Canarias, junto a Madrid, Murcia y Cantabria, es una de las cuatro comunidades autónomas con servicios sociales "irrelevantes", según el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (IDEC) correspondiente a 2020, realizado por la Asociación Estatal de Directores Gerentes en Servicios Sociales.

El informe denuncia la "ineficiencia" en la prestación de servicios en Canarias por los "solapamientos" entre administraciones, "un lastre" para la población, por lo que insta a un "urgente" pacto estratégico entre el Gobierno regional, los cabildos y los grandes municipios.

Las perores coberturas y servicios en Canarias en relación a la media estatal se dan en la atención a la dependencia, las rentas mínimas de inserción y las plazas residenciales públicas para mayores, y también hay falta de personal técnico en la red de servicios sociales básicos, según este informe.

Seis comunidades han mejorado su puntuación respecto al informe de 2018, pero once han empeorado sus resultados, entre ellas Canarias, que cae 0,35 puntos, hasta los 3,40, frente a un promedio de 5,33, con País Vasco y Navarra como más destacadas, con 7,95 y 7,90 puntos.

El IDEC en Canarias estaba en 1,80 en 2012, subió hasta 3,75 en 2018 y ha caído a 3,40 en 2020, de acuerdo con esta clasificación, lo que la deja en el puesto número quince de las diecisiete comunidades autónomas, por encima de Comunidad de Madrid y Murcia y por debajo de Cantabria, las cuatro que tienen servicios sociales "irrelevantes", según el estudio.

"Con la aprobación de su nueva Ley de Servicios Sociales, Canarias inicia el camino para la definición de derechos, si bien todavía no los ha concretado en un catálogo", detalla el informe, que también señala que no hay aún planificación estratégica, si bien en 2017 se integró a las entidades locales en el sistema de dependencia, un "avance significativo".

"Tras el incremento de la relevancia económica de los servicios sociales en Canarias entre los años 2013 a 2018, se aprecia un estancamiento en términos relativos, aunque hay un incremento en términos absolutos", indica el informe.

Así, el gasto en servicios sociales por habitante y año ha pasado de 253,1 euros en 2013 a 393,1 en 2019, en una tendencia creciente continuada, que le acerca a la media estatal de 406,3.

También mejora el porcentaje que supone el gasto en servicios sociales de las administraciones públicas de Canarias sobre el PIB, que pasa de 1,33% en 2013 a 1,86% en 2019, por encima de la media estatal de 1,60%.

Otro de los avances es el porcentaje del gasto en servicios sociales sobre el total del gasto ordinario de las administraciones públicas en Canarias, que pasa del 5,82% en 2012 al 9,68% en 2019, cerca de la media estatal de 9,95%.

En cuanto a la cobertura efectiva de prestaciones y servicios, el informe halla dos aspectos positivos en los que Canarias se sitúa por encima de la media estatal: en intensidad del servicio de ayuda a domicilio (una media de 24 horas frente a las 20,6 de media estatal) y en plazas diurnas y ocupacionales para personas con discapacidad (4,2 plazas por cada 100 personas con discapacidad, frente a 2,7 de media estatal).

Pero en casi todos los demás aspectos, Canarias se sitúa por debajo de la media.

En dependencia, sólo se atiende al 6% de la población potencialmente dependiente (la media estatal es el 9,7%) y la tasa de desatención o "limbo" en las islas es del 24,4% frente al 17,1% de media estatal.

Las rentas mínimas de inserción sólo benefician en Canarias al 1,5% de las personas bajo el umbral de la pobreza, cuando la media estatal es del 7,9%.

La cuantía es además inferior: el 12,5% de la renta media por hogar en Canarias, frente al 17,1% estatal.

La cobertura de plazas residenciales de financiación pública para personas mayores es en Canarias menos de la mitad del Estado: 1,2 por cada 100 mayores de 65 años frente a 2,7 de media estatal.

"Comprendiendo la complejidad de la prestación de servicios en los territorios insulares, el principal desequilibrio que presenta Canarias es la ineficiencia", apunta el informe.

Por eso, se considera urgente "una ordenación territorial en la que los cabildos insulares, los grandes municipios y el Gobierno canario alcancen un pacto estratégico global hacia un modelo vertebrado de servicios sociales que va mucho más allá de la mera delegación de competencias".

"Los solapamientos y las ineficiencias actuales son un lastre que tienen importantes consecuencias para la población de Canarias al mermar sensiblemente la cobertura", denuncia el informe.