Los órganos judiciales del archipiélago canario registraron durante el primer trimestre de 2023 un total de 544 demandas de concurso de acreedores, un 889,1% más que en el mismo periodo de 2022, según datos difundidos hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

El informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que la sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy en referencia al primer trimestre de 2023, revela que el crecimiento de las antiguas quiebras en España fue del 272,6%.

Ello supone que, en las Islas, aumentaron un 616,5% más que en la media del Estado. Entre enero y marzo de 2022, el número de concursos presentados en las Islas había sido 55.

Con los datos que maneja el Consejo, se puede afirmar que, durante el periodo de estudio, Canarias fue la segunda comunidad con el mayor incremento porcentual de peticiones de concurso. La primera fue Murcia con un 1.058,1%, y la tercera, Extremadura, con un 556%.

Los datos apuntan a que, entre enero y  marzo del presente año, Canarias fue la segunda comunidad en volumen de concursos por cada 100.000 habitantes: 24,6, cifra sólo superada por Cataluña (29,6). La tercera fue la comunidad de Murcia (23,1).

El segmento donde más estragos causó la crisis económica en el pasado invierno en las Islas fue el de las “personas naturales no empresarias”.

Si entre enero y marzo de 2022 en este ámbito se habían registrado 81 presentaciones de declaración de concurso, en el mismo periodo de este año la cifra se elevó a  493, un 608%. Ello implica una tasa de 22,3 concursos de esta índole por cada 100.000 habitantes, la más alta de España, por delante de Murcia (19,7) y de Cataluña (19,1).

Despidos

En cuanto a procedimientos por despido, los juzgados de lo Social de Canarias incoaron en el primer trimestre de 2023 un total de 2.532, un 21,8% más que en el mismo periodo de 2022 (2.078).

Este dato implica que, como ya sucediera en el análisis sobre todo el año 2022, la tasa de demandas por despido por cada 100.000 habitantes en las Islas fue de 114,4, la más alta del país, por encima de Murcia (88,0) y de Madrid  (83,8).

Los únicos datos que arrojan balances relativamente positivos para las Islas gravitan en torno a las ejecuciones hipotecarias, que en datos generales se redujeron un 74,5 %, pasando de 149 en el primer trimestre de 2022 a 38  en el pasado invierno.

Lanzamientos

En lo que se refiere a lanzamientos derivados de esas ejecuciones, entre enero y marzo de este año hubo 366, un 45,9% menos que en en el mismo periodo de 2022.

Según el informe estadístico, en 2022 se practicaron en el Archipiélago 38 lanzamientos derivados de incumplimientos de la ley hipotecaria, un 74,5% menos que en el primer trimestre de 2022 (149) y 308 por impago de alquileres, un 37,1% menos que en el ejercicio anterior (490).

Datos nacionales

En lo que se refiere a datos globales del Estado, el número de lanzamientos practicados durante el primer trimestre de 2023, 6.579 en total, experimentó una reducción del 40,6 % respecto al mismo trimestre de 2022.

Dos de cada tres lanzamientos (4.860, lo que equivale al 73,9 % del total) fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 1.308 (19,9 %) se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 411 restantes obedecieron a otras causas.

El informe advierte de que el primer trimestre del año se ha visto afectado por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que se prolongó desde el 23 de enero hasta el 28 de marzo.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias fueron los que más disminuyeron respecto al primer trimestre de 2022, al reducirse en un 52,5 por ciento; los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos bajaron un 36,3 % y los derivados de otras causas lo hicieron en un 40,6 por ciento.

Cataluña –con 1.715, el 26,1 % del total nacional- fue la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el primer trimestre de 2023, seguida por Andalucía, con 1.279; la Comunidad Valenciana, con 1.010 y Madrid, con 661.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.240 (el 25,5 % del total). Le siguen Andalucía, con 853; la Comunidad Valenciana, con 675, y Madrid, con 573. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, encabeza la lista Andalucía, con 323, seguida por la Comunidad Valenciana, con 304; Cataluña, con 299, y Madrid, con 72.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos reflejan que los lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre de 2023 fueron 12.736, un 33,9 % menos que el mismo trimestre de 2022. De ellos, 5.931 (un 34,2 % menos) terminaron con cumplimiento positivo.

Resulta más significativo poner en relación el número de lanzamientos con la población. Se obtienen los siguientes resultados:

Durante el primer trimestre del año, se presentaron 5.751 ejecuciones hipotecarias, cifra que representa una disminución del 10,3 % respecto al primer trimestre de 2022.

El mayor número de ejecuciones hipotecarias se dio en Andalucía, con 1.446, lo que representa el 25,1 % del total nacional. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 1.042; Cataluña, con 865; y Madrid, con 521.

