El concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de La Oliva, Marcelino Umpiérrez, se enfrenta a una solicitud de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público. La Fiscalía lo considera responsable de un presunto delito de prevaricación administrativa, relacionado con el supuesto amaño de un contrato de recaudación de tributos.

La misma acusación pesa sobre la exalcaldesa Claudina Morales, que ya fue inhabilitada en firme por el Tribunal Supremo el año pasado por haber designado o mantenido a trabajadores de baja cualificación del Ayuntamiento en puestos clave, como Secretaría, Intervención y Tesorería, sin seguir el procedimiento legal establecido.

Los responsables de la empresa Colaboración Tributaria SL, entre junio y julio de 2014, “a sabiendas de su ilegalidad y para beneficiar” a su propia compañía, confeccionaron los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas relativos a un expediente del Ayuntamiento de La Oliva.

Esos pliegos servirían de base a un concurso público para la contratación de unos “servicios complementarios para la aplicación de los tributos locales”. En realidad, se trataba de servicios de gestión y recaudación tributaria, incluyendo cuotas urbanísticas y multas.

La empresa entregó la documentación al Ayuntamiento mediante el entonces concejal de Contratación, Marcelino Umpiérrez, que a su vez era miembro de la Junta de Gobierno Local y vocal de la Mesa de Contratación de La Oliva.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, destaca que los pliegos se elaboraron “convenientemente adaptados a los intereses” de la citada compañía y “en contra de los principios básicos de cualquier contratación pública”, como la “libertad de acceso”, la “no discriminación”, la “igualdad de trato entre los candidatos”, la “libre competencia” y la selección de “la oferta económicamente más ventajosa”.

El fiscal de delitos económicos, Tomás Fernández de Páiz, señala en su escrito de acusación que Umpiérrez “conocía y consentía” la “ilícita situación” de que la empresa que elaboró los pliegos de la contratación lo hubiera hecho para beneficiarse en el concurso abierto por el Ayuntamiento de La Oliva.

Esos pliegos llegaron a través de Umpiérrez al departamento municipal de Contratación, “regido por la acusada Erena Sánchez”, quien “se prestó, a sabiendas de su ilicitud” y “por indicación” del concejal, a “convertirlos” en los “oficiales” del expediente, añade la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal precisa que esa incorporación de los pliegos elaborados por la empresa privada, “sin modificación alguna”, se produjo en septiembre de 2014. Para ello, agrega la Fiscalía, fue necesaria la “colaboración consentida” de otra acusada, Sandra Cabrera, técnico del departamento de Contratación.

Se consiguió así, “subrepticiamente” por parte de la empresa y “permitiéndolo” los funcionarios, que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Oliva aprobase los citados pliegos de contratación el 18 de septiembre de ese año, destaca el escrito de acusación.

Del órgano de gobierno del Consistorio formaba parte Marcelino Umpiérrez, como responsable de contratación municipal, y la entonces alcaldesa Claudina Morales. Tras la Junta de Gobierno, el Ayuntamiento procedió a sacar a concurso público el contrato, con el “claro conocimiento” de que las empresas que se presentasen “nunca lo harían en condiciones de igualdad”.

La empresa que hizo los pliegos se llevó después un concurso público sin “igualdad”, subraya el fiscal

La firma que elaboró las bases de la licitación fue finalmente la que recibió la adjudicación del servicio, con una puntuación de 93 puntos sobre 100. La empresa que quedó segunda (Servicios de Colaboración Integral), se quedó a gran distancia, con 78,85 puntos, la tercera (Recaudación Recursos Camerales) llegó a 76,86 puntos, y la cuarta (Asesores Locales Consultoría) obtuvo solo 28,18 puntos.

El precio del contrato ascendía a 636.000 euros netos por año. Sin embargo, el Ayuntamiento de La Oliva abonó a la empresa adjudicataria 861.252 euros por el ejercicio 2014 y 659.479 euros por el ejercicio 2015.

Tras las elecciones municipales de 2015, el nuevo grupo de gobierno de la Corporación municipal, con Pedro Amador al frente desde diciembre de aquel año por la inhabilitación de Domingo González Arroyo, se negó a pagar a la empresa 343.073 euros que reclamaba.

La decisión fue avalada con posterioridad por el Juzgado de lo Contencioso en una sentencia de noviembre de 2017, ratificada en octubre del año siguiente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Acusación

La Fiscalía considera que son coautores de un delito de prevaricación administrativa tanto Marcelino Umpiérrez como Claudina Morales. Califica como cooperadores necesarios a las dos trabajadoras del departamento de Contratación y al resto de los acusados, vinculados a la empresa Colaboración Tributaria SL: el administrador, Ramón Solé; el director comercial, Jorge Mario Afonso; el director regional de Canarias, Celestino José Sosa; y el abogado y asesor jurídico, Alfonso Otero. Para todos solicita una condena de nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público.