Este pasado de septiembre, unas 1.500 personas, convocadas por la Plataforma estatal de organizaciones de familiares y usuarias de residencias, se manifestaron en Madrid solicitando un cambio en el modelo de residencias de la tercera edad. Piden que se aumente el personal o la mejora de la alimentación y que prevalezca la gestión pública sobre la privada.

En Lanzarote, desde 2006, la población mayor de 65 años se ha doblado. Ha pasado de ser menos de 10.000 a casi 20.000 (el 12,5 por ciento del total) en la última estadística del año 2021. Hay 7.700 personas con más de 75 años, así que va a ser necesario ampliar los recursos para atender a estas personas.

Sin embargo, Canarias sigue a la cola en la prestación de la Ley de Dependencia. Tiene un porcentaje del 21 por ciento de personas a las que se les reconoce la dependencia pero que aún no se les concede. Es la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje, solo por detrás de Cataluña. Hace tres años había 121 personas en lista de espera para una plaza pública en una residencia para la tercera edad. Ahora hay 142.

En la Isla hay varias residencias. Está el centro Domingo Guzmán, en Las Cabreras, para enfermos de alzhéimer, con 22 plazas públicas y dos privadas, además del Hospital Insular, de alto requerimiento sanitario, con 47 plazas, y las residencias de Tías, Haría y Tinajo, púbicas de gestión privada, que suman entre las tres 132 plazas públicas y unas 30 privadas, además de unas 70 que funcionan como centro de día.

También hay una casa de acogida en Masdache, con unas diez plazas y otra similar en Arrieta, de un médico alemán, ambas privadas. Y está a la espera la nueva residencia en Tahíche, con 130 plazas de residencia y unas 50 de día, y de la que se puso la primera piedra, pero no la segunda y cuya licitación, de 19 millones de euros, ha supuesto un quebradero de cabeza, al no ejecutar las obras la empresa a la que se le adjudicaron.

Esta residencia pertenece al anterior Plan sociosanitario de 2017, que buscaba crear más de 5.000 nuevas plazas, pero que responde a criterios antiguos y no tenía cobertura jurídica. “Las cosas han cambiado”, dice la viceconsejera de Derechos Sociales del Ejecutivo autonómico, Gemma Martínez.

El Gobierno está redactando un nuevo plan del que ya se ha firmado la cuarta adenda y al que los cabildos tienen de plazo para incorporarse hasta 2024. En este plan, señala la viceconsejera, hay nuevos criterios para acreditar la calidad de los centros y se apuesta por residencias más pequeñas: hasta 120 plazas en zona urbana y 75 en zona rural. Las macro residencias quedan descartadas.

La geriatra Elisa Corujo señala que hay muchas voces que creen que las grandes residencias, como sería la de Tahíche, “son como guetos para los ancianos” porque los aíslan de su entorno, cuando “lo mejor es que puedan permanecer en él”.

El planteamiento, según Corujo, sería el de hacer pequeñas residencias en cada municipio, mejor que una grande, que fueran de bajo requerimiento y con el apoyo de una de alto requerimiento, de unas 50 camas, que debería estar en Arrecife.

El Hospital Insular, aunque no tiene ahora definida esa función, la ejerce. A esa residencia de alto requerimiento irían aquellas personas cuyo estado se va deteriorando. “Con una sola sería suficiente”, dice Corujo, porque daría el apoyo a los otras existentes, ofrecería un tratamiento integral y tendría personal más cualificado. Respecto a las ya existentes, señala esta geriatra que los controles de calidad están establecidos y hay que ver si se cumplen o no.

Terrenos donde se asentará la residencia de Tahíche.  

“Respetar la dignidad de la persona es el fin último del cuidado”

En el nuevo plan del Gobierno se contemplan nuevos centros, tanto para personas mayores como para usuarios con discapacidad, con plazas de residencia y de día, y además otras opciones, dentro del llamado plan Canarias Cuida, que tiene 72 millones de euros de financiación. Prevé 19 millones para telasistencia y seis millones para proyectos de cohousing (cooperativas de usuarios), aunque en Lanzarote no hay ningún proyecto de este tipo.

También hay dinero, casi 12 millones, para la compra de edificios intergeneracionales. “Son proyectos piloto –señala Martínez– y se harán con fondos europeos, pero la idea es poder continuar después con fondos propios”.

No todo son residencias. Hay personas que son independientes pero necesitan apoyo para cuestiones instrumentales, como la comida o algunas gestiones, y bastaría con que contaran con ese apoyo mientras permanecen en su casa.

Corujo también apunta a la necesidad de pisos tutelados y de reforzar la atención domiciliaria en cada municipio o incluso centralizar, o insularizar, la atención social. A esto se pueden añadir iniciativas privadas.

Dice Corujo que el punto exacto está en basarse en las necesidades individuales, centrarse en las personas y no en las necesidades de la empresa que gestiona un centro o de la Administración. Es decir, basar la atención en la persona como tal y no como un objeto de cuidado.

En ese camino de dar dignidad a las personas, caben muchas más opciones que las residencias. “Hace falta más atención social”, dice Elisa, y no olvidar que “respetar la dignidad de la persona es el fin último del cuidado”.