El juez José Manuel Salto, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Puerto del Rosario ha dictado un auto en el que declara la apertura del juicio oral contra las dos exalcaldesas de La Oliva, Claudina Morales (CC) y Rosa Fernández (PSOE), por el denominado caso Dedocracia, en el que se investiga la designación ilegal de cargos de máxima responsabilidad en la Corporación municipal.

En concreto, la Fiscalía solicita ocho y nueve años, respectivamente, de inhabilitación para cargo o empleo público para Rosa Fernández y Claudina Morales por delitos de prevaricación administrativa en el nombramiento de tres técnicos municipales (secretaria, interventora y tesorero) entre los años 2008 y 2013.

En el procedimiento también ejerce la acusación popular Votemos Fuerteventura, que ha solicitado las mismas condenas que la Fiscalía. Además, ha solicitado la apertura de una pieza separada para investigar las presuntas irregularidades supuestamente cometidas por el entonces director general de Función Pública, Aarón Afonso (PSOE).

La fiscal María del Carmen Ramírez considera que Fernández es autora de un delito de prevaricación por el nombramiento de la interventora accidental y Morales de dos delitos continuados por los otros dos funcionarios.

En el primero de los casos, Fernández nombró a Rita Darias, que es técnico administrativo y Bachiller superior, como interventora accidental por decreto y sin que se conformara un expediente administrativo, según la acusación. De igual modo, se señala que en 2009, 2010 y 2011 no se aprobaron las bases para la provisión del puesto de trabajo por lo que nadie más pudo acceder a esa plaza.

Por su parte, Morales nombró en 2011 a Rosa Delia Cabrera como secretaria accidental, cuando su puesto es de técnico administrativo y su formación Bachiller superior. La Fiscalía considera que el nombramiento se produjo sin expediente y que la resolución no se hizo por parte de un órgano colegiado, que se hizo sin motivar y sin informe de la comunidad autónoma que acreditase que no había funcionarios de habilitación nacional interesados en el puesto de trabajo.

Por otra parte, la plaza de tesorero se crea en el año 2013, pero no se realizó la convocatoria pública para dicha plaza, que acabó ocupando José Hilarión Cabrera, que es auxiliar administrativo y Graduado escolar.

En la actualidad, Morales es directora del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno regional y Rosa Fernández es portavoz en la oposición en el Ayuntamiento. En el juicio, la Fiscalía solicita que declare como testigo Belinda Ramírez, abogada del Ayuntamiento de La Oliva y exdiputada en el Parlamento de Canarias por el PSOE.

La “trascendencia” de los nombramientos

El portavoz de Votemos en el Ayuntamiento de La Oliva, Álvaro de Astica, señaló este jueves que “para entender la transcendencia de estos nombramientos” irregulares en la institución “sólo hace falta recordar el famoso caso Caja Fuerte, es decir, la desaparición de más de 600.000 euros en metálico de la caja de caudales del Ayuntamiento, en el que aparecen como protagonistas tanto el ex tesorero como la ex interventora”.

“Desde nuestra formación vemos con satisfacción como la Justicia avanza, sin prisa pero sin pausa, en la resolución de los innumerables casos de corrupción que asolan el territorio y el dinero de los majoreros y majoreras”, concluyó Astica.