El Juzgado de instrucción número 3 de Puerto del Rosario acordó el pasado mes de junio que la causa que investiga las irregularidades en la urbanización La Pared se declare como compleja. Tras la aprobación de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, el pasado año, la instrucción de las causas debe terminarse en un plazo de seis meses, a excepción de aquellas que se declaren complejas.

En este caso, tanto el Ministerio fiscal como el juez Javier Ercilla consideran que la causa reúne dos de las circunstancias que justifican esta medida: que involucra a gran cantidad de investigados y que requiere llevar a cabo pruebas periciales o solicitar colaboración que implique el examen de abundante documentación o de análisis complicados.

La causa recoge dos denuncias diferentes, aunque por los mismos hechos: una por vertidos realizada por un vecino de nacionalidad italiana, que estaba en el Juzgado número 6 de Puerto del Rosario, y otra de la asociación de vecinos Viejo Rey. Entre los querellados está el alcalde de Pájara, Rafael Perdomo, el Consorcio de aguas de Fuerteventura, la Junta de compensación de esa urbanización, que tiene unas 200 casas, y la sociedad Beach Golf, entre otros.

Los hechos denunciados tienen que ver con la construcción, desde el año 2001, y el desarrollo de esa urbanización, así como su abandono por parte del Ayuntamiento. La querella de la asociación de vecinos describe que se podrían haber cometido delitos de prevaricación, malversación, contra el medio ambiente, contra el ordenamiento urbanístico y estafa.

En la querella, los vecinos destacan que han estado denunciando numerosas irregularidades y se han encontrado “con la connivencia culpable y cómplice entre los promotores del plan parcial, el Consorcio de abastecimiento de agua a Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara”.

Según los vecinos, el Ayuntamiento ha estado permitiendo las irregularidades a pesar de que tenía constancia de ellas, como un informe que se llevó a Junta de gobierno municipal que advertía de que no se podían realizar más obras o una sentencia de 2009 anulando la Junta de compensación.

El Ayuntamiento también dio licencias de construcción y habitabilidad después de que se anulara el Plan General de Ordenación y firmó un convenio por el que, según la querella, se dispone de forma arbitraria del suelo verde, las dotaciones y la edificabilidad.

El principal dolor de cabeza de los vecinos, no obstante, es el agua. Tanto el abastecimiento como los vertidos. Denuncian que han tenido que pagar, durante estos años, un sobrecoste de agua por las numerosas averías que se producían en la urbanización y que han llevado a acumular una deuda con el Consorcio del agua de cerca de medio millón de euros. Además, la depuradora no se construyó en un lugar idóneo y se desborda constantemente.

La querella refleja que se trata de un pozo negro, no de una depuradora, que vierte directamente al barranco y después al mar sin ningún tipo de tratamiento, y que provoca malos olores y aparición de ratas. El Plan General, que podría poner solución a la situación de irregularidad de la urbanización, se tramita desde hace doce años.

La asociación de vecinos denunció las irregularidades, los vertidos, la situación de abandono y la complicidad municipal

Este año, después de que se admitiera a trámite la querella, los vecinos de La Pared ganaron otra batalla judicial. La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias falló a su favor y obligó al Ayuntamiento de Pájara a dotar de los servicios urbanos a la urbanización. Los vecinos habían pedido que el Ayuntamiento se hiciera cargo de esa urbanización, que nunca ha sido recepcionada ya que el Ayuntamiento considera que sigue siendo de carácter privado.

La sentencia obliga a Pájara a dotar de servicios como el alumbrado público, el abastecimiento de agua potable, la limpieza viaria, el alcantarillado o la pavimentación de algunas calles, y señala que Pájara no se puede amparar en que el proyecto aprobado por las Juntas de compensación aún no se ha ejecutado en su totalidad.

A pesar de que no concedía estos servicios, el Ayuntamiento continúa otorgando licencias, cobra el Impuesto de Bienes Inmuebles, y los vecinos pagan también el Impuesto de actividades económicas La sentencia afirmaba que, si no se trata de una recepción tácita por parte municipal, “es una actitud diametralmente contraria al cumplimiento de sus obligaciones urbanísticas de control y fiscalización del estado de las urbanizaciones”.

La asociación vecinal se queja también de que la situación de abandono y el estado de semiconstrucción de la urbanización, provoca que no se cumplan las mínimas condiciones de habitabilidad y se devalúen sus propiedades. En el texto de la querella califican este caso como “fiel ejemplo del denominado urbanismo salvaje”.