El Ayuntamiento de Puerto del Rosario sigue sin tener un Plan de Emergencia Exterior por Riesgo Químico, a pesar de que desde 2012 el Partido Popular una moción para instar al grupo de gobierno a que se elaborase estos planes.

Los populares recuerdan que cada cierto tiempo se procede a abrir el asfaltado de las calles Almirante Lallermand, frente a la entrada del muelle comercial, y en las calles Almirante Díaz Trayter, Gran Capitán y en la Avda. Manuel Velázquez Cabrera, para realizar tareas de mantenimiento de la canalización que lleva el combustible a la planta situada en la zona industrial de La Hondura, así como a la propia central eléctrica de El Charco, e incluso al Aeropuerto, "por lo que estamos ante una situación de riesgo ante la que el Ayuntamiento no actúa", sentencia el portavoz del PP en el Ayuntamiento capitalino, Carlos Figueroa.

"Una competencia directa del Ayuntamiento de Puerto del Rosario que llevamos reclamando desde el año 2012 porque el municipio capitalino cuenta con infraestructuras que necesitan un protocolo para actuar ante escapes, fugas o vertidos de instalaciones como la central eléctrica de El Charco, las depuradoras, el oleoducto o el gaseoducto y las propias gasolineras".

Se trata de un Plan que debería incluir un protocolo de actuación para que las fuerzas de seguridad y los efectivos de emergencias sepan a ciencia cierta qué papel tienen que desempeñar en caso de emergencia, cómo evacuar una zona, por ejemplo.

El consistorio está obligado a cumplir legalmente el Plan de Emergencia Municipal y homologarlo ante el Gobierno de Canarias a través del PLATECA, Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil aprobado en el año 2006. La ley contempla que los municipios con más de 20 mil habitantes tienen que disponer de este tipo de estrategias que ayuden a minimizar los daños ambientales.

En la moción que los populares han registrado para su debate en el próximo pleno municipal, instan al gobierno local a elaborar estos planes de manera que puedan ser aprobados en el pleno de enero de 2017 y poder someterlo así a información pública, de manera que ciudadanos, colectivos e instituciones puedan hacer sus alegaciones.