La Fiscalía acusa a la empresa Transportes Pablo de León de un delito contra la ordenación del territorio y de otro contra el medio ambiente por un complejo minero e industrial, que carece “de los permisos y licencias” necesarias, en el Barranco de la Torre, en el municipio de Antigua (Fuerteventura).

En el caso, que irá a juicio, aunque todavía no está fijada la fecha, el Ministerio Fiscal solicita un total de cinco años de multa, con cuantías por determinar, y la “clausura” de los “locales y establecimientos” de la empresa durante un periodo de ocho años.

También solicita la “completa retirada” o “demolición de las obras ilegales” efectuadas en una superficie de 141.725 metros cuadrados y la “plena reposición” de la “realidad física y medioambiental alterada”.

La causa penal se inició en 2018, después de que en agosto y octubre del año anterior agentes de Medio Ambiente del Cabildo y efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil llevaran a cabo inspecciones en la zona, conocida como Llano de Las Goteras.

Así, se constató la existencia de una planta de asfaltado, que junto a la de hormigón ocupa una extensión de 7.500 metros cuadrados, para la que se tuvo que efectuar un desmonte del terreno, además de un almacén, una nave o depósitos.

También se detalló que había una planta de hormigonado, catas de agua y un embalse, una antigua machacadora, “ya en desuso, pero que no fue desinstalada”, además de una planta machacadora en funcionamiento, para la que se desmontaron 55.000 metros cúbicos de superficie.

En el complejo se describió la existencia de un área de vertidos y una cantera, de unos 4.600 metros cuadrados de superficie, con un frente de 120 metros de largo y 13 metros de alto. También una explanada de 4.100 metros cuadrados, con almacenes y cobertizos, así como un espacio de 3.800 metros para el depósito de camiones y maquinaria, para lo que se efectuó un desmonte de 15.200 metros cúbicos, entre otras instalaciones como oficinas y una desaladora. Para llegar a las instalaciones, que están valladas, se asfaltó una pista de 950 metros de largo.

La Fiscalía destaca que el complejo minero e industrial se encuentra en suelo rústico de protección natural, según el Plan General de Antigua, y dentro de la Zona de Especial Pro

tección de Aves (ZEPA) de los Llanos y Cuchillos de Antigua, en la que existen siete especies sedentarias y siete migratorias que están incluidas en la Directiva de Aves protegidas de la Unión Europea. Sin licencias

“En relación a la falta de autorizaciones y licencias administrativas”, el Ministerio Fiscal subraya que la planta de aglomerado asfáltico “carece de autorización del Servicio de Minas”, y que todas las plantas –asfalto, hormigón y áridos- carecen de licencia municipal y de calificación territorial. De hecho, añade, se tramitaron “diversos expedientes que finalizaron con la denegación de las autorizaciones solicitadas”.

La extracción de áridos también “carece de las pertinentes autorizaciones” del Gobierno de Canarias, la empresa no dispone de licencia de actividad municipal y a las captaciones de agua y la desaladora les falta “la preceptiva autorización del Consejo Insular de Aguas”.

La empresa tampoco cuenta con autorización para la gestión de residuos de construcción, agrega la Fiscalía. “Durante un amplio período de tiempo”, al menos entre los años 2000 y 2017, señala el Ministerio Fiscal, la empresa acusada “de forma sistemática y continuada” y “con la clara finalidad de favorecer sus intereses mineros e industriales en la zona, promovió y realizó constantes actuaciones constructivas, extractivas y mineras en Llanos de Las Goteras, en flagrante conculcación de la normativa territorial de la zona, careciendo de los permisos y licencias necesarias para ello, siendo además tales actuaciones ilegales e ilegalizables”.

Impactos y afecciones

Además, las actividades constructivas, industriales y extractivas a lo largo de más de 15 años “también afectaron al entorno y al desarrollo ecológico de la zona”, subraya el escrito de acusación, que se apuntala con un informe elaborado en junio de 2018 por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, que detalla hasta ocho impactos graves ocasionados por el complejo minero.

El complejo minero de 14 hectáreas resulta “ilegalizable”, según la Fiscalía

Así, provocó una “alteración de la morfología de la zona” que abarcó unas 14 hectáreas y modificó “drásticamente” el perfil topográfico del Barranco de la Torre, con un “desnivel brusco del terreno como consecuencia de las extracciones mineras”.

La extracción de áridos se estima entre los 320.000 y los 720.000 metros cúbicos en total, destacan las conclusiones del informe del Gobierno autonómico.

Medio Ambiente resalta el “impacto visual” de las intervenciones realizadas, que califica de “moderado” o “alto” y que generaron un “efecto irrecuperable sobre la geología de la zona”.

La afección al barranco alteró “parte de la dinámica y estructura del cauce” y las “emisiones de polvo y suspensión de partículas” han afectado a la vegetación y la flora, mientras que “los elevados ruidos” pudieran ser la causa de que no haya “especie alguna de ave” en la zona de la cantera.

De forma específica, se refiere a la afección a “una especie catalogada en peligro de extinción” como es el guirre, que tiene en el Barranco de la Torre un “territorio histórico” para la especie y que cuenta con un nido a 540 metros de la cantera. La documentada “pérdida” en la puesta de huevos, añade la Fiscalía, tiene una “clara coincidencia temporal con la instalación de la explotación minera”.