la “época de los nazis”.

Ha explicado también que SIC les pagaba el día 20 de cada mes “pero siempre faltaba dinero” y no cumplía con el convenio colectivo, así como que nunca cobró el plus de antigüedad ni de otro tipo.

Otro de empleado ha señalado al tribunal que, “si tenías que trabajar un día libre o hacer dos horas de más, lo apuntaban como dietas” y que solía hacer unas 120 horas extras al mes, tras cumplir las 164 estipuladas de la jornada convenida en el contrato.

En su caso, desconocía las condiciones del convenio del sector, pues solo se fijaba en la nómina porque necesitaba el dinero para mantener a su familia.

La mayoría de los testigos han indicado al tribunal que es mucho el tiempo que ha pasado desde que trabajaron en SIC, por lo que no han podido recordar numerosos aspectos sobre los que se les ha preguntado, pero todos ellos se han ratificado en sus denuncias.

Otro de los que ha depuesto este martes ha recordado que tuvo un conflicto con la empresa por reclamar cantidades que se le abonaron como dietas en lugar de horas extraordinarias, si bien ha comentado que ya está jubilado y enfermo y que lo que quiere es “estar tranquilo”.

Así mismo, otro de los trabajadores que denunció estos hechos ha fallecido, por lo que la sesión de este miércoles se iniciará con la lectura de su declaración a petición del letrado de la Agencia Tributaria, que ejerce una de las cuatro acusaciones.

Solicitud de nulidad de la causa

Al inicio del juicio, las defensas han reclamado la nulidad de la causa, entre otros motivos por estar contaminada por las decisiones que adoptó como instructor Salvador Alba, hoy en prisión por usar esta causa para intentar acabar con la carrera de la juez que la inició, Victoria Rosell, remitiendo al Supremo informes falsos.

El tribunal, que preside el magistrado Miguel Ángel Parramón, ha decidido que todas esas alegaciones, a las que se oponen la Fiscalía y el resto de acusaciones, porque ya han sido examinadas y denegadas en la instrucción, se resuelvan en sentencia, por lo que la vista ha comenzado con los primeros testigos.

Para Ramírez, al que se denominó como el “rey de la seguridad low cost” en España porque era imbatible en los precios con los que ganaba concesiones públicas en toda España, la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, reclama una condena de 21 años de prisión y 105 millones de multa, y para Héctor de Armas, 14 años de cárcel y 79,32 millones de multa.

Unas penas que se elevan a 37 años de cárcel y 227 millones de euros de multa para Ramírez y a 29 años de prisión y 208,5 millones de euros de multa para Héctor de Armas, según la acusación particular ejercida por USO, el sindicato que puso en marcha este caso en 2012 al denunciar a Seguridad Integral Canaria ante la Audiencia Nacional.

La acusación ejercida por la Agencia Tributaria pide 19 años de cárcel para ambos procesados y una multa equivalente al triple de la cuota que se pruebe como defraudada, mientras que la que representa a la Tesorería General de la Seguridad Social demanda 54 años de prisión para cada uno de los dos acusados y multas que multiplican por dos y hasta seis veces la cantidad que dejó de cotizar.