El juicio sobre la urbanización La Bufona, que debía iniciarse este lunes por la mañana en el Juzgado de lo Penal número tres de Arrecife, se ha vuelto a suspender. Deberá reanudarse, si lo hace, el próximo lunes 16 de enero, para llevarse a cabo en tres sesiones.

En el banquillo se sientan el arquitecto Federico Echevarría, responsable de Brisa Inversiones, y el constructor Antonio Caro, que iba a declarar por videoconferencia por su estado de salud. Hubo un tercer acusado, Francisco Carmona, fallecido hace años.

En el primer juicio, en 2016, ambos fueron condenados a dos meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, así como al derribo de lo construido sin título habilitante, una parte de 14 casas construidas en suelo rústico de protección ecológica: muros de contención, piscinas, pérgolas y algunas habitaciones. Unos 250 metros cuadrados de media por cada casa.

En julio de 2018, la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó repetir las actuaciones porque no se había llamado durante el procedimiento a los propietarios de las casas, que tras la sentencia pasaban a ser perjudicados.

Algunos abogados de los 33 responsables civiles subsidiarios han solicitado este lunes por la mañana la suspensión del juicio, por dos motivos. El primero es que hay dos afectados, con abogado de oficio, que no habían sido citados para la primera sesión. El segundo es que tampoco habían sido citados los propietarios de las casas, aunque sí sus abogados, para que estuvieran presentes en la vista oral.

El juez Francisco Javier Bretones ha acordado la suspensión para que el juicio se celebre desde el principio durante las otras tres sesiones que había previstas: el 16, 17 y 18 de enero, en las que se convocará a los 33 responsables civiles subsidiarios. Entre los propietarios de las casas, además de la actual alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, está el que fuera fiscal coordinador de Arrecife, Miguel Pallarés y el notario Celestino Mendizábal, entre muchos otros.

El abogado de Federico Echevarría señaló que su representado no tiene ningún interés en que se suspenda porque lleva 23 años acusado y no quiere “volver dentro de cuatro años”. Fuentes jurídicas consultadas por Diario de Lanzarote señalan que lo más probable es que los abogados de oficio recién designados soliciten más tiempo para estudiar la causa y así el juez deberá decidir si se les concede o no.

Origen del caso

El caso se inició con una denuncia del Seprona en 1999. En 2008 el caso pasó a procedimiento abreviado. El escrito de acusación de Fiscalía es del año 2011 y en 2016 se celebró la primera vista oral. En el periodo de ejecución de sentencia, la Audiencia admitió un incidente de nulidad presentado por los propietarios y consideró que se les lesionaba un derecho fundamental ya que no se les había citado en el procedimiento como posibles responsables civiles.

Los terrenos no se incluyeron en la base de datos del Catastro, así que no pagaban impuestos

Según la acusación, Echevarría y Caro se enriquecieron de forma ilegal con la construcción de 53 viviendas unifamiliares ocupando suelo rústico de especial protección de jable, fuera de los límites de la urbanización, sin realizar cesiones obligatorias y aumentando la edificabilidad y superficie máxima de las casas en contra de la normativa urbanística.

El plan parcial original, de 1981, permitía construir 33 viviendas unifamiliares. Se solicitó cambiarlo para hacer 52 adosados pero se acabaron construyendo 52 viviendas unifamiliares. Las licencias se concedieron cuando era secretario del Ayuntamiento de Arrecife Felipe Fernández Camero. Los terrenos no se incluyeron en la base de datos del Catastro, así que no pagaban impuestos. Tampoco se hizo la cesión obligatoria del 10 por ciento al Ayuntamiento. En 2009, el Tribunal Supremo anuló la modificación puntual del plan parcial y por tanto, el único plan que queda vigente es el de 1981, que no ampara las 52 casas que se han construido, ni por número ni por tipología ni por dimensiones. El Ayuntamiento de Arrecife no ha ejecutado esa sentencia.

En suelo rústico

Catorce de esas casas, que tienen más de 200 metros cuadrados habitables, se construyeron parcialmente en suelo rústico

Catorce de esas casas, que tienen más de 200 metros cuadrados habitables, se construyeron parcialmente en suelo rústico. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural llegó a ordenar el precinto de las obras pero éstas continuaron. Las casas son más grandes en la realidad que en los papeles, tanto en las licencias como en el Registro de la Propiedad, donde figuran con una extensión de 96 metros cuadrados.

Un informe de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural y los propios promotores de la urbanización condenados señalaron a los propietarios, en el primer juicio, como los responsables de haber construido sin licencia sobre ese tipo de suelo rústico de protección ecológica.