Martha y Mónica son madre e hija. Las dos nacieron en Uruguay, pero tienen sangre española. Soñaron con vivir en España y lo lograron cuando la Ley de Memoria Histórica, aprobada por Zapatero, reconoció ese derecho a los hijos e hijas de españoles de origen. Sin embargo, desde que llegaron a Fuerteventura se han encontrado con una pared que les impide regularizar su situación en España. La Subdelegación del Gobierno en Las Palmas no les deja renovar el permiso de residencia a pesar de tener una sentencia del Juzgado de lo Contencioso que les da la razón.

Los bisabuelos de Martha Núñez tienen sus raíces en Tenerife y Fuerteventura. Sin embargo, la miseria les obligó a embarcarse y empezar una nueva vida en Uruguay a principios de 1900. Mónica Del Arco es su tataranieta. Ella, también por vía paterna, tiene sangre española. El abuelo de su padre, el valenciano Isidro Del Arco, fue uno de los miles de españoles que también huyó de la miseria a América allá por 1909.

La situación económica de Uruguay es la que hizo que Martha y Mónica se plantearan realizar el viaje a la inversa que hicieron sus antepasados y escapar de un país donde el kilo de pimientos roza los siete euros, el alquiler de la vivienda está en torno a los 1.200 y la pensión media por jubilación es de 300 euros.

La primera en abrir el camino de regreso fue la hermana de Martha. Tras ella, llegó Martha en 2010. La uruguaya se amparó en la Ley de Memoria Histórica para solicitar el permiso de residencia por circunstancias excepcionales, acogiéndose al arraigo familiar por ser hija de español de origen.

La técnica en migraciones del Servicio de Atención, Asesoramiento e Información a la Población Migrante (SAAIM), María Greco, recuerda que la Ley de Extranjería reconoce un derecho a los hijos e hijas descendientes de españoles de origen, que siempre han sido españoles, y ese derecho es “poder acceder a la residencia por arraigo familiar, aunque por las circunstancias de todos conocidos (miseria, guerra civil, dictadura…)”.

Memoria Histórica

Gracias a la Ley de Memoria Histórica, Martha pudo comenzar la vida en España en 2010 y solicitar la residencia en 2011. Sin embargo, la ilusión apenas le duró un año. En 2012 fue a renovar el permiso de residencia y se encontró con el primero de los obstáculos. La renovación fue denegada por no tener un contrato laboral y un mínimo de seis meses de cotización. Dos años después, presentó una nueva solicitud que también fue rechazada en base a que no puede pedirse este permiso de forma continuada, ya que atenta contra “la naturaleza excepcional”.

Martha acudió al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Una sentencia de 2015 le dio la razón dejando claro que “la ley no limita el número de veces que puede solicitarse y concederse la residencia por circunstancias excepcionales y, desde luego, donde la ley no establece límites tampoco puede establecerlos la administración”.

Martha pudo volver a tener la residencia por un año. Mientras tanto, su hija Mónica iniciaba en 2013, recién llegada a Fuerteventura, otra lucha para obtener el permiso por circunstancias excepcionales, respaldándose en que su padre era español de origen.

La solicitud le fue denegada. Alegaban, desde la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas, que “en el momento” de nacer ella, su padre “no tenía la nacionalidad española, algo que es improcedente cuando en España se rigen por la ley de la sangre y ese derecho se trasmite directamente”, recuerda.

Apoyada en la sentencia de su madre, finalmente obtuvo el permiso de residencia. Sin embargo, cuando fue a renovarlo de nuevo le solicitaban un contrato laboral y una cotización de seis meses. Mónica explica que “a pesar de haber trabajado”, no cotizó todo el tiempo, por lo que no le llegaba “para solicitar la renovación de la tarjeta de residencia”.

Tras agotar el permiso de residencia, Martha y Mónica lo vuelven a intentar, pero la respuesta, recuerda Martha, es que “es delictivo y me amenazan con expulsarme si vuelvo a solicitarlo porque lo consideran fraude”. Desde 2016 ambas se encuentran en situación irregular a pesar de que una sentencia deja bien claro que la ley no limita el número de veces que puede solicitarse y concederse la residencia por arraigo familiar por ser hijos de españoles de origen.

Martha denuncia que “el Gobierno lo que está haciendo es apelando a la ignorancia que tenemos de la ley. Se aprovechan de esas circunstancias para impresionarnos con los fallos y hablarnos de fraudes y de que podemos ser expulsadas”. Y lamenta que jueguen con el miedo “mientras nos condenan a la miseria por no permitirnos trabajar”.

Martha tiene ahora 77 años. Defiende que aún puede trabajar en la limpieza o de cuidadora, pero la falta de documentación le cierra las puertas laborales. También Mónica, una joven acostumbrada a trabajar más de diez horas diarias en Uruguay como administrativa hasta que quedó en paro, lamenta que “en España, al no tener los permisos”, ni siquiera puedo matricularse “para estudiar”.

Su madre va más allá. “En todo este tiempo no me han permitido hacer nada y me han tenido mendigando y teniendo que ir a pedir ayuda a Cruz Roja y Cáritas cuando yo me puedo valer por mí misma”. A su lado, Mónica agradece la ayuda de las instituciones locales, “pero nos da rabia y coraje porque nos podemos valer por nosotras mismas”.

Mónica insiste en dejar claro que solo quiere que se les reconozcan los derechos que la ley le da por ser hija de español. “Hace un año me casé con un español. Si hubiera querido venir a España para coger los beneficios que, supuestamente, tienen los extranjeros, me hubiera hecho española por mi esposo, pero estoy luchando por los derechos que me corresponden por mi padre”.

Martha denuncia que su caso no es aislado: “Esto está ocurriendo con mucha gente”. “Cuando preguntas el motivo por el que no dan la residencia si hay detrás una decisión judicial dicen que es una instrucción interna del Gobierno, pero eso hay que solucionarlo porque es una violación de la ley”, insiste.

“Si los españoles fueron acogidos y tenemos sangre española por qué no me acogen ahora a mí”, critica. Martha no está dispuesta a quedarse quieta, “No tengo nada que perder”. Asegura que no parará hasta que se le reconozcan todos sus derechos.