La empresa Arenera Góngora Gutiérrez, que lleva tres décadas explotando la cantera en el Barranco de los Encantados (La Oliva), ha solicitado de nuevo una prórroga por otros 30 años. Ha presentado ya el estudio de impacto ambiental, el proyecto de explotación y el plan de restauración.

La explotación arenera pertenece a Manuel Gutiérrez Ruiz, Amalia Chacón Negrín y María Concepción Góngora Chacón. La zona se encuentra junto al Bien de Interés Cultural (BIC) paleontológico del Barranco de Los Encantados, declarado en 2008.

El espacio, conocido como el Barranco de los Encantados o de Los Enamorados, es especialmente sensible por sus valores naturales. Se trata de un peculiar conjunto de dunas fósiles que forman un paisaje único en Canarias. Su valor geológico, paleontológico y paisajístico es incalculable.

Todo el espacio está dentro de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de Lajares, Esquinzo y Costa del Jarubio, en el municipio de La Oliva.

La superficie de la cantera consta de cuatro cuadrículas mineras de casi dos millones de metros cuadrados en terrenos donde se han evaluado unas reservas de 1,2 millones de metros cúbicos y se ha contemplado una producción anual de 40.000 metros cúbicos durante 30 años.

Desde el inicio de la explotación se ha abarcado una superficie de 592.965 metros y queda pendiente de explotación una superficie de 801.700.

La concesión minera venció el 29 de enero del 2020 y la empresa pidió una prórroga. La concesión directa fue desfavorable, según el acuerdo de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de noviembre de 2019 por cuatro motivos.

En primer lugar, porque en el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF) vigente todas las cuadrículas mineras se sitúan sobre un Suelo Rústico con Valor Natural Dominante (suelo rústico protegido).

La normativa del PIOF solo permite actividades extractivas “tradicionales y consuetudinarias para usos puntuales y con destino a obras de arquitectura y agricultura tradicional que nunca podrán dar lugar a explotaciones industriales”.

El propio PIOF recoge en una disposición transitoria que “procede su inmediata clausura, y el acondicionamiento del espacio afectado”. La propuesta solicita que, “a la vista del interés público y estratégico insular que presenta el proyecto, las próximas fases de revisión de la planificación insular y municipal deberán incluir el ámbito extractivo autorizado de Arenera de Góngora y Gutiérrez como suelo minero”.

El segundo argumento en contra es que la explotación afecta a una “zona núcleo y zona tampón de la Reserva de la Biosfera” cuyo objeto es la conservación y protección de los recursos naturales, donde se permiten actividades de investigación y seguimiento. “Al no ser el caso de la actividad, la cantera es negativa e incompatible para el espacio”.

También hay una afección negativa y directa sobre la ZEPA: “Se trata de una actividad que no tiene relación directa ni indirecta con la gestión del lugar y su efecto negativo se mantendría, con la solicitud de prórroga hasta el año 2054”.

El último argumento en contra es la posible afección a la hubara canaria y a su hábitat, ya que es una especie en peligro de extinción.

Nuevo proyecto

Ante la negativa del Gobierno de hace dos años, la empresa presenta ahora un proyecto “modificado y de mejora” para obtener la prórroga, “ajustándolo a unos términos de completa racionalidad tanto en lo que respecta a la satisfacción de las necesidades del recurso objeto de explotación como a la realidad de las reservas explotables existentes”.

En su opinión resultaría compatible “con los objetivos de conservación y protección de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura y de la ZEPA Lajares, Esquinzo y costa del Jarubio”, según señala el estudio de impacto elaborado por el biólogo Rosendo López, de la empresa Evalúa.

El Plan Insular establece “su inmediata clausura” y restauración

Como principal diferencia entre el proyecto inicial y este modificado, la superficie de explotación de arenas se reduce significativamente, desde los 801.700 metros cuadrados iniciales hasta los 118.889, a un ritmo de 40.000 metros cúbicos al año.

En la nueva propuesta se asegura que la cantera es necesaria para asistir a la demanda de arena para el abastecimiento del sector de la construcción en Fuerteventura (para el suministro de varias industrias de elaboración de hormigones, prefabricados, bloques de varios tipos, bovedillas, bordillos y como material de construcción en general).

“Este abastecimiento debe realizarse necesariamente desde el propio ámbito insular, teniendo en cuenta la inviabilidad socioeconómica y ambiental que supone la opción de importación desde el exterior para satisfacer la demanda, que implicaría un significativo encarecimiento de costes de los materiales de construcción y, en consecuencia, de las obras públicas y privadas”, señala.

Los promotores auguran, si cierra la cantera, “una segura pérdida de actividad económica y empleo a escala insular, y además conllevaría un elevado coste ambiental asociado por incremento de huella de carbono debida al transporte por barco” de la arena “hasta Fuerteventura, por el riesgo de introducción y dispersión de especies exóticas invasoras en la Isla, y por el favorecimiento de la aparición de nuevos frentes de extracción indiscriminada e incontrolada de arena en el ámbito insular”.

La demanda de arena o jable en la Isla es de unos 40.000 metros cúbicos al año, la misma cifra que se pide extraer de la cantera. Destacan que es el único espacio de extracción que ha mantenido derecho minero y ha permanecido activo en la última década en Fuerteventura y que es el de mayor viabilidad “y el único que presenta actualmente posibilidad de obtención de autorización administrativa”.

Según el estudio de impacto, su extracción no compromete el medio ambiente y está abierta a incorporar las medidas de conservación “razonables” que sean indicadas por las distintas administraciones, organizaciones y particulares interesados en la protección y conservación del medio ambiente “tal y como ha venido haciendo hasta ahora”, aseguran.