La protección integral de la montaña de Tindaya como Bien de Interés Cultural (BIC) no está siendo un camino de rosas. La Dirección General de Patrimonio Cultural, que dirige María Antonia Perera, está ultimando la contestación a las alegaciones presentadas (las principales las del Cabildo de Fuerteventura y las de una empresa de materiales de construcción) como paso previo para pasar el filtro de la ponencia técnica y, por último, elevar la declaración al Consejo de Gobierno de Canarias.

El rechazo más furibundo ha llegado del Cabildo: sostiene que no está motivada la ampliación del BIC, llega a acusar al Gobierno de haber efectuado un estudio de campo de forma ilegal, de incurrir en un “abuso” en el procedimiento y de haberse “apropiado de las competencias” de la Corporación insular.

La delimitación del Bien de Interés Cultural de Tindaya, con la categoría de zona arqueológica, se remonta a noviembre de 2014 y se aprobó “por la importancia de este singular yacimiento y por mandato legal”. En aquel momento se protegieron los grabados rupestres, con un perímetro de 100 metros. Con esta fórmula, las dimensiones del BIC eran más bien modestas: una superficie de tan solo 1.442 metros cuadrados, en la cúspide de la montaña, y un entorno de protección de apenas 75.322 metros cuadrados.

Patrimonio llevó a cabo una prospección de la montaña en 2020, sin incidir en los grabados podomorfos realizados por la población aborigen de la Isla, que ya estaban incluidos en el Bien de Interés Cultural, sino en “todos aquellos elementos patrimoniales situados fuera” del ámbito de protección.

De esa prospección arqueológica de Tindaya, en la que también se registraron elementos etnográficos, “se obtuvo una visión global de los usos” que los pobladores desarrollaron en la montaña, “pudiendo percibirse un paisaje cultural que desborda el simple hecho arqueológico”. De tal manera que la decisión del Gobierno de Canarias fue ampliar la superficie efectiva del BIC a toda la montaña: abarcará 1.086.705 metros cuadrados, con un entorno de protección de 826.855 metros cuadrados en su perímetro.

En las alegaciones del Cabildo, a las que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, se acusa al Gobierno autonómico de no haberle solicitado a la institución insular autorización previa para realizar el estudio de Tindaya, ni a la Comisión Insular de Patrimonio para la cima, donde se encuentran los grabados rupestres, ni al órgano de gestión del Monumento Natural para el resto de la montaña.

Así, denuncia que “se habría realizado la prospección [arqueológica] prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido”.

Cambio “ideológico”

Este próximo mes de febrero se cumplen cinco años desde que se constituyera por el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias, entonces presididos por Mario Cabrera y Fernando Clavijo, ambos de CC, la Fundación Monumento a la Tolerancia, para ejecutar la idea del artista Eduardo Chillida: vaciar la montaña hasta obtener un cubo con lados de 50 metros en su interior.

Un estudio encargado por la fundación a la consultora SILO estimó en al menos 75 millones de euros la inversión y la familia de Chillida planteó que un tercio saliera de las arcas públicas. La ampliación del BIC a toda la montaña enterraría para siempre la posibilidad de que se vacíe Tindaya.

En sus alegaciones, el Cabildo dice que no puede “entender” lo que considera un “cambio drástico” del Gobierno de Canarias con respecto al BIC de Tindaya, que atribuye a un motivo “ideológico” en el seno de la Dirección General de Patrimonio. Y también le acusa de haber usurpado, en este caso, las competencias de la Corporación insular para incoar los bienes de interés cultural.

Para el Cabildo majorero, el Gobierno de Canarias efectuó un requerimiento que “no se puede entender” como tal y utilizó el silencio durante dos meses de la institución insular para poner en marcha el procedimiento de ampliación del BIC. Es más, acusa al Ejecutivo regional de haber provocado una “inactividad” del Cabildo dando el citado plazo temporal para, acto seguido, asumir las competencias, lo que tacha de “abuso”.

Y añade que el Gobierno “ya dispone de los informes necesarios” del Cabildo que sostienen que no hay “necesidad” ni “oportunidad” para ampliar la protección de la montaña. La guerra institucional está servida.