La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que suspenda de inmediato el protocolo publicado por el Gobierno de Fernando Clavijo para ordenar la acogida de menores llegados en patera, por perjudicar a niños en "situación de desamparo patente".

Según ha informado la Fiscalía en un comunicado, la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha interpuesto este miércoles su recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, a la que solicita que suspenda el protocolo como "medida cautelarísima" (es decir, de forma urgente y sin llegar a oír antes los argumentos que pueda esgrimir el Gobierno canario).

El Ministerio Público entiende que el procedimiento que el Gobierno de Canarias pretende seguir para regular la llegada de menores a sus centros de acogida vulnera la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño y, en la práctica, "supone la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo patente en los menores que lleguen desde el mar a las costas de la comunidad".

El Gobierno de Canarias sostiene en ese protocolo que la primera atención a los menores que llegan en patera a las islas compete al Estado y exige para acogerlos en centros de la comunidad autónoma, siempre que haya plazas, que la Policía se los entregue correctamente identificados, tras entrevistarlos para valorar si son candidatos a solicitar refugio y con expedientes individualizados.

El recurso de la Fiscalía se suma al procedimiento puesto en marcha este martes por el Consejo de Ministros para impugnar ese protocolo ante el Tribunal Constitucional por invadir competencias del Estado y por suponer "una desprotección grave" de los menores.

Si el Gobierno central interpone finalmente ese recurso, como ha anunciado que pretende hacer si el Ejecutivo canario no rectifica, tiene derecho a pedir al Constitucional la suspensión automática del protocolo.

Sin embargo, para que llegue ese momento antes debe pronunciarse el Consejo de Estado, que dispone de una semana para emitir su informe. Por ello, el recurso de la Fiscalía puede tener efectos aún más rápidos, ya que demanda al TSJ de Canarias, por otra vía, la administrativa, una suspensión urgente ('cautelarísima').

En su recurso, la Fiscalía advierte al Tribunal Superior de Justicia de que ese protocolo vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como el derecho fundamental a la integridad moral (artículo 15 de la Constitución).

La fiscal superior de la comunidad ya había adelantado su opinión al respecto la semana pasada en un decreto con instrucciones a todos los fiscales de las islas sobre cómo actuar, en el que les instaba a abrir investigaciones penales por delito de abandono si aprecian que la aplicación de ese protocolo provoca una demora en la acogida de algún menor recién llegado a Canarias.

En ese decreto, la responsable del Ministerio Público rebate la tesis con la que el Gobierno de Canarias responsabiliza al Estado de la primera atención a los menores y advierte de que no ve motivos para demorar su entrada en centros de acogida adecuados.

"Los menores extranjeros no acompañados están siempre en desamparo. No hay situación más clara de un menor en desamparo que la de los menores extranjeros no acompañados", remarca.

La Fiscalía rechaza ese protocolo tanto por razones de forma, como de fondo. En cuanto a la forma, subraya que el protocolo establece requisitos que no están en la ley y, además, pretende imponerlos a un tercero, el Estado, algo que no puede hacer; y, respecto al fondo, teme que puede perjudicar al menor.

"Los menores extranjeros son un colectivo de personas que tienen un plus de especial vulnerabilidad: porque son menores, porque son extranjeros y porque están solos. Esta circunstancia determina directamente su desamparo y, por lo tanto, la necesidad, 'ex lege', de que la administración competente se haga cargo de los mismos a través de los mecanismos de tutela administrativa", señala.

La Fiscalía advierte, asimismo, de que tratar a los menores en desamparo extranjeros de una forma diferente que a los chicos españoles que padecen su misma situación supone "claramente" una "discriminación por razón de origen".

"En el protocolo publicado no se hacen constar cuáles son las posibles consecuencias de que la comunidad autónoma no ejerza la competencia que tiene asignada por ley, como es la protección y asistencia inmediata a los menores", apunta.