Sin embargo, si ponemos el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan la Comunidad Valenciana, con 20 por cada 100.000 habitantes y Murcia, con 19,1.

El número total de concursos presentados en el tercer trimestre de 2022 en los Juzgados de lo Mercantil fue de 9.316, cifra que supuso un incremento del 75,4 % respecto al mismo trimestre de 2022. Los concursos de personas naturales no empresarios, que sumaron 7.220, experimentaron un importante incremento interanual, que se situó en un 156,8 por ciento; los de personas naturales empresarios, en total 919, disminuyeron un 14,9 % y los de personas jurídicas, 1.177, se redujeron en un 17,1 por ciento respecto al primer trimestre de 2022.

El 17 de agosto entró en vigor la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil.

Los concursos de personas naturales no empresarios, que se venían conociendo por los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción han pasado a ser competencia de los juzgados de lo mercantil.  Por ello tiene más sentidos realizar un análisis de los concursos, no por el tipo de juzgado que los conoce sino por el tipo de persona, física, o jurídica, a la que afectan.

Teniendo en consideración el total de concursos presentados, Cataluña, con 2.335 (el 25,1% del total nacional) fue la Comunidad Autónoma con un mayor número. Le siguieron Andalucía, con 1.621; la Comunidad Valenciana, con 1.241; y Madrid, con 1.191.

En cuanto a los concursos de personas jurídicas, Cataluña también fue el territorio donde se registraron un mayor número con 265, cifra que representa el 22,5 % del total nacional. Le siguieron Madrid, con 244; la Comunidad Valenciana, con 186; y Andalucía, con 136.   

Cataluña, con 527 (el 57,3 % del total nacional) fue la Comunidad Autónoma en la que se presentaron un mayor número de concursos de personas naturales empresarios, seguida por la Comunidad Valenciana, con 82; Andalucía, con 81; y Madrid, con 60.

Lo mismo ocurrió con los concursos presentados por personas naturales no empresarios: Cataluña encabezó la lista con un total de 1.543 (el 21,4 % del  total nacional), seguida por Andalucía, con 1.404; la Comunidad Valenciana, con 973; y Madrid, con 887.

En los siguientes gráficos se muestra el número de concursos presentados por cada 100.000 habitantes en los distintos Tribunales Superiores de Justicia de personas físicas no empresarios, de personas físicas empresarios y de personas jurídicas.

El número de concursos declarados en el primer trimestre de 2023 en los Juzgados de lo Mercantil fue de 5.623, con un incremento del 277,4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En el mismo trimestre llegaron a la fase de convenio un total de 62 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 773, un 22,2 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2022.

Respecto a los expedientes del artículo 169 TRLC, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se presentaron en el trimestre analizado 97 expedientes, un 11,8 % menos un año antes.

Las demandas de despido presentadas en el primer trimestre de 2023 mostraron un incremento interanual del 9,8 % al sumar un total de 33.079. Por territorios, Cataluña, con 6.413 (el 19,4 % del total nacional) fue la Comunidad Autónoma con un mayor número de demandas de este tipo. Le siguieron Madrid, con 5.739; Andalucía, con 5.355, y la Comunidad Valenciana, con 4.347.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, 31.323 en total, fue un 2,1 % inferior a las presentadas en el primer trimestre de 2022. De ellas, 6.038 se presentaron en Andalucía, lo que representa el 19,3 % del total; 3.798 en Madrid y 3.749 en Cataluña.

El número de demandas de despido y de reclamación de cantidad por cada 100.000 habitantes:

Los procedimientos monitorios presentados en el primer trimestre de 2023 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 229.190, lo que supone una disminución interanual del 4,5 por ciento.

La mayor utilización de este tipo de procedimiento se dio en Andalucía, con 51.685; seguida de Madrid, con 33.778; Cataluña, con 32.354; y la Comunidad Valenciana, con 27.606.

El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (clausulas suelo)

En el primer trimestre de 2023 ingresaron en los juzgados especializados 16.758 asuntos de esta naturaleza, lo que representa un 32,9 % menos que en igual trimestre de 2022. Se resolvieron 22.283, un 38,3 % menos, y quedaron en tramitación 151.583, un 24,6 % menos. Entre enero y marzo pasados se dictaron 19.024 sentencias, el 97,8 % de las cuales fueron estimatorias.

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil.

Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el primer trimestre de 2023 ingresaron en los órganos judiciales 629, un 15 % menos que un año antes. En Andalucía se presentaron el mayor número de demandas, 145 (el 23,1 % del total nacional). Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 104; Cataluña, con 94; y Madrid, con 71.