El Consejo de Gobierno de Canarias ha iniciado el procedimiento administrativo de actualización de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, ha informado el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda.

Su principal objetivo es profundizar en los principios de simplificación y racionalización que inspiraron la norma, e incorporar su adaptación a los desafíos del reto demográfico, la agenda urbana y el cambio climático, recogidos en normativas posteriores a su entrada en vigor, ha dicho el consejero.

Con ese fin, durante los últimos doce meses se ha escuchado a todas las instituciones, colectivos y profesionales vinculados con la gestión del urbanismo, el planeamiento, la sostenibilidad y la protección del territorio, en un proceso en el que han participado unos 700 técnicos y expertos de todas las islas.

Las conclusiones y propuestas aportadas son la base del documento de actualización de la Ley del Suelo en fase de redacción, cuyo borrador de anteproyecto de ley será abordado con los grupos políticos antes de su aprobación en consejo de gobierno y posterior remisión al Parlamento de Canarias.

El Gobierno quiere alcanzar “el mayor consenso posible sobre una norma que condicionará definitivamente el desarrollo económico y social del archipiélago durante las próximas décadas, y que debe responder a las legítimas aspiraciones de toda la sociedad canaria”, ha dicho Miranda.

El anteproyecto de ley será aprobado previsiblemente antes de finalizar el año, ha anunciado el consejero, quien ha destacado que la actual Ley del Suelo ha permitido la aprobación, desde su entrada en vigor en 2017, de casi 250 modificaciones menores de los instrumentos de ordenación municipales y 28 de carácter insular.

El primero de los cambios legislativos permitirá ampliar la caducidad de las evaluaciones ambientales vigentes de los planeamientos municipales en tramitación, lo que supondrá un considerable ahorro de tiempo y medios para la ordenación de 15 municipios canarios.

El segundo cambio pretende simplificar la delimitación de asentamientos rurales, con el objetivo de revertir la situación de declive y estancamiento demográfico en los municipios de menos de 10.000 habitantes, así como en aquellos cuya población se encuentre repartida en varios núcleos que ninguno de ellos supere los 5.000 habitantes.

Asimismo, la tercera modificación facilitará la pavimentación y acondicionamiento de las vías públicas abiertas en suelos urbanos, urbanizables y asentamientos rurales y agrícolas, en respuesta a la demanda reiterada por los ayuntamientos.

Con el objetivo de que las tres medidas puedan entrar en vigor de forma urgente, su redacción se ha incluido en la disposición final quinta del Proyecto de Ley de Presupuestos, actualmente en tramitación parlamentaria.

El Gobierno trabaja también en la redacción de un decreto ley para adelantar la puesta en marcha de otras medidas que reducirán los plazos en la tramitación de licencias municipales de construcción, al objeto de facilitar la edificación de viviendas.

El borrador del anteproyecto para la actualización de la Ley del Suelo será presentado en las próximas semanas, con la intención de resolver dudas de interpretación en la redacción del articulado original referidas a la definición de suelo urbanizable, solar o suelo rústico de protección ambiental.

También se adoptarán medidas para agilizar la tramitación y reducir la carga de trabajo en las oficinas técnicas, y se ampliará, por ejemplo, el tipo de obras que pueden obtener su licencia a través de una declaración responsable y comunicación previa.

Otra de las propuestas planteadas por los técnicos y expertos consultados se refiere a la necesidad de reducir la participación en las plusvalías del 10% al 5% del aprovechamiento urbanístico para facilitar fomentar los proyectos de construcción y rehabilitación de vivienda pública.

La apuesta por la ordenación estructural frente a la pormenorizada es otra de las líneas de trabajo recogidas en la actualización de la ley, en respuesta a la reivindicación de que se impulsen las modificaciones puntuales de los planeamientos como fórmula para adaptar la ordenación urbanística a las necesidades de los municipios, con la consiguiente reducción de trámites y carga documental.

Otra de las novedades que podría incluir la actualización de la Ley del Suelo es la creación de los Planes de Renovación Espacial de Suelos Industriales (PRESI), con el objetivo de incentivar la reforma de los suelos de esta categoría como se hace con los planes de renovación y modernización turística.

Esta es otra petición recurrente por parte de ayuntamientos y cabildos, ante el deterioro acumulado en los polígonos industriales de las islas.

Igualmente, la actualización de la ley también abordará la clarificación de criterios para justificar la declaración de proyectos de interés insular o autonómico, así como determinadas aclaraciones sobre las competencias de los órganos ambientales, respondiendo a las demandas reiteradas por los especialistas.