La jueza Lucía Barrancos aterrizó en el Juzgado de instrucción número 5 de Arrecife, en el que fue uno de los primeros destinos de su carrera, dos años después de las primeras detenciones del caso Unión y solo unos meses después de las últimas.

Retomó la instrucción de ese caso, uno de los mayores casos de corrupción de Canarias con 56 detenidos y más de 100 imputados, en lugar del sustituto del magistrado César Romero Pamparacuatro, a quien el Consejo General del Poder Judicial le había denegado una prórroga para continuar con la causa.

En aquel momento, en mayo de 2011, el caso ya acumulaba más de 30.000 folios en 64 tomos, delitos y piezas muy diversas pendientes de delimitar (se conformaron 13 piezas diferentes), tanto de responsabilidad civil como penal. Barrancos, en noviembre de 2011, hace nueve años, redactó un informe dirigido al órgano de gobierno de los jueces, sin relevancia alguna para la instrucción, con el objetivo de conseguir un refuerzo, que le fue concedido, para dedicarse en exclusiva a ordenar el sumario.

En ese informe relataba el supuesto desorden o caos que se había encontrado en dicha instrucción, aunque unos meses después, a pesar de la descripción del desastre, ella misma, antes de cambiar de destino, separó una de las piezas que se acabó juzgado y tuvo sentencia condenatoria.

A ese informe se aferraron como devotos los acusados más activos en el caso Unión, como si fuera la llave que les iba a abrir las puertas de la nulidad procesal, único asidero al que oponer las contundentes pruebas que había ido recabando la Guardia Civil y el juez instructor.

A ese fervor reflejado en cientos de maniobras jurídicas se sumó una parte de la prensa que centró todas sus informaciones en las posibles nulidades del caso, pero ninguna en los hechos contrastados. Sin embargo, esos recursos, páginas y horas de radio no tuvieron el efecto deseado.

Entre esa parte de la prensa no estaba la periodista María Montero, directora de La Ventana Indiscreta, de Radio Las Palmas y columnista de Confilegal, una web especializada en tribunales, que, aunque se ha incorporado un poco tarde a la fiesta, lo ha hecho con el ímpetu de los pioneros.

En los meses de junio y julio pasados presentó varios escritos ante la Inspección fiscal de la Fiscalía General del Estado, solicitando que se investigue al fiscal Ignacio Stampa, que instruyó el caso Unión al principio y que hoy instruye, como fiscal anticorrupción, el caso Tándem, que investiga los negocios del famoso comisario Villarejo.

La Fiscalía también abrió diligencias para investigar la supuesta relación entre Stampa y la abogada de Podemos (que ejerce la acusación popular), pero las archivó sin detectar nada punible.

Pues bien, Montero ha resucitado el famoso informe Barrancos nueve años después, para pedir a la Fiscalía que investigue si Stampa conocía las irregularidades que denunciaba la juez en su escrito y si hizo algo para evitarlas.

También apunta si pudo haber incompatibilidades en la labor del fiscal porque su entonces pareja trabajaba en el Ayuntamiento de Arrecife mientras él investigaba hechos relacionados con ese Ayuntamiento.

La periodista afirma que ha tenido conocimiento de la “cantidad de nulidades de pruebas que constan en autos dictados por magistrados en relación al caso Unión” y asegura que tiene la obligación de poner en conocimiento esas acciones que pudieran ser constitutivas de delito.

El fiscal jefe inspector abrió expediente gubernativo para saber si Stampa actuó con falta de diligencia, y lo archivó desestimando las pretensiones de la periodista, que, acumula en sus artículos tantas inexactitudes como falsedades refleja en sus escritos ante la Fiscalía respecto del caso Unión.

Señala Fausto Cartagena, el fiscal jefe inspector en un decreto de archivo de 21 de septiembre, que la responsabilidad de la tramitación de las diligencias previas corresponde a los jueces instructores y que el informe Barrancos ni siquiera alude al fiscal e incluso hace constar que responsables del Juzgado obviaron entregar al Ministerio Fiscal documentación policial destinada a él.

Dice que desde el punto de vista estrictamente disciplinario, que serían las competencias de la Inspección Fiscal, “carecería de cualquier trascendencia” porque habrían pasado más de dos años en caso de que los hechos pudieran ser objeto de sanción.

El fiscal jefe inspector descarta una denuncia contra Stampa, mientras que el Supremo condena a Chavanel por difamarle

El fiscal no entra en el fondo del asunto, pero si hubiera entrado podía haber alegado que Stampa había dejado de ser el fiscal del caso dos años y medio antes de que se hiciera el informe.

Y si la periodista canaria, que denuncia ahora estos hechos, hubiera sido invitada a la fiesta unos años antes, sabría que tanto la Audiencia Provincial, que llegó a calificar este episodio del informe como “una discusión superflua”, como el Tribunal Supremo han avalado la instrucción en numerosas ocasiones y se han pronunciado sobre el informe, señalando que no tiene ninguna relevancia en la instrucción.

También sabría que no ha habido una “cantidad” de pruebas anuladas, sino que solo se anuló una, que fue la entrada y registro a la oficina de Luis Lleó, gracias a la cual la UCO realizó un informe que revelaba la implicación de dos letrados del Tribunal Constitucional que lo asesoraban a cambio de grandes sumas de dinero, y que no sirvió para nada.

Montero pide que se incorporen al expediente los autos del caso que anulan las escuchas telefónicas, cuando nunca se han anulado a pesar de la insistencia de los imputados y cita, para apoyar su tesis, en uno de sus artículos, al fiscal Javier Ródenas, quizá porque no estuvo durante la vista en la que este fiscal dijo que el informe Barrancos “tiene más de ficción mediática que de realidad jurídica” y afirmó que si la juez hubiera visto irregularidades tenía que haberlas anulado de oficio, y no lo hizo.

También pasa por alto que ya ha habido siete sentencias condenatorias por esa instrucción, que han afectado a 24 personas, algunas de las cuales cumplen condena en la cárcel. Lo que no podía saber cuando presentó ese escrito es que el Tribunal Supremo acaba de condenar en firme, y por segunda vez, a otro periodista, Francisco Chavanel, por una denuncia del propio Stampa, por publicar informaciones falsas basadas en rumores, entre las que estaba un posible trato de favor en el Ayuntamiento a su expareja. Aunque alguna pista quizá debía de tener porque la sentencia de la Audiencia es de abril del año pasado